Dirigentes salteños respaldaron los pedidos que sus referentes nacionales hicieron a la Justicia Electoral para que se garantice la transparencia de las elecciones presidenciales de octubre próximo. Gonzalo Teruel
En el Congreso de la Nación y con el bochornoso antecedente de la votación en Tucumán, dirigentes de los distintos partidos opositores anunciaron esta semana la presentación de un petitorio a la Cámara Nacional Electoral para que se garantice la transparencia de las elecciones presidenciales del 25 de octubre. Según dijeron, se trata de un “acuerdo interpartidario” integrado por la UCR, el PRO, el Frente Renovador, la Coalición Cívica, el Partido Socialista y algunos sectores opositores del PJ para evitar el fraude en las próximas elecciones a través del robo de boletas y del conteo irregular de votos.
Los planteos suman casi una decena, abarcan a la votación propiamente dicha y al escrutinio (provisorio y definitivo) y fueron enumerados por los diputados Mario Negri de la UCR, Fernando Sánchez de la Coalición Cívica, y Patricia Bullrich del PRO, entre otros legisladores. “Que la Justicia Electoral provea a cada autoridad de mesa boletas en un 50% de la cantidad de electores de la mesa y que el presidente de mesa tenga la obligación de proveer todas las boletas de los frentes electorales cuando un elector manifieste no hallar su papeleta en el cuarto oscuro” pidieron porque, según creen, “esto es imprescindible para solucionar el fraude más común que es el robo de boletas organizado”.
Además exigieron que “la Justicia Electoral de cada jurisdicción publique la nómina completa de autoridades de mesa con 15 días de antelación a la fecha de los comicios” y que estas autoridades preferentemente docentes y funcionarios judiciales “concurran a un curso de capacitación obligatorio, a cargo de entidades académicas y profesionales no comprometidos partidariamente”. Y reclamaron que “la Cámara Electoral use papel carbónico en la confección del acta original del escrutinio con tantas copias como frentes electorales intervengan a fin de proveerles a los mismos una copia del original” para evitar diferencias entre las actas de escrutinio y las actas de los fiscales.
Los pedidos de la oposición incluyen también “la presencia de un delegado electoral por escuela” y la entrega de “informes de los operativos de seguridad a llevar a cabo el día de los comicios por parte de Gendarmería y el Ejército”. Y que “la Cámara Electoral exija a la Dirección Nacional Electoral una fórmula estadística que garantice que el flujo de carga de resultados electorales al final del comicios sea equilibrado y aleatorio, con distribución geográfica porcentual que signifique y una desviación estadística no superior ni inferior al 2% del resultado final para evitar la manipulación de tendencias”. De acuerdo a la opinión de Negri “estas medidas se pueden llevar adelante sin sesión en el Parlamento y sin reforma de la legislación electoral” porque, según agregó Sánchez, “son fácilmente aplicables por el Poder Judicial”.
Consultados por Cuarto Poder, dirigentes salteños confirmaron la inquietud por el desarrollo de los comicios de octubre y se mostraron de acuerdo con los planteos de sus referentes nacionales. El candidato a diputado de la UCR, Miguel Nanni, denunció que el sistema electoral “es perverso” porque “el Estado se desentiende de la fiscalización y deja esa responsabilidad en los partidos políticos”. “Estamos preocupados por lo que pueda pasar en otros lugares como Tucumán, La Rioja o Buenos Aires pero creemos que en Salta no va a pasar nada raro” profundizó y anticipó que “para evitar que nos hagan lo mismo que en las primarias cuando nos taparon y robaron votos del cuarto oscuro, esta vez vamos a fiscalizar junto a los amigos de Cambiemos”. La posibilidad de una fiscalización conjunta entre todos los partidos de la oposición fue descartada por Nanni que, no obstante, ya trabaja en la organización de un operativo de control con el PRO, la Colación Cívica y la UCR.
En un sentido parecido, el candidato a diputado del PO, Claudio Del Plá, recordó que “nosotros venimos denunciando la manipulación de la voluntad popular desde hace mucho, no de ahora” y llamó a modificar todo el sistema electoral y no sólo los procedimientos de votación. Según explicó el dirigente de izquierda, mecanismos como los “acoples” de Tucumán o los “lemas y sublemas” de Santa Cruz violentan la voluntad del votante “lo mismo que la falta de un verdadero espacio de discusión y debate que evite que las elecciones se definan por la presencia siempre discriminatoria en los medios y por el marketing político”. “Vamos a estar muy atentos para que no nos pase lo de Tucumán dónde nos robaron la elección”, agregó.
El titular del PRO, Martín de los Ríos, también recordó lo sucedido en Tucumán donde colaboró como fiscal por el Acuerdo del Bicentenario. “Las elecciones fueron aberrantes por el nivel de ilegalidad, corrupción e impunidad incluso de funcionarios provinciales y nacionales: la entrega de votos se realizaba abiertamente en el patio de la escuela, la interna oficialista del lugar llevó a que grupos distintos se enfrentaran con palos y cadenas, y la Policía y la Junta Electoral son parte de esa organización nefasta porque de hecho un candidato que intentó hacer ruido y denunciar la situación en los medios de comunicación terminó detenido hasta la noche” denunció y, a partir de esa violenta experiencia, coincidió en los planteos realizados a la Justicia Electoral.
El pedido
– Que la Justicia Electoral provea a cada autoridad de mesa boletas en un 50 por ciento de la cantidad de electores de la mesa.
– Que el presidente de mesa tenga la obligación de proveer todas las boletas de los frentes electorales cuando un elector manifieste no hallar su papeleta en el cuarto oscuro.
– Que la Justicia Electoral de cada jurisdicción publique la nómina completa de autoridades de mesa con 15 días de antelación a la fecha de los comicios.
– Que las autoridades de mesa concurran a un curso de capacitación obligatorio, a cargo de entidades académicas y profesionales no comprometidos partidariamente; que sean preferentemente docentes y funcionarios del Poder Judicial.
– Que la Cámara Electoral use papel carbónico en la confección del acta original del escrutinio con tantas copias como frentes electorales intervengan a fin de proveerles a los mismos una copia del original.
– Presencia de un delegado electoral por escuela, el cual surgirá de la elección de la Justicia Electoral local con aprobación de los apoderados de los frentes electorales.
– Informes de los operativos de seguridad a llevar a cabo el día de los comicios por parte de Gendarmería y el Ejército.
– Que la Cámara Electoral exija a la Dirección Nacional Electoral una fórmula estadística que garantice que el flujo de carga de resultados electorales al final del comicios sea equilibrado y aleatorio, con distribución geográfica porcentual que signifique y una desviación estadística no superior ni inferior al 2% del resultado final; a fin de evitar la manipulación de tendencias por parte de dicha Dirección, la cual deberá informar a la Cámara Electoral y a cada partido con antelación la fórmula de carga.
