La Fiscalía de Distrito de Salta, tras una exhaustiva investigación, ha logrado desmantelar una organización criminal dedicada al robo y contrabando de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas hacia Bolivia. La causa ha cobrado relevancia al implicar a José Miguel Gerala, hijo del intendente de Coronel Juan Solá, y a David Edilberto Medina, un comerciante local. Ambos fueron detenidos e imputados por contrabando agravado y robo agravado, y se les dictó prisión preventiva por 60 días.

El fiscal general Eduardo Villalba reveló que la red contaba con la complicidad de actores políticos y miembros de la Gendarmería Nacional, lo cual facilitó el contrabando a través de la frontera con Bolivia. Además, señaló que el intendente de Coronel Juan Solá podría estar implicado.

Operación y estructura de la red delictiva

El saqueo de rieles ocurría en el Ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano Cargas, en los tramos de Pluma de Pato, Dragones y la estación Morillo. La investigación desveló que Gerala, conocido como “Yopi”, utilizaba a miembros de comunidades locales, proveyéndoles herramientas para extraer los rieles en áreas despobladas, donde la vigilancia es limitada. Medina, representante de la firma Distribuidora Norte Agro Gomas, presuntamente coordinaba el acopio y transporte de los rieles en su galpón en Orán, desde donde se exportaban ilegalmente.

Investigación y pruebas

La investigación comenzó en 2023 a raíz de una denuncia de contrabando de neumáticos. A partir de escuchas telefónicas y registros fotográficos, se comprobó que los acusados mantenían comunicaciones para coordinar el transporte de los rieles hacia Bolivia, usando rutas no habilitadas y fincas en Aguas Blancas que colindan con la frontera.

Villalba comparó este caso con el del exintendente de Aguaray, Enrique Prado, condenado por robar caños del Gasoducto GNEA en 2021, subrayando que, en esta ocasión, la red contaba con un respaldo político y logístico aún mayor. “Estamos frente a una estructura organizada que facilitó este saqueo al patrimonio nacional”, declaró Villalba.

Prisión preventiva y próximos pasos

La fiscalía fundamentó su pedido de prisión preventiva en los riesgos de fuga y el potencial entorpecimiento de la investigación. Aunque las defensas intentaron mitigar la medida solicitando arresto domiciliario, el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, rechazó el pedido y concedió la prisión preventiva, considerando la gravedad de los delitos y la influencia política del intendente.

La investigación sigue en curso, y Villalba anticipó que podrían surgir nuevas imputaciones en los próximos meses.