La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena al exintendente de Aguas Blancas, Sergio Gerardo Oliva, por su participación en la apertura de un paso fronterizo ilegal hacia el Estado Plurinacional de Bolivia. Este acto, considerado un claro abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, ha sido objeto de un proceso judicial que ahora encuentra su resolución definitiva.
La historia se remonta a abril de 2016, cuando la Gendarmería Nacional, a través del jefe del Escuadrón N°20 Orán, denunció la presencia de maquinaria vial contratada por la Municipalidad de Aguas Blancas. La denuncia advertía sobre trabajos en un camino lateral al paso fronterizo, una vía alternativa al Paso Puerto Chalanas, en clara violación de las leyes vigentes.
La Fiscalía Federal de San Ramón de la Nueva Orán, liderada por José Luis Bruno, inició la investigación y solicitó la indagatoria del exintendente. Este fue acusado de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por no solicitar autorización a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad Nacional, como establece el decreto Ley 15.385/44.
La sentencia del juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio, emitida el 7 de septiembre de 2022, condenó a Oliva a seis meses de prisión en suspenso y a un año de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Sin embargo, la defensa del exintendente impugnó la decisión, solicitando la anulación del fallo y la absolución, argumentando falta de fundamentación y exceso en la pena impuesta.
El fiscal general Javier De Luca respaldó parcialmente los argumentos de la defensa al considerar que el juez excedió su jurisdicción al imponer una pena mayor a la solicitada por la fiscalía. En este sentido, De Luca subrayó la importancia de respetar el principio acusatorio y la garantía de imparcialidad.
La Sala I de Casación, conformada por los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, respaldó la condena pero dio lugar parcialmente al planteo de la defensa respecto al monto de la pena. Este fallo, que confirma la responsabilidad del exintendente pero ajusta la sanción, destaca la necesidad de respetar los límites establecidos por la fiscalía en aras de mantener la imparcialidad.
Este caso no solo revela la importancia de mantener el orden y respetar las leyes en el ejercicio de la función pública, sino también la vigilancia ciudadana y el papel crucial de las fuerzas de seguridad en la denuncia de actos irregulares como el señalado.
