En una movida que busca transparentar el escenario financiero, la Municipalidad de Salta ha emitido un decreto que propone la creación de la Unidad de Análisis de Contratos y Deudas (UNACODE). La medida, tiene como objetivo principal analizar en profundidad las deudas pendientes y los contratos vigentes heredados de la gestión anterior.
El contexto que rodea a esta iniciativa se caracteriza por una situación de emergencia económica y financiera, con deudas acumuladas, compromisos presupuestarios, anticipos ya gastados, obras paralizadas y servicios interrumpidos. El decreto reconoce la necesidad de una intervención crítica y exhaustiva para evaluar la legalidad, conveniencia y continuidad de las obligaciones contraídas antes del 10 de diciembre de 2023 por Bettina Romero.
La UNACODE, una unidad propuesta por el mismo intendente Emiliano Durand, estará integrada por representantes de diversas áreas municipales, quienes tendrán la responsabilidad de analizar la documentación respaldatoria de las deudas y contratos.
Este análisis abarcará contratos de obra pública, servicios públicos, suministros y otras prestaciones en ejecución. La unidad tendrá la facultad de emitir informes sobre la legalidad normativa, contractual, presupuestaria y financiera de estas obligaciones.
Se destaca que la UNACODE también estará facultada para solicitar información a otras jurisdicciones provinciales y nacionales, así como a ámbitos legislativos y judiciales, en busca de un panorama completo.
Una de las medidas más destacadas del decreto es la suspensión del pago de obligaciones pendientes de la administración Romero, con excepción de deudas relacionadas con servicios públicos esenciales. Esta medida se mantendrá hasta que la UNACODE complete su proceso de revisión y emita recomendaciones fundadas.
Con un plazo inicial de seis meses, la UNACODE se propone como un instrumento que, mediante un análisis crítico y profundo, buscará no solo esclarecer la legalidad de las deudas y contratos, sino también proponer modalidades y condiciones de pago que beneficien al erario municipal.
La propuesta destaca la necesidad de actuar en concordancia con los principios de transparencia, economía, eficiencia y legalidad, velando por el uso racional y eficaz de los recursos estatales. La iniciativa se enmarca en la obligación del Departamento Ejecutivo Municipal de controlar y administrar los fondos públicos, asegurando el respeto a la normativa vigente.
En un gesto que busca dejar atrás irregularidades y sentar bases sólidas para la administración municipal, este decreto señala un paso crucial hacia la recuperación de la solidez financiera y la transparencia de la gestión.
