Preocupados por los efectos de un «reto viral nacional», autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Gobierno de Salta se reunieron para analizar el fenómeno. Dicha tendencia ha derivado en varias intervenciones de la justicia, con demoras, detenciones y procesos penales actualmente en curso.
Un «reto viral nacional» que generó mensajes intimidatorios en escuelas de Salta ha provocado una respuesta coordinada entre las autoridades provinciales. El Procurador General, Pedro García Castiella, junto a la Ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales, el Ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, y el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, se reunieron para evaluar las actuaciones judiciales y policiales frente a esta problemática.
En el encuentro, se analizó el alcance de esta tendencia viral que se replicó en diversos establecimientos educativos de la provincia durante la última semana. Hasta la fecha, se registran 135 actuaciones, que incluyen medidas preventivas, 17 demoras y 6 detenciones, todas en el marco de investigaciones por el delito de intimidación pública.
Las autoridades evaluaron las implicancias legales de las conductas detectadas y la efectividad de los protocolos internos activados en las instituciones afectadas. La Ministra de Educación aseguró que las clases no fueron interrumpidas y que se garantiza la colaboración para las investigaciones, considerando además posibles medidas disciplinarias en el ámbito educativo. Destacó que se está aplicando una normativa innovadora con protocolos específicos para casos de bullying, ciberacoso y violencia entre pares.
Se debatió también la creación de una unidad de prevención, que involucraría a padres o tutores, basándose en la Ley Nacional 26892 sobre convivencia escolar y abordaje de conflictos. Por su parte, el Ministro de Seguridad resaltó el importante despliegue de recursos policiales en prevención y control, haciendo hincapié en la responsabilidad legal de padres o tutores ante conductas delictivas de menores.
El Procurador General subrayó la importancia del trabajo conjunto entre los Ministerios de Seguridad y Educación, y el Ministerio Público Fiscal, enfatizando una estrategia que combina la investigación de los hechos con acciones preventivas. Para fortalecer esta labor, se planifican nuevas capacitaciones para equipos educativos, fuerzas de seguridad y operadores del sistema, buscando una detección temprana y un abordaje adecuado de este tipo de situaciones.
