El Hospital Papa Francisco se inauguró en 2013, pero es como si no hubiera ocurrido. Por lo menos eso muestran las crecientes críticas que la población expresa a través de medios de comunicación y ahora a través de sus representantes. Tanto es así que hoy  el Gerente del Hospital recibía a la concejal Romina Arroyo, integrante de la comisión de salud del Concejo Deliberante.

La visita surgió a instancias de los pedidos presentados por vecinos de la zona sudeste de la ciudad. La edil sostuvo al respecto que “nos manifestaron la falta de equipamiento y de habilitación de los quirófanos, entre otros puntos. Se trata de un Hospital que fue inaugurado con bombos y platillos pero sin embargo desde octubre que no cuenta con los servicios habilitados teniendo el potencial de poder ser un centro de derivación y de descompresión importante para la ciudad y la provincia”

Luego de participar de reuniones con vecinos y recibir reiteradas quejas, la edil solicitó que se reciba en el nosocomio a los concejales de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante para realizar un recorrido formal por el mismo.

En este marco, la concejal fue contundente: “queremos que los médicos y el personal nos expliquen formalmente que está sucediendo y que el Ministro de Salud nos de respuestas. La salud es un ámbito que nos compete a todos. Como concejal y vecina tengo la obligación de comprometerme en las posibles soluciones. Estuve reunida con vecinos de la zona que manifiestan estar decepcionados por la falta de insumos e infraestructura deficiente. En este sentido pude corroborar que en el Hospital Papa Francisco están sin habilitar por PROFICCSSA los quirófanos, también se encuentran cerradas: la sala obstétrica, la terapia intensiva, el Servicio de Hemoterapia y de Anatomía Patológica, además de la falta de materiales quirúrgicos, la carencia de anestesista y la sala de internación cerrada”.

Cabe destacar que la salud pública es una obligación constitucional que atañe al gobierno provincial por sobre el municipal, y que por ende la legislatura salteña es la responsable de controlar. Como es de dominio público, las cámaras legislativas recién comienzan a trabajar a partir del 1 de abril.

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