Los que debieran controlar que se cuide la inversión de la plata del Estado están sumidos en el escándalo y podrían ser procesados penalmente. Las diferencias internas entre el ex presidente Gustavo Ferraris -a quien se le venció el mandato, pero asegura que se lo van a renovar- y los auditores Marcos Segura Alsogaray, Elsa Pereyra Maidana y Javier Cancinos avanzaron la pasada semana a niveles insólitos.
Cerca del mediodía del jueves un contador de planta permanente, Juan Manuel Chamorro, habría sido requerido por Ana Clara Rebuffi, la supercoordinadora de Ferraris, para que cargara unas cajas con documentación en su camioneta particular, la que supuestamente sería retirada luego de su domicilio. Más tarde puso a disposición de Rebuffi lo retirado, y cuando ésta respondió con evasivas se comunicó con la Escribanía de Gobierno y el viernes se labraron las actas respectivas dejando constancia de que entre lo extraído subrepticiamente había papeles oficiales. Se desconoce si el actual presidente, Marcos Segura Alsogaray interpuso la denuncia pertinente, aunque debiera hacerlo.
Hay que aclarar que Rebuffi es la Coordinadora de Presidencia y Gerenta de Administración de la Auditoría. La ladera principal de Ferraris que, como tal, percibe un sueldo que superaría ampliamente los ocho millones a pesar de que el tope de las remuneraciones es el sueldo del Gobernador que cobra mucho menos que ella. No se sabe cuál fue la intención que tuvo esta funcionaria para dar semejante orden o pedir un favor de esta magnitud. Según habría explicado Chamorro, se trató de un aprovechamiento de su ingenuidad y la amistad que le generaba confianza en ella. A pesar de ser un profesional se excusó en que creyó que el retiro de documentación no le despertó ninguna sospecha a pesar de la tensa situación que se vive en ese organismo.
Chamorro también tiene un perfil particular ya que hace poco tiempo se presentó en soledad ante la Comisión Permanente de Auditoría de la Cámara de Diputados que preside Patricia Hucena y que tiene la responsabilidad de proponer al senado a los postulantes a directores de la Auditoría. Quería reemplazar a sus jefes y fue rechazado sin mayores argumentos. Sus compañeros de trabajo tienen buen concepto de él, pero siguen sorprendidos de que su amistad con Rebuffi le hubiera jugada tan mala pasada. Es hijo del abogado radical José Fernando Chamorro que siempre sacó bandera de luchador contra la corrupción.
Esta comisión legislativa se ha convertido en un engranaje vital para recomponer un órgano constitucional que está severamente desprestigiado. A Hucena la acompañan Luis Fernando Albeza, Antonio Nicolás Taibo, Enzo Hernán Chauque, Omar Exeni Armiñana, Luis Gerardo Mendaña -todos oficialistas- y el libertario Franco Agustín Lastra.
Es llamativo el rol agresivo de Albeza, que como dijimos en una nota anterior, pidió el juicio político de Elsa Pereyra Maidana por influjos del senador cerrillano Gonzalo Caro Dávalos, cuya madre es la secretaria privada de Gustavo Ferraris. Tal vez por eso no cree conveniente que hay que echarlos a todos los directores.
En estos días se ha sumado un nuevo operador a favor del ex presidente que quiere otro mandato como auditor. Es el Ministro de Gobierno y Justicia Ignacio Jarsún, quien viene del romerato -en estos días le agradeció públicamente a Juan Romero su aparición en la política- y que es primo de Omar Exeni, otro de los mimados de El Tribuno que trabaja políticamente en el mismo sentido.
Pero la cuestión no ha quedado allí. También se ha ventilado que tanto Ferraris como Rebuffi habrían enviado whatsapps a sus adictos a fin de que no acataran ninguna instrucción de Segura Alsogaray ni de las restantes autoridades que no responden a Ferraris, provocando una virtual paralización institucional. Insistieron en que regresará a comandar de nuevo la nave que se va a pique. Cuando fue confrontado Chamorro por la documentación que había sacado de la sede de la Auditoría, dicen que habría mostrado los intercambios de mensajes telefónicos en los que figuraban estos chats.
No existen antecedentes de una disputa interna, en éste o en cualquier organismo público, donde el sabotaje estuviera tan expuesto. Claramente, no puede sino concluirse que el responsable político e institucional de este desmadre es Gustavo Ferraris, tanto durante los diez que condujo el organismo a la debacle, como luego de irse, en el que practicó un boicot. Coincidentemente, la versión que circula en el Grand Bourg es que el ex ministro de educación Matías Antonio Cánepa sería la figura que finalmente propondría la mayoría política para presidir la Auditoría General, mientras que el diputado nacional Carlos Zapata ya habría impulsado el nombramiento por la minoría de Martín Pérez Estrada, ex renovador, devenido en militante del PRO y nuevo afiliado a La Libertad Avanza.
Uno de los auditores ya ha caído, y es Omar Abdo Esper a quien se le venció el mandato junto con Gustavo Ferraris. A Angel Javier Cancinos se le vence en septiembre y todo parece indicar que no podrá renovar el cargo luego de algunas polémicas generadas por un perfil éticamente cuestionable y por la ausencia de respaldo político. Habría que preguntarse quien es el que le aseguró a Ferraris que podría lograr la renovación y lo autorizó a generar semejante escándalo.
