El año pasado 2.138 mujeres y personas gestantes accedieron a una interrupción legal del embarazo (ILE) en la salud pública de Santa Fe. Cinco años antes fueron apenas 76, cuando en 2013 comenzó a distribuirse de manera gratuita el misoprostol y la provincia adhirió al protocolo de ILE elaborado por el entonces Ministerio de Salud nacional.

Según explicó el director de Salud Sexual y reproductiva, Oraldo Llanos, el incremento de los abortos legales y la baja en los riesgos responde a varios factores.

Por un lado, desde el gobierno capacitaron a los equipos de salud y generaron un registro que creció en eficiencia a medida que los profesionales ganaban confianza y legitimidad. Por el otro, hubo un proceso de despenalización social del aborto y un conocimiento de la población santafesina de la posibilidad de acceder a una práctica segura y gratuita en la salud.

¿Cómo es en Santa Fe?

Durante el debate del año pasado en el Congreso Nacional la provincia de Santa Fe, y en particular la ciudad de Rosario, aparecieron como una experiencia modelo a la hora de pensar la aplicación del aborto legal en la salud pública. En Argentina el aborto está despenalizado por las causales de violación y riesgo de salud desde 1921. En 2012 el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia reafirmó esas causales y solicitó al Poder Ejecutivo la elaboración de un protocolo para garantizar el acceso a los abortos legales en la salud pública y privada. El Ministerio de Salud lo hizo, pero sólo 10 de 24 provincias de la Argentina lo cumplen.

 

Santa Fe es una de ellas. En los centros de salud y hospitales de la provincia las mujeres y personas gestantes tienen derecho a la ILE. Las causales de aborto no punible se aplican con un criterio de ampliación de derechos y se entiende a la salud como física, psíquica, emocional y social, tal como dice la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para abortar hay que acercarse al hospital o centro de salud donde profesionales dan la información y hay que firmar un consentimiento informado. No son necesarias ni una autorización judicial ni denuncia policial. Las técnicas usadas son las más seguras: el misoprostol que viene en pastillas y permite abortar de manera ambulatoria hasta la semana 12 de gestación y la Aspiración Manual Endouterina (Ameu), que tampoco necesita internación. Si bien el acceso es desigual y depende de que haya profesionales comprometidos con garantizar derechos en todo el territorio provincial, el conocimiento de las personas sobre el derecho a la práctica crece año a año.

 

En Rosario se dio una experiencia modelo. Desde 2012 ninguna mujer murió por aborto clandestino gracias a una política que combinó la aplicación de los protocolos de ILE con la provisión de misoprostol, considerado esencial por la OMS para abortos seguros y ambulatorios.

 

 Producción Pública

En mayo de 2018 el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) anunció que había empezado a fabricar misoprostol para centros de salud y hospitales provinciales y que el primer lote estaría listo este año. Actualmente el Estado santafesino lo compra a laboratorios privados, al igual que el resto de las provincias que lo proveen.

 

La producción pública de misorpostol fue una de las demandas que apareció el año pasado durante el debate en el Congreso Nacional. La fabricación del LIF es la primera de un laboratorio estatal argentino y es para distribución gratuita en la salud pública, no para farmacias. Estará disponible en tres formatos: sublingual, vaginal y oral.

 

Actualmente el misoprostol es fabricado y distributivo por dos laboratorios privados. Beta hace el Oxaprost, que hasta fines del año pasado era el único producto disponible. Viene mezclado con diclofenac y está indicado para problemas gástricos. Al usarlo para abortar hay que separar la cápsula interna del analgésico. En septiembre de 2018 llegó el Misop, del laboratorio Domínguez. A Diferencia del Oxaprost es misoprostol puro y fue aprobado para uso ginecológico.

 

Por fuera de la salud pública, el misoprostol puede ser recetado por el médico o médica de cabecera y se vende en farmacias bajo receta archivada. El costo en julio de este año llegó a superar los 6 mil pesos. Las obras sociales deben cubrirlo en las causales de despenalización.

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Fuente: elciudadanoweb.com