Los superpoderes que tenía la Policía provincial quedaron eliminados con la sanción de la ley ómnibus en el Senado que envió el gobernador Gustavo Sáenz.
La prórroga de la vigencia del estado de emergencia sanitaria en todo el territorio salteño por la ley 8188, derivada del DNU 250, por seis meses más, fue aprobada en el Senado con los dos tercios de votos necesarios, pero hubo votos en contra de los senadores Javier Mónico y Guillermo Durand Cornejo.
El título I de la norma establece la ampliación de la composición del Comité Operativo de Emergencia (COE) con representantes de diversos sectores públicos y privados.
La ley ómnibus adapta las disposiciones establecidas en el marco del régimen excepcional establecido en la ley 8191, generado en el polémico DNU 255, y las adecúa a la aplicación excepcional de sanciones contravencionales que tengan que ver con el incumplimiento de las medidas sanitarias.
En este tramo de la ley se establecen las diferentes y numerosas sanciones para las infracciones e incluye el decomiso de vehículos, cuyas disposiciones estarán a cargo ahora de un juez de garantías y ya no del Jefe de la Policía provincial.
