La investigación reveló que una mujer se presentaba falsamente como ingeniera para atraer a numerosas víctimas, su modus operandi consistía en ofrecer puestos de trabajo en el sector minero a través de empresas que no estaban formalmente constituidas.
Bajo la estricta dirección de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, se llevó a cabo un importante operativo esta mañana. Personal especializado de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales realizó allanamientos simultáneos en dos domicilios, resultando en la detención de un hombre y una mujer. Estas acciones se enmarcan en una exhaustiva investigación centrada en estafas vinculadas a promesas de contratación laboral dentro del lucrativo sector minero.
Durante el desarrollo de los allanamientos, se logró el secuestro de una considerable cantidad de documentación y diversos elementos que se consideran de vital interés para el avance de la causa. Adicionalmente, y como medida precautoria para evitar el movimiento de fondos ilícitos, la Fiscal requirió la inmovilización de ocho cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos.
La investigación se inició de manera formal a raíz de una denuncia presentada el 27 de febrero pasado. A esta primera declaración se sumaron rápidamente otras 31 presentaciones, conformando un total de 32 víctimas que manifestaron haber sido contactadas bajo la atractiva promesa de incorporarse a puestos de trabajo bien remunerados y estables, todos ellos relacionados con ambiciosos proyectos mineros. Según los testimonios recabados, la figura central de la estafa era una mujer que se presentaba como una profesional del área técnica, utilizando títulos y credenciales que, posteriormente, se comprobó que no podía acreditar. Con esta fachada, ofrecía a los postulantes la participación en obras y proyectos que, según ella, estaban directamente vinculados a reconocidas empresas del sector.
De acuerdo con la información recabada hasta el momento por los investigadores, para conferir una engañosa apariencia de legalidad a sus maniobras, la ahora detenida promovía activamente la creación y utilización de diversas estructuras comerciales. Entre estas se han identificado nombres como Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin. Estas «empresas» eran empleadas estratégicamente para múltiples fines: convocar a potenciales empleados, emitir documentación supuestamente oficial vinculada a los procesos de contratación y, fundamentalmente, sostener la apariencia de una operación empresarial legítima y activamente involucrada en proyectos mineros.
A través de estas fachadas corporativas, se realizaban convocatorias masivas dirigidas tanto a profesionales cualificados como a trabajadores de diferentes oficios. Entre los perfiles buscados se encontraban ingenieros, topógrafos y operarios, todos seducidos por la promesa de futuras contrataciones en obras que, según los estafadores, serían llevadas a cabo por importantes empresas del sector minero.
Es importante saber que la clave del fraude residía en la solicitud de dinero a los postulantes para cubrir distintos conceptos vinculados al supuesto proceso de contratación, tales como «trámites administrativos» o «estudios preocupacionales». Luego, los pagos eran exigidos a través de transferencias a cuentas bancarias de terceros que estaban vinculados al grupo, una estrategia deliberada que, según los investigadores, buscaba dificultar enormemente la trazabilidad y el rastreo del dinero defraudado.
Asimismo, los investigadores han detectado que la red de estafas aprovechaba activamente las plataformas digitales, ya que utilizaban redes sociales, grupos de mensajería instantánea y, de manera destacada, un sitio web específico vinculado a Rimay Group S.R.L., para difundir las convocatorias laborales y, de esa forma, mantener y reforzar la apariencia de legitimidad de los supuestos proyectos mineros. La efectividad de esta estrategia fue tal que muchos de los denunciantes, confiados en la seriedad de las ofertas y la inminencia de las contrataciones, llegaron a renunciar a sus empleos previos, sacrificando su estabilidad laboral ante la expectativa de incorporarse a estos falsos trabajos.
Las investigaciones también revelaron que varias de las sociedades mencionadas, piezas clave en el esquema fraudulento, carecían de registro formal o no contaban con las publicaciones obligatorias en el Boletín Oficial que acreditaran su constitución definitiva y legalidad.
Finalmente, los investigadores han establecido que la principal sospechosa no limitó sus operaciones a la jurisdicción actual, sino que habría replicado este tipo de maniobras en otras provincias y localidades del país, extendiendo así el alcance de su esquema de estafas. Desde la UDEC, se ha informado que la investigación se mantiene activa y en curso.
