La obra pública ahora cuenta con nuevos parámetros de costos, ya que la Unidad Central de Contrataciones definió los valores de insumos y flete carretero para la revisión de contratos y presupuestos.
La provincia de Salta, a través de su Unidad Central de Contrataciones (UCC), ha dado un paso fundamental para la gestión económica de la obra pública al aprobar los precios finales de los insumos y del flete carretero. Estos valores, correspondientes al mes de febrero de 2026, fueron oficializados mediante la Disposición Nº 33, publicada en el Boletín Oficial este martes 7 de abril, marcando una pauta clara para el sector de la construcción pública.
La decisión de la UCC no es menor, ya que estos nuevos parámetros actuarán como pilares de referencia en el sistema de redeterminación de precios de los contratos de obra pública. Esto significa que cada proyecto y cada acuerdo contractual en ejecución podrá ser ajustado de manera transparente y equitativa, en función de las fluctuaciones económicas y los costos reales del mercado. La inclusión del flete carretero dentro de esta actualización es crucial, dado su impacto directo en el costo final de cualquier material transportado a las distintas locaciones de obra.
Desde el organismo responsable, se enfatizó que esta medida forma parte de una política de actualización constante. Mensualmente, se elabora un listado detallado de valores que cumple una doble función estratégica: por un lado, establece precios testigo que sirven como guía y control en las licitaciones y contrataciones; por otro, facilita una evaluación precisa de los costos involucrados en cada etapa de los proyectos, y lo que es más importante, permite la renegociación de contratos cuando las variaciones económicas así lo demandan. Esta flexibilidad es vital en un entorno económico dinámico, donde los precios de los insumos pueden sufrir cambios significativos en cortos periodos de tiempo.
Un punto clave a considerar es la temporalidad de estos valores. Debido a que la UCC informó que los precios aprobados mantendrán su vigencia mientras subsista la emergencia económica provincial. Esta condición está amparada por el marco legal de la Ley Nº 7.125 y sus sucesivas prórrogas, lo que subraya la intención del Gobierno provincial de adaptar la gestión de la obra pública a las realidades económicas actuales, buscando garantizar la continuidad y viabilidad de los proyectos de infraestructura en un contexto desafiante.
La medida busca, en última instancia, aportar mayor previsibilidad y transparencia al sector, beneficiando tanto a las empresas constructoras como a la administración pública.
