Los hechos recientes en torno al fraude procesal y la adulteración de documentos oficiales no representan episodios aislados, sino la muestra visible de una trama de falsificadores que operan a diario en Salta explotando las fallas de las instituciones y la buena fe de la ciudadanía.
Desde estafas financieras cotidianas hasta el cobro de trámites ilegales, la reiteración de estas maniobras en el ámbito local expone un patrón de engaños sistemáticos que hoy está en la mira de los fiscales penales y mantiene en alerta a la sociedad salteña.
Dos investigaciones paralelas revelan una trama de abusos de confianza, adulteración de documentos y fraudes sistemáticos que involucran tanto al fuero letrado local como a la propia fuerza policial.
Ojo que los falsificadores en Salta se encuentran a la hora del día.
La megaestafa judicial: pagarés en blanco y 138 imputaciones
Uno de los escándalos salpica al abogado salteño Lucas Ignacio M.G., a quien la fiscalía le amplió la imputación hasta alcanzar 138 hechos delictivos.
Según los avances difundidos por la UDEC la maniobra consistía en captar a personas en situación de vulnerabilidad económica mediante préstamos informales. A las víctimas se las hacía firmar pagarés en blanco que luego eran adulterados con montos ficticios.
Con esos documentos falsificados, la red promovía juicios ejecutivos fraudulentos para embargar sueldos y bienes de personas que jamás supieron de las demandas en su contra. La causa no solo acorrala al letrado —imputado por estafas procesales reiteradas, falsificación de instrumento privado y abuso de firma en blanco—, sino que suma a una mujer con 118 hechos y a otros dos cómplices recientemente incorporados.
Falsificación policial: certificados de antecedentes al margen de la ley
En paralelo, la corrupción administrativa alcanzó las filas de la Policía de la Provincia. La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio imputó provisionalmente a dos efectivos policiales por concusión y falsificación de instrumento público en concurso real, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal de Salta.
La investigación comenzó tras la denuncia de la Jefa del Departamento Judiciales por la desaparición de once troqueles de seguridad. Las pericias del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) determinaron que un agente que prestaba servicio en la Oficina de Dactiloscopía —área sin facultades de cobro ni emisión de trámites— confeccionaba certificados irregulares.
El circuito clandestino operaba ofreciendo el trámite por fuera de los canales oficiales a particulares, entre ellos docentes a quienes se les cobraba mediante transferencias a una cuenta bancaria perteneciente al otro policía implicado.
