Luego de que tomara estado público que el ex policía Luis Chocobar fue recibido en la Central de Policía por el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz y el jefe de Policía José Ibarra; la Mesa de Derechos Humanos pidió explicaciones al Gobierno. Aunque es más que obvio que la linea política de la cartera de seguridad es tan derecha y humana como en los años 70.

Luis Chocobar presentó en Salta la recientemente creada fundación, que lleva su nombre y que busca «brindar asistencia legal, técnica, psicológica, médica, sanitaria, social, alimenticia, económica y toda otra necesaria, a los miembros de las fuerzas de seguridad de todo el país».

Desde sus redes sociales Chocobar informó de los convenios con la Policía de Salta y agradeció a los funcionarios de la cartera de Seguridad por haberlo recibido.

Allá por mayo de este año, el Tribunal Oral de Menores 2, condenó a Chocobar a dos años de prisión en suspenso por el «homicidio con exceso en el cumplimiento del deber» a Juan Pablo Kukoc de 18 años. También dispuso una inhabilitación especial por cinco años para desempeñarse en funciones operativas con la utilización de armas de fuego.

«El Tribunal dictó una condena, eso quiere decir que los jueces consideraron que lo que hizo Chocobar es un crimen.

Ningún policía puede perseguir y disparar por la espalda», reclamaron los miembros de la Mesa.

Sin embargo, Chocobar sí lo hizo. El casi fue que su víctima, Juan Pablo Kukoc, de 18 años, había asaltado y herido a un turista. Eso llevó a que se cree una gran grieta entre los que apoyaron el accionar de Chocobar y los que estuvieron en contra.

Lo cierto es que el ex policía fue procesado en enero de 2018 por homicidio agravado por uso de arma y exceso de legítima defensa.

Fue recibido por Mauricio Macri en la Casa Rosada y defendido por su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Luego de confirmarse su exoneración de la fuerza, se organizó una campaña en redes sociales para juntar dinero para la esposa del condenado, que debía pagar un embargo de 400 mil pesos sobre sus bienes.

Recibió cerca de dos millones de pesos en donaciones, con lo que no sólo saldó la deuda, sino que utilizó el resto para crear una fundación para ayudar a policías procesados.

No es ninguna sorpresa que el ex policía haya presentado su fundación en Salta, provincia en la que el ministro de Seguridad ataca públicamente a los fiscales que procesan a policías de gatillo fácil y que causan terror a través de lesiones, se arman causas, se amenazan a los sectores más vulnerables, no vacila en reprimir a sectores que se movilizan por sus derechos a alimentos, viviendas, trabajo y libertades. Dejando de lado que maneja el mercado negro de la coca.

Recordemos que en diciembre de 2018, Patricia Bullrich oficializó la reglamentación del uso de armas de fuego y habilitó a las fuerzas de seguridad a disparar sobre personas en situación de fuga y cuando se vean superados en número. Pero al sumir la nueva gestión, en diciembre del 2019, Sabina Frederic dejó sin efecto esa reglamentación

Cristina Cobos, como referente de la Mesa de Derechos Humanos, criticó así la posición del Ministerio de Seguridad de la provincia y la Policía, porque este tipo de disposiciones terminan avalando acciones como las desplegadas por Chocobar, reprimiendo y asesinando por encima de la prevención del delito.

La explicación fue que el Jefe de la Policía «recibe a todos», pero esto no fue lo que pasó con Cobos y la Mesa de Derechos Humanos, que nunca tuvo acceso a la misma entrevista.

Pulleiro directamente afirmó que “no hay relación” entre los organismos de derechos humanos y él.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos de Salta, informó durante esta semana que en lo que va de este año se presentaron más de mil denuncias por abuso y maltrato contra efectivos de la fuerza de seguridad.

Si el encuentro entre Chocobar y miembros del Ministerio de Seguridad, ya había provocado el repudio de la Mesa de Derechos Humanos de Salta, peor se puso la cosa cuando se dio a conocer la manifestación del INADI, que expresó su preocupación por el respaldo de la provincia a prácticas de violencia institucional.

En tanto, la gente de Pulleiro, negaba (como es su costumbre) haber realizado convenios de colaboración con la Fundación Chocobar, como lo comunicó la organización, «sin fines de lucro», el pasado 24 de junio.

Otra que pasó sus números es la delegación de Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que comunicó que, desde julio del año pasado hasta hoy, recibieron 50 denuncias a través del sistema web del organismo. De ese número, al menos 15 son de la primera mitad del año y la mayoría de ellas proviene de comunidades indígenas del interior provincial.

El encuentro entre funcionarios del gobierno provincial y Chocobar, dejó un claro mensaje de parte de este sector del Gobierno Provincial, de respaldo a prácticas de vulneración de los derechos humanos y a favor de la violencia institucional. Siempre a contramano del gobierno nacional que busca justamente lo contrario.

Desde la Dirección de Asistencia a la Víctima del INADI comunicaron que durante el 2020 el ámbito de las fuerzas de seguridad reunió el 3% de las consultas recibidas por prácticas discriminatorias, siendo uno de los diez ámbitos más consultados por la población, considerando que la puesta en funcionamiento del Comité de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la provincia debe ser inmediata. Queda en manos de Ricardo Villada, mostrar que el organismo que contiene secretarias como Derechos Humanos y Justicia y el maneja, no seguirá políticas como las de Pulleiro y dejará de demorar una acción tan importante como la puesta en marcha del Comité, que ya lleva 18 meses de atraso.

El nombramiento de Verónica Simesen de Bielke como fiscala de Derechos Humanos, permitió contabilizar los casos y logró imputar a 67 efectivos policiales, de enero a marzo y solicitó juicio en 11 causas.

Sin embargo, en junio de 2020, el ministro de Seguridad, militar retirado y negacionista profesional afirmó ante la Cámara de Diputados de Salta que las denuncias contra efectivos por procedimientos abusivos y de violación a los derechos humanos, son «casos particulares» y no un accionar «sistemático».

Es por ello que no sorprendió que el ex policía desembarcara en Salta con su fundación, dado que se trata de una provincia que tiene como ministro de Seguridad a una persona que ataca públicamente a los fiscales que procesan a policías de gatillo fácil.

La cantidad de efectivos procesados por hacer abuso de la fuerza policial, tiene relación directa con que el propio ministro de Seguridad, «está más cerca del concepto de dictadura, que de la vigencia de los derechos humanos».

Pulleiro fue comandante de la V Brigada de Montaña con asiento en Salta. En ese cargo, el 28 de mayo de 2017 encabezó un acto de homenaje en el 42º aniversario del denominado Combate de Manchalá y en su discurso dijo «nosotros somos los herederos de los valores y tradiciones de la vanguardia del Ejército del Norte y de los soldados salteños que combatieron por la independencia en Manchalá». Aunque no todos lo veamos de la misma manera.