El juez Sebastián Casanello rechazó ayer la prisión domiciliaria de Lázaro Báez. Este había pedido el beneficio argumentando problemas de salud pero el juez argumentó que en la cárcel de Ezeiza se puede seguir tratando de su cuadro de hipetensión. 

Luego de cinco meses en la cárcel, Báez había pedido hace pocos días la prisión domiciliaria por su «deteriorado estado de salud». La presentación fue la carta de presentación en la causa de la ruta del dinero K» del nuevo abogado del empresario, Maximiliano Rusconi.

La diabetes que sufre hace años, los problemas de tensión, más algunas dificultades cardíacas, son algunos de los argumentos que había utilizado el empresario para solicitar ese beneficio. Y argumentó que no recibe una dieta «acorde a su cuadro diabético».

«No hay motivos para que tengo una prisión preventiva porque nunca hubo intento de fuga», le dijo Rusconi a este diario antes de pedir la excarcelación y la prisión domiciliaria. Ese abogado reemplazó hace menos de un mes a Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, que fracasaron en la estrategia de apartar al juez.

Pese a los esfuerzos jurídicos, Casanello rechazó hoy ambos pedidos. Sostuvo que en el penal de Ezeiza hay condiciones para tratar su cuadro médico. Igualmente, ordenó que se le hagan análisis periódicos con la participación de los médicos propuestos por la defensa.

La situación judicial de Báez es cada vez más compleja. Esta semana, la Cámara Federal confirmó los embargos e inhibiciones generales de bienes, pero le encomendó al juez buscar la manera de permitir que Austral Construcciones y las empresas vinculadas al empresario puedan seguir funcionando y pagar los salarios de sus trabajadores.

Báez tiene embargados los bienes hasta 800 millones de pesos por los dos procesamientos en la causa de la ruta del dinero. Pero su patrimonio sigue aumentando todas las semanas. Ya se calcula que tiene más de 300 propiedades repartidas en diez provincias, que podrían estar valuados en más de 220 millones de dólares. Varios organismos nacionales y hasta municipalidades pidieron ser depositarios judiciales de algunos de esos bienes hasta que haya una sentencia judicial.

Mientras tanto, los tres hijos de Báez que residen en el Sur, Luciana, Melina y Leandro, decidieron reforzar la seguridad en varias de las propiedades de la familia por temor a tomas o robos. A fines de agosto, el encargado de una de las estancias denunció un episodio extraño. Ese hecho encendió las alarmas.

Fuente: Clarín