Los excesos del Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad en el ejercicio de funciones cansaron a los concejales, que buscan recuperar su terreno en el Concejo.
De manera unánime (lo cual es bastante raro en el Concejo Deliberante de Salta), los ediles ayer aprobaron un proyecto de resolución Resolución destinado a la intendenta Bettina Romero en el que le requieren la derogación del Decreto N° 0443/21.
Según esa norma emitida desde el Ejecutivo municipal, se delegó a la Secretaría Legal y Técnica, de Daniel Nallar, la decisión de convocar, la convocatoria, la realización y la adopción de las decisiones en caso de toda audiencia pública.
El problema radica en que la disposición avanza sobre la legislación vigente y facultades del Concejo Deliberante, ya que se encuentra vigente la Ordenanza 12304, que establece el régimen para el funcionamiento de las audiencias públicas, que en sus artículos 4 y 5 consigna la autoridad competente para convocar a audiencia pública.
Para dejar en claro lo que sucede, el vicepresidente del Concejo, José Gauffín, especificó: “Estamos solicitando al Ejecutivo que derogue un decreto por el cual se le asigna la responsabilidad al secretario de Legal y Técnica de coordinar y llevar adelante todas las audiencias públicas que genere la municipalidad. Entendemos que esto es un acto ilegal porque no se puede cambiar lo que dispone una ordenanza”.
Los concejales se encuentran enfrentados con el secretario Legal y Técnico, Daniel Nallar, desde hace un tiempo. Un punto de quiebre en la relación fue cuando desde el Ejecutivo intentaron contratar a la empresa Cecaitra puenteando a los ediles.
A fin del año pasado, Cuarto Poder dio a conocer la intención del Ejecutivo Municipal de otorgar la concesión de un crematorio a la empresa Pieve. Todo el proceso estuvo plagado de irregularidades y siempre, pero siempre, ignorando la tarea y funciones de los concejales.
