Un proyecto que busca transferir tierras del INTA para la construcción de viviendas populares desató una enérgica reacción entre los representantes locales del mileísmo y Juntos por el Cambio. ¿Repentino interés por la investigación agrícola o intereses inconfesables?

Nicolás Bignante

El llamativo nerviosismo de algunos legisladores de la oposición ante la iniciativa que busca transferir 41 hectáreas del INTA a la provincia, abrió una serie de interrogantes en torno a las motivaciones reales de la reacción. Que entre los ofuscados estén nada menos que Juan Romero y su ex compañero de frente, ahora libertario, Carlos Zapata, resta todavía más seriedad al planteo. La supuesta defensa de los proyectos de investigación llevados a cabo en el predio de Cerrillos, contrastan de lleno con la arremetida anticientífica que colmó la agenda de los últimos días. La instalación deliberada y maliciosa del concepto de “expropiación”, como si se tratara de tierras privadas, contribuye sólo a la confusión. Como si fuera poco, se desconocen iniciativas concretas de ambos legisladores para paliar el enorme déficit habitacional que enfrenta la provincia y que alcanza a 70 mil familias según el INDEC.

El proyecto que obtuvo dictamen esta semana fue presentado por el diputado Lucas Godoy y toma como referencia uno de autoría del massista Carlos Américo Selva, a quien había recurrido el propio gobernador Gustavo Sáenz, pasando por alto a los legisladores salteños a mediados de 2021.

La idea inicial era transferir casi 600 hectáreas de las 1200 que posee la estación experimental del INTA en Cerrillos, pero luego se introdujeron modificaciones y el número actual bajó a 41 hectáreas. El autor sostuvo que la idea no apunta a una expropiación, sino que se trata de una transferencia ya que son tierras del Estado Nacional que “suele ceder tierras de su dominio a la provincia para distintas cosas, desde viviendas, regularizaciones, construcción de hospitales u oficinas judiciales”.

Un Romero hablando de tierras

Pero hasta los menos indicados se sintieron con derecho a tomar la palabra. Tal es el caso del senador Juan Carlos Romero, que, en una demostración colosal de cinismo, escribió vía Twitter: “Mi desacuerdo total en despojar al INTA de tierras utilizadas para investigación. Para viviendas, lo correcto es comprar. Habiendo tanta tierra en el valle de Lerma para desarrollo habitacional, ni quitar ni expropiar es la forma”. Como era lógico, no faltaron los que le recordaron al exmandatario que aún debe explicaciones a 1800 familias a las que dejó en la calle cuando se apropió de 90 hectáreas en La Ciénaga. Otros en cambio remarcaron que las investigaciones agrícolas desarrolladas en el instituto siempre sirvieron a los intereses de la familia Romero, que de agronegocios sabe bastante.

Días atrás, y con la confirmación del dictamen obtenido para el tratamiento del proyecto en la cámara baja, el senador volvió a escribir: “El proyecto que pretende quitar tierras al INTA para crear un asentamiento, ignora que el campo es el motor productivo de la Argentina y, con una mirada sesgada y demagógica, lo priva de esas tierras para investigación. Adelanto mi voto negativo”.

Amarillo tirando a verde

Otro que no se quiso perder la oportunidad de salir al cruce fue el olmedista recientemente devenido en libertario, Carlos Zapata. Aunque a menudo percibe cualquier asunto remotamente relacionado al campo como una afrenta personal, fueron varios los que apuntaron a su condición de empresario tabacalero.

En agosto de 2021 el Gobierno de la Provincia firmó con el Fondo Especial del Tabaco (FET), la Cámara el Tabaco de Salta (CTS) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un convenio relacionado con el cultivo de cannabis para fines medicinales.

El INTA Salta ya había sido propuesto como centro de producción de cannabis en 2017 tras la aprobación en el congreso de la ley que regula la provisión medicinal de la planta.

Los mandamases de la Cámara del Tabaco y el Fondo Especial del Tabaco tomaron nota rápidamente del asunto. En ambos casos, se ofrecieron como aportantes de recursos económicos para el desarrollo de un proyecto inspirado en la experiencia jujeña.

La iniciativa busca realizar pruebas en el Valle de Lerma con 8 cepas de semillas que se pretende importar de España, Holanda, Suiza y Uruguay con alto contenido en CBD y poco en THC.

Las estimaciones oficiales dan cuenta de que esta industria puede generar para 2025 unos 500 millones de dólares en ventas anuales al mercado interno y otros US$50 millones anuales en exportaciones. Aunque en Salta se avanza con cierta timidez, los tabacaleros locales, entre los que figuran Zapata y el presidente de la cámara de diputados, Esteban Amat, ya se van frotando las manos.

El drama de 70 mil familias

Es sabido que la provincia de Salta afronta desde 2001 a la fecha un crecimiento vertiginoso de la demanda habitacional que, además, se suma a la escasez de infraestructura y de espacios concretos donde construir. Esta realidad se expresa en el hecho de que, según cálculos oficiales, al menos unas 70 mil familias no cuentan al día de hoy con una vivienda propia.

En 2020, en un contexto agravado por la pandemia y por la proliferación de asentamientos populares, el gobernador Gustavo Sáenz anunció la apertura de inscripciones para la entrega de entre 10 mil y 12 mil lotes en toda la provincia. Pero a más de un año de aquel anuncio, abundan las indefiniciones y sobran los postulantes. Todo apunta a que la premura por desactivar los conflictos habitacionales en puerta llevó a que las inscripciones para el denominado plan “Mi Lote” se abrieran cuando aún no había una sola parcela para sortear.

En ese contexto también conviene plantear el interrogante: ¿Qué hicieron en concreto para paliar el déficit habitacional de la provincia aquellos que hoy se muestran profundamente preocupados por las tierras del INTA?