En el mes de celebración de la Pachamama, en el día del árbol organizaciones ambientales recordaron que la provincia pese a ser la de mayor biodiversidad de la Argentina, tiene la peor justicia ambiental del país.
Andrea Sztychmasjter
El 29 de agosto se celebra el Día del Árbol, una jornada dedicada a reconocer la importancia de los árboles en el equilibrio ecológico y la preservación del medio ambiente. Esta conmemoración, que se instauró en 1900 por iniciativa del Consejo Nacional de Educación y a propuesta del agrónomo Estanislao Zeballos, tiene como objetivo promover la conciencia sobre la necesidad de proteger nuestros bosques y fomentar la plantación de árboles en todo el país.
A propósito de la fecha Verónica Ardanaz de la Fundación Cebil difundió que un equipo interdisciplinario de investigadores del Observatorio de Diversidad Cultural y Derechos de la Madre Tierra de la Fundación Cebil, cuyo capítulo jurídico está a cargo de la Dra. Fernanda Guillén, llegó a la comprobación, tras un minucioso estudio de casos, que la provincia de Salta tiene la peor justicia ambiental del país. Además de carecer de fiscalías ambientales, la situación se agrava en la provincia con mayor biodiversidad.
La Dra. Guillén concluyó, en un informe de más de ٥٠ páginas de próxima publicación, que la Corte de Justicia de Salta, ha denegado desde 2019 hasta la actualidad el 100% de los recursos extraordinarios de los amparos ambientales, sistemática y mecánicamente, “mediante argumentos dogmáticos y contrariando las leyes de orden público y principios rectores en la materia”.
Según datos oficiales, Salta tiene la mayor porción de bosques y biodiversidad de toda la Nación, ya que está presente un tercio de toda la diversidad biológica del país. Su territorio tiene representadas y protegidas 5 ecoregiones. Esto significa más de 3000 especies de plantas vasculares, casi 200 especies de mamíferos y 669 especies de aves.
El reciente informe final y mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que prevé la excelente Ley de Bosques (Ley Nacional N°26.331), que está incumplida en Salta hace 9 años, es otro ejemplo de la pésima situación de las leyes ambientales en la provincia, que tiene uno de los bosques nativos más importantes del país, como las yungas, hábitat del yaguareté, reserva hídrica de la provincia y territorio donde habitan comunidades originarias.
Un Ordenamiento ilegal
Desde Cebil señalaron que el “último informe y mapa OTBN elaborado por la Secretaría de Ambiente de la provincia de Salta es ilegal, porque prevé un color marrón inexistente en la Ley, inventando una categoría oxímoron ‘producción y conservación’, algo imposible porque justamente ambas categorías son contrapuestas y de máxima tensión en la aplicación de la Ley. Ese mapa desprotege áreas estratégicas para la provincia y en la práctica serán más zonas verdes para los desmontes, impidiendo la supervivencia de los bosques nativos y del yaguareté, además del saqueo de la reserva hídrica de la provincia. Este informe y mapa de OTBN, que esperamos no se presente a la Legislatura de la provincia, fue realizado por el Comité Asesor de Revisión del OTBN, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, y remitida a los integrantes del Consejo Asesor del OTBN, por medio de correo electrónico, sin consenso ni de los miembros del mencionado comité que prevé la Ley, ni tampoco se realizaron los debidos talleres previos, libres, informados y interculturales y bilingües por los territorios”.
Según describió Ardanaz han enviado numerosas notas formales, tanto al gobernador de la provincia de Salta, Dr. Gustavo Sáenz, como también a diputados y senadores de la Legislatura de la provincia de Salta, detallando los argumentos de este proyecto ilegal. “Solicitamos se llame a una mesa intersectorial y se realicen los talleres que prevé la Ley para poder tener un mapa que garantice verdaderamente el desarrollo sustentable de la provincia y defienda los bienes comunes de todos los salteños y salteñas, especialmente el agua, cuando estamos en una gran emergencia, por falta de manejo de las cuencas hídricas y alta tasa de desmontes ilegales”, señaló.
Greenpeace frente a los desmontes
“Insólitamente la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques de Salta incluye una categoría color marrón que abarca más de ٣ millones de hectáreas, algo que no existe en lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. En la normativa nacional sólo es posible autorizar desmontes en la categoría verde, por lo que teniendo en cuenta que en esta zona marrón también se permitirá deforestar, en realidad se trata de una zona verde encubierta. Estamos ante una clara flexibilización de la norma para permitir desmontes donde hasta hoy no pueden autorizarse“, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Esta semana la organización ecologista se manifestó frente a la Legislatura de Salta, y describieron que a comienzos de este año enviaron un documento señalando al gobierno provincial cuáles son los puntos de la propuesta que violan lo establecido por la Ley Nacional de Bosques: permite desmontes en una superficie sumamente excesiva; valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; incluye una categoría que no existe, la de color marrón, para autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; fragmenta el territorio de grandes mamíferos como el yaguareté; y no fueron consultadas previamente todas las comunidades indígenas. (1)
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques a fines de 2007 hasta fines de 2022 en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.
“En este mes tan especial, queremos recordarle a los legisladores salteños que con desmontes, no hay Pachamama. Esperamos que no aprueben esta propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, ya que es claramente violatoria de la Ley Nacional de Bosques y restringiría el control social que se hace de los desmontes, al desconocerse la categoría en que se encuentren. Será una catástrofe para los bosques y para las comunidades indígenas y campesinas. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenarlo”, advirtió Cruz.
Citamos a continuación un párrafo de las conclusiones de este importante estudio del Observatorio de Diversidad Cultural y Derechos de la Madre Tierra, a cargo de la Dra. Fernanda Guillén.
