Salta, junto con Santiago del Estero, Chaco y Formosa, integra el núcleo duro de la devastación ambiental argentina. Según los informes de Greenpeace, entre el 75% y el 80% de los desmontes del país se concentran en estas provincias.

 

Don Veronelli

 

En los últimos años, el fuego se sumó al desmonte como segundo gran motor de pérdida de bosque nativo. Los picos extremos se registraron en 2020 y, sobre todo, en 2022, cuando ardieron entre 177.000 y más de 200.000 hectáreas en la provincia, la mayoría en las Yungas de Orán y General San Martín.

El patrón es consistente y alarmante, primero llega el fuego, después el cambio de uso del suelo. Áreas que fueron bosque terminan convertidas en superficie agrícola o ganadera. La legislación nacional, modificada en 2020/2021, prohíbe explícitamente el cambio de uso, el loteo y los emprendimientos inmobiliarios en tierras incendiadas por plazos de entre 30 y 60 años. Sin embargo, casos recientes en Salta —como el de Cafayate en 2026— muestran que la sospecha de incendios intencionales ligados a intereses inmobiliarios sigue vigente pese a la norma.

La disponibilidad de datos oficiales es irregular. No todos los años cuentan con informes finales públicos, y los balances suelen publicarse con meses de demora.

2019: temporada baja y atípica, apenas 270 hectáreas quemadas.

2020: el fuego arrasó unas 40.000 hectáreas.

2021: la superficie quemada bajó cerca de un 60%, con 15.897 hectáreas.

2022: el pico de la década: entre 177.000 y más de 200.000 hectáreas ardieron, de las cuales entre 95.000 y 100.000 correspondieron a bosque nativo en las Yungas. Global Forest Watch registró más de 1.500 alertas de fuego en Orán y San Martín entre octubre de 2022 y enero de 2023.

2023: Defensa Civil provincial contabilizó 155 incendios forestales, sin balance consolidado de hectáreas.

2024: tampoco se halló un balance anual público.

2025: cerca de 16.000 hectáreas quemadas, 1.500 en el Valle de Lerma, con más de 650 focos detectados.

2026: temporada en curso, ya con cifras superiores al promedio histórico. Entre el 16 y el 22 de julio ardieron unas 8.000 hectáreas, la mitad de todo lo quemado en 2025.

Zonas más afectadas

Orán y General San Martín (Yungas): el episodio más grave de la serie, con 95.000 a 100.000 hectáreas arrasadas entre octubre de 2022 y enero de 2023. Vecinos responsabilizaron al ingenio San Martín del Tabacal, operado por Seabord, por una quema controlada que se desbordó.

Valle de Lerma y área metropolitana de Salta capital: zona de mayor recurrencia de incendios de interfase, impulsados por el pasto cubano. En 2025 concentró 500 de los 650 focos provinciales. En julio de 2026 volvió a ser epicentro, con 830 hectáreas quemadas y evacuaciones en barrios como Santa Rita y San Carlos.

Nazareno e Iruya: en julio de 2026, 5.700 hectáreas quemadas en seis días, un trabajador rural muerto y 50 familias campesinas damnificadas.

Valles Calchaquíes (Cafayate): más de ٢٠٠ hectáreas arrasadas en ٢٠٢٦, con sospechas explícitas de intencionalidad vinculada a especulación inmobiliaria.

Causas

El 95% de los incendios forestales en Argentina son de origen humano. En Salta, además, se suman factores como:

Pasto cubano: maleza invasora de alta combustibilidad presente hace más de 30 años.

Viento Zonda y sequía: adelantaron el inicio de la temporada crítica en 2026.

Quemas agrícolas y ganaderas descontroladas: el caso del ingenio San Martín del Tabacal en 2022 es el ejemplo más documentado.

Sospecha de intencionalidad: autoridades y organizaciones ambientales señalan intereses productivos o inmobiliarios detrás de algunos focos.

Salta forma parte del Gran Chaco argentino, segundo ecosistema forestal más extenso de Sudamérica. Entre enero y diciembre de 2022 se desmontaron 15.230 hectáreas, el mismo año del récord de incendios. El patrón es secuencial: primero el fuego, luego el desmonte y finalmente el agronegocio.

La Ley de Bosques (26.331), sancionada en 2007, obligó a cada provincia a establecer su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Sin embargo, gobiernos provinciales —incluido el de Salta— redujeron áreas protegidas y no actualizaron el OTBN como exige la ley.

En diciembre de 2020, el Congreso aprobó la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. El artículo 22 bis prohíbe modificar el uso de la tierra por 60 años en bosques nativos y por 30 años en zonas agrícolas. También veta loteos y emprendimientos inmobiliarios. El entonces ministro de Ambiente, Juan Cabandié, defendió la norma como freno a la especulación. El sector agropecuario y la oposición de Juntos por el Cambio la rechazaron por inconstitucional y por no distinguir entre incendios intencionales y accidentales.

Qué pasa con las tierras después de quemarse

Cafayate (2026): tras los incendios, la intendenta Rita Guevara prohibió nuevos loteos y denunció penalmente el origen de los focos.

Orán (2022): el incendio más grande atribuido a una quema del ingenio San Martín del Tabacal.

Gran Chaco: tres millones de hectáreas quemadas terminaron convertidas en campos productivos en las últimas décadas.

Salta capital y alrededores: expansión de countries y barrios cerrados, fenómeno urbano que hasta ahora aparece desconectado de los incendios rurales, aunque alimenta la misma lógica especulativa.

En épocas de Milei y su profundo negacionismo del cambio climático, entender que nada es casual cuando de siniestros ambientales se trata. Ya avanzaron sobre los glaciares y culminado el mundial, será difícil distraernos de cómo están rifando poco a poco y sostenidamente cada pedazo de tierra que nos queda. Las alertas climáticas no incomodan ni un poco a quienes piensan solo en hacer negocios con nuestra naturaleza, sólo nos queda tener esperanza en que la ciudadanía defenderá lo poco que queda de acá hasta que cambie el modelo político.