La Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas denuncio al Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la menor salteña a la que se niega su derecho a interrumpir el embarazo. Un antecedente de El Salvador hace suponer que el organismo hará lugar a la demanda.
El cargo por el que el Estado Argentino fue denunciado es por obstrucción ilegal en la provincia de Salta de un aborto no punible. La presentación fue realizada por la secretaria general de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, la abogada Norma Chiapparrone. La periodista de Página 12 Mariana Carbajal informo que nuestro país deberá dar explicaciones ante el organismo internacional –si da curso a la demanda– por la arbitraria decisión del juez de Personas y Familia N° 2 de Salta, Víctor Soria, de prohibir el aborto no punible solicitado por la chica y su mamá “en abierta violación de la ley y del protocolo de atención de esos casos que rige en la provincia de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Chiapparrone declaró a ese medio nacional que realizó la denuncia ante la preocupación por el estado de salud de la chica. A fines de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en un caso de una joven de El Salvador a quien le impedían en su país un aborto terapéutico (ver aparte).
En su presentación ante la CIDH, Chiapparrone detalló los alcances del fallo del 13 de marzo de 2012 de la Corte Suprema de la Nación, que confirmó que cualquier mujer que resulta embarazada en una violación tiene derecho a un aborto no punible en la Argentina, y que al mismo tiempo ratificó la constitucionalidad del artículo 86 del Código Penal –que establece esta excepción–. En esa sentencia, el máximo tribunal aclaró que no se deben judicializar los pedidos ni exigir siquiera la denuncia penal por el ataque sexual para garantizar la práctica. Chiapparrone explicó que la Corte Suprema no tiene jurisdicción para hacer cumplir ese antecedente salvo que le llegue por vía de un recurso. “Pero ese procedimiento requiere un tiempo que en este caso puede ser fatal”, advirtió a este diario y a la CIDH.
La letrada considera que un antecedente ocurrido en El salvador, hace suponer que la denuncia que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos seguirá su curso. Y es que en una decisión histórica, el 30 de mayo último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado de El Salvador tomar todas las medidas médicas necesarias para asegurar, de manera urgente, la debida protección de los derechos a la vida e integridad personal de una joven de 22 años, identificada como Beatriz, que solicitaba un aborto no punible porque su vida corría peligro de continuar la gestación. En ese país centroamericano el aborto está criminalizado –y están previstas fuertes penas–, incluso cuando existen razones terapéuticas. De esta forma, el máximo organismo de derechos humanos del continente se pronunció en un caso de aborto. Beatriz padecía de lupus eritematoso sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea. Además, era madre de un niño de 14 meses y se encontraba en la semana 26 de un embarazo de un feto anencefálico, es decir, sin cerebro, una anomalía mayor incompatible con la vida extrauterina. La mujer había recurrido judicialmente hasta la Corte Suprema en su país, para lograr el permiso.
El caso generó la atención mundial. Finalmente, tras la resolución de la Corte IDH, Beatriz fue sometida a una cesárea, pues por lo avanzado del embarazo ya no se podía realizar un aborto y pudo interrumpir la gestación. La criatura que dio a luz, por ser anecenfálica, falleció como estaba previsto a poco de nacer. En su resolución, la Corte Interamericana consideró que la situación de Beatriz era de extrema gravedad y urgencia y que existía un riesgo de que sufriera un daño irreparable de sus derechos a la vida y a la integridad no sólo física, sino también mental, si continuaba con el embarazo.
