Desde mediados de septiembre, Francia vive una de las mayores movilizaciones estudiantiles de las últimas décadas. Lo que comenzó en el liceo Saint-Exupéry de Créteil se extendió rápidamente: el 17 de septiembre se registraron las primeras acciones y en apenas una semana, el movimiento ya tenía dimensión nacional.
Francisco Freyre
El 1 de octubre la situación escaló: 1.027 establecimientos afectados y 222 bloqueados, sobre un total de 3.700 liceos. Ese mismo día se produjeron 1.949 interpelaciones y más de 300 policías y gendarmes heridos en enfrentamientos. La protesta se expandió a Nantes, Lille, Lyon, Marsella, Toulouse, Strasbourg, Rennes, Bordeaux y Nice. La movilización alcanzó también a las universidades: alrededor de treinta campus fueron bloqueados o realizaron acciones, lo que dio al conflicto una dimensión más amplia. Organizaciones estudiantiles y sindicales comenzaron a plantear la convergencia entre secundarios, universitarios, docentes y trabajadores.
El 6 de octubre, bautizado como “Acto III”, reunió entre 266.000 y 450.000 manifestantes. El Ministerio del Interior contabilizó 266.000, mientras que las organizaciones estudiantiles (Union syndicale lycéenne, FAGE, Union étudiante y UNEF) estimaron 450.000. En París, las cifras oscilaron entre 56.000 y 100.000. Ese día, 891 liceos suspendieron total o parcialmente las clases, casi una cuarta parte de los secundarios del país. La protesta sumó padres, docentes, sindicatos y sectores de la oposición. Los reclamos se sintetizan en cinco ejes:
- Más recursos para la educación pública.
- Más docentes y sustitución efectiva de ausencias.
- Mejora y mantenimiento de edificios.
- Mejores horarios y condiciones de aprendizaje.
- Reforma profunda o eliminación de Parcoursup, la plataforma de admisión universitaria.
El primer ministro Sébastien Lecornu reconoció problemas pero defendió que “quienes piden eliminar Parcoursup no explican cuál sería el sistema alternativo”. La portavoz Maud Bregeon fue aún más firme en su defensa.
Violencia, heridos y crisis de orden público
El conflicto derivó en episodios violentos: incendios de contenedores, daños a edificios, enfrentamientos y ataques a establecimientos. El ministro de Educación, Édouard Geffray, informó el 4 de octubre que 24 establecimientos habían sido incendiados o saqueados y que 78 trabajadores de la Educación Nacional resultaron heridos. Se contabilizaron además 170 alumnos heridos, lo que suma 235 personas dentro del ámbito educativo. El 1 de octubre se reportaron más de 300 agentes heridos y 1.949 interpelaciones en un solo día. Para el 6 de octubre, el Ministerio del Interior acumulaba 6.547 detenciones desde el 28 de septiembre, de las cuales 488 correspondieron solo al “Acto III”. La mayoría eran menores de edad. El hecho más grave ocurrió el 5 de octubre en Lens: un adolescente de 15 años sufrió la amputación de su mano izquierda tras la explosión de una granada policial durante un operativo. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció el 7 de octubre la suspensión del uso de granadas ensordecedoras frente a bloqueos liceales. Otro caso en Tours involucró a un joven de 16 años con lesión ocular compatible con proyectil LBD. Así, la protesta dejó de ser solo educativa y pasó a involucrar temas de libertad de manifestación, proporcionalidad de la fuerza y protección de menores.
Respuesta gubernamental y contagio a Bélgica
El Ejecutivo intentó recuperar el control con diálogo: Lecornu pidió trabajar en cinco áreas (reemplazo de ausencias, renovación de edificios, mejora de horarios, condiciones de aprendizaje y revisión de Parcoursup). Se lanzó una consulta nacional en la plataforma Agora entre el 5 y el 23 de octubre y se habilitó media jornada de diálogo interno en los liceos. El 7 de octubre la movilización bajó a 459 establecimientos afectados, frente a 891 el día anterior, aunque las organizaciones convocaron al “Acto IV” el 8 de octubre. La ola cruzó fronteras: en la Bélgica francófona, estudiantes de Lieja protestaron contra reformas presupuestarias que buscan ahorrar 500 millones de euros hasta 2029. Una medida polémica eleva la carga docente de 20 a 22 períodos semanales sin compensación salarial. El 5 y 6 de octubre hubo enfrentamientos, daños, incendios y 33 arrestos administrativos y 20 judiciales, 17 de menores. Además, 22 policías resultaron hridos. El caso más llamativo fue el de un adolescente de 13 años detenido por incitar en redes a incendiar un establecimiento.
El movimiento coincide con un deterioro de la aprobación de Emmanuel Macron. Una encuesta de Ipsos BVA-CESI para La Tribune Dimanche (9-10 de septiembre) mostró que solo 16% aprueba su gestión, cinco puntos menos que en julio, mientras que 81% tiene opinión desfavorable. Lecornu obtuvo apenas 20% de opiniones favorables, su peor registro. El poder adquisitivo es la principal preocupación para el 54% de los encuestados, seguido por el futuro del sistema de protección social (40%).
La coincidencia entre crisis educativa y debilidad presidencial aumenta el peso político de la protesta. No obstante, sería exagerado afirmar que los estudiantes protagonizan solos una rebelión contra Macron: las movilizaciones combinan reclamos educativos con participación de sindicatos, padres y sectores de izquierda. Tampoco puede reducirse el movimiento a la violencia, ya que buena parte de las marchas se desarrollan pacíficamente. Lo indiscutible es el cambio de escala: en menos de tres semanas, la protesta pasó de unos pocos liceos parisinos a más de mil establecimientos, movilizó a cientos de miles de personas y derivó en miles de detenciones, extendiéndose a universidades y a Bélgica.
El Gobierno apuesta al diálogo y a cambios puntuales, mientras los estudiantes exigen respuestas concretas en recursos, personal, infraestructura y acceso a la universidad. La pregunta que domina la política francesa es si el Ejecutivo logrará transformar esta crisis educativa en negociación política antes de que la protesta se expanda a una dimensión nacional y arda el país entero.
