En Tucumán se realizó una cumbre de los Defensores del Pueblo de las provincias del norte y tras entregar certificados a “pequeños ombudsman” concluyeron que la telefonía celular, los precios inflados por el turismo y multas truchas, encabezan los reclamos en Tucumán, Santiago, Salta y Jujuy.

La ocasión era entregar diplomas a los participantes de un curso sobre ciudadanía, pero ya que estaban, los ombudsman del NOA se juntaran a debatir las problemáticas comunes. Todos concluyeron algo parecido pero más allá de eso poco se hizo: si bien cada provincia tiene problemas particulares, hay un reclamo que diariamente golpea las puertas, y es la deficiencia de los servicios de telefonía celular por lo cual los ombudsman agrupados en la Asociación Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) sostienen y accionan para que sean declarados servicios públicos, como la telefonía fija.

Aparte de eso, los hombres detallaron lo que ocurre en cada provincia. “En Salta tenemos una enorme variedad de reclamos, pero una buena porción de ellos están vinculados a los derechos de los pueblos originarios”, contó Nicolás Centeno, titular de la defensoría de la capital salteña, que si bien tiene alcance municipal, de a poco va conquistando terreno en el resto de la provincia. Sin embargo, en ese mar de solicitudes del pueblo, aparece otro grupo que llama la atención, y está vinculado a la explosión del turismo en “La Linda”. “Muchos salteños se quejan de que, debido al aumento de la demanda por el turismo —en bares o restaurantes céntricos, por ejemplo—, los comerciantes en forma desaprensiva aumentan los precios para aprovechar la temporada y hacer una diferencia más grande”, contó.

Por su parte, Víctor Galarza que además de ser el defensor del pueblo de Jujuy es el vicepresidente 1° de Adpra, contó que el área con mayor cantidad de denuncias, dentro de las 40.000 que manejan al año, es la de Defensa al Consumidor —cuenta Galarza— y, dentro de ella, la de Servicios Nacionales, encabezando el ranking la telefonía móvil (que no es servicio público, “lamentablemente”, según el ombudsman) y el recientemente lanzado programa Hogar, que subsidia a las familias de bajos recursos y sin gas natural para comprar garrafas. “También estamos investigando incumplimientos de las obras sociales con los pacientes oncológicos”, enumeró.

En los pagos del mistol, los temas ambientales, principalmente en el embalse Río Hondo, están al tope de los reclamos en la Defensoría del Pueblo. “Pero también tenemos muchísimas denuncias que tienen que ver con las multas truchas, que no cumplen con las reglamentaciones nacionales”, contó Martín Díaz Achával, ombudsman santiagueño. “Utilizan radares en rutas nacionales sin tener autorización de Vialidad ni de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Son empresas privadas que les ofrecen esos servicios a algunos municipios y hacen multas que son completamente ilegales”, enfatizó.