Los resultados de la auditoría al municipio de Rosario de la Frontera fueron remitidos al procurador general Abel Cornejo y al fiscal de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores.
El extenso mamotreto de 209 páginas ya está en manos de la fiscalía y, con todas las irregularidades detectadas en el manejo del dinero público, podrían haber novedades en las próximas horas. El intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís Mónico, sumó pruebas aún más contundentes de las que ya recaían sobre él por hechos de corrupción.
La documentación respaldatoria adjuntada en el informe da cuenta de varios hechos que podrían encuadrar como figuras delictivas, fundamentalmente con la contratación de personas físicas y personas jurídicas. En este sentido, el auditor general Mariano San Millán, solicitó al procurador que “en su mérito promueva la acción penal que estime corresponder”.
Las irregularidades:
Con respecto a las personas físicas se detectaron ciertas incompatibilidades como emisión de facturas apócrifas, falta de inscripción en IVA, Ganancias; sin registrar alta como empleador, calificación como contribuyente de alto riesgo en la DGR, etc.
Con relación a las personas jurídicas, detectaron precariedad e insolvencia de la situación patrimonial económica y financiera, sin estados contables, falta en los inventarios patrimoniales de maquinaria y elementos para la realización de obras.
Con relación al Programa Salta solidaria constataron ciertas irregularidades que se pusieron en conocimiento al Ministerio Público fiscal para el análisis del manejo de fondos públicos vinculados con la ayuda social a las personas.
Los antecedentes:
Este último caso salió a la luz el año pasado tras la aparición de una decena de beneficiarios del programa «Salta Solidaria» que nunca cobraron el beneficio, pero aparecen en los padrones y hasta firmaron los recibos.
El escándalo propició el inicio de una investigación por parte del concejo deliberante de Rosario de la Frontera. Se avanzó particularmente en esa instancia debido a que los pedidos de informe por parte de los ediles son ninguneados una y otra vez por el intendente rosarino. El órgano deliberante de la localidad termal había pedido la conformación de una comisión investigadora en 2017 pero el ejecutivo —y el bloque alineado con Solís— rechazó esa posibilidad. La compulsa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todavía no hay una resolución al respecto. Así y todo, los ediles opositores decidieron continuar con la investigación por su cuenta.
También fueron muy resonantes las denuncias en contra de la administración Solís por la emisión de facturas gemelas para justificar contratos distintos con montos de $201.000 y $940.000, entre otras irregularidades. La empresa señalada por entonces fue «Nico Áridos» de propiedad de Mirta Verónica Corimayo. Una empresa que, dicho sea de paso, está domiciliada en La Merced.
los informes de AFIP correspondientes a las facturas en cuestión indican que el CAI no corresponde al contribuyente, que no tiene una dirección existente y que, en definitiva, no existe. En cuanto a Mirta Verónica Corimayo, el sistema apunta que la contribuyente no es confiable y que está dada de baja del sistema. A eso se suma que, en los registros oficiales, no figura ningún movimiento ni actividad relacionada a «Nico Áridos» desde el año 2008.
Además de empresario e intendente, Gustavo Solís Mónico se presenta como contador público y ex-piloto de Turismo Carretera. En Rosario de la Frontera ya todos conocen sus dotes para la «contabilidad creativa», resta saber si el jefe comunal sabrá «pilotear» las instancias judiciales que le esperan o si, por el contrario, «se comerá la curva».
VER AUDITORÍA COMPLETA AQUÍ: http://agpsalta.gob.ar/informes/zips/242-7693-20.pdf
