Un decreto de Macri devuelve a las Fuerzas Armadas la autonomía en la organización y dirección de cada fuerza y garantiza a los militares poder sobre ascensos, traslados y designaciones. Defensa dice que se trata de un “reordenamiento administrativo”.
“Hemos comenzado una nueva etapa en la vida de nuestro país, la cual impulsa a dejar atrás enfrentamientos y divisiones”, dijo el presidente Mauricio Macri al saludar a los oficiales por el Día del Ejército. Dos días después, el 31 de mayo, apareció en el Boletín Oficial el decreto 721 que les restituye a los militares un poder de autonomía que había sido limitado ya por el entonces presidente Raúl Alfonsín. Las decisiones sobre las conducciones de cada una de las Fuerzas Armadas, pases y destinos y la contratación de personal docente quedan, entre muchas otras, en manos militares. El diputado del Parlasur y ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, consideró que “es el retroceso más importante en la conducción civil de las Fuerzas Armadas modificando un decreto fundacional de Alfonsín del 84”. Página/12 consultó al Ministerio de Defensa y a través del director de Asuntos Jurídicos, Pablo Tosco, explicó que “no existe tal retirada del control civil del Ministerio sino que se trata de un reordenamiento de tareas administrativas”.
“Resulta oportuno ordenar y actualizar el régimen de delegación de facultades en el Ministerio de Defensa y en los jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas, adaptándolo a las modificaciones en la organización institucional del Gobierno nacional”, reza uno de los considerandos del decreto. En tren de delegaciones, Rossi señaló que, por ejemplo, los jefes pueden definir la conducción de las fuerzas, salvo el jefe del Estado Mayor que lo define el Presidente, definir traslados del personal superior sin necesidad de informarle al ministro. “En términos políticos durante todos estos años la democracia fue generando la conducción civil de la Defensa, quitándoles márgenes de autonomía a las Fuerzas Armadas, con este decreto se vuelve a empoderar a los jefes de las fuerzas”, interpretó Rossi en diálogo con este diario y lo enmarcó en la concepción general del gobierno de Cambiemos: “Es la impronta del Gobierno. Macri hizo su primera privatización sin que nos diéramos cuenta: privatizó la política y se las dio a las corporaciones”. Las Fuerzas Armadas son una de las corporaciones beneficiadas.
Desde el ministerio que conduce el radical Julio Martínez, Tosco insistió en que “se trata de reordenar el trabajo administrativo. Hace cuatro años que la estructura de mandos no estaba aprobada. Todos los generales, por ejemplo, no tenían designaciones”. El control civil relentizó en muchos casos los nombramientos, el tema en cuestión es que autonomizar el funcionamiento de la estructura militar implica perder control sobre decisiones que impactan sobre la autoridad política.
El equipo de asesores de Rossi elaboró un detallado informe sobre algunas de las consecuencias prácticas del decreto 721 que todavía no fue reglamentado. Algunas de las objeciones son las siguientes.
– Le quita al ministro la facultad de disponer los cambios de destino, otorgando esta facultad a los Jefes. Hasta ahora los Jefes sólo podían disponer los cambios de destino del personal subalterno y del superior hasta el grado de teniente coronel o equivalente en la Armada y la Fuerza Aérea.
– Respecto a las designaciones del personal militar, limita la facultad del Ministro a la “conducción superior” de la Fuerzas (que el decreto no define).El decreto anterior 436/84 establecía que el ministro podía realizar designaciones a partir del grado de coronel o equivalente (más amplio que conducción superior, ya que un coronel puedo no ser designado en la conducción superior). Hasta ahora los Jefes sólo podían disponer los nombramientos del personal subalterno y del superior hasta el grado de teniente coronel o equivalente.
– En materia de educación se transfirieron facultades del Ministro a los Jefes como designar al personal militar retirado en funciones docentes.
Las designaciones realizadas por el ministro son controladas por las distintas áreas de la cartera, Derechos Humanos, Transparencia Institucional, por lo cual al limitar esa facultad se evita el control de los antecedentes del personal militar. Tosco justificó esa decisión en que la norma no impide los controles. El tema es que tampoco los explicita. Este diario le comentó que las resoluciones de las gestiones, sobre todo, de Nilda Garré, establecen controles estrictos para evitar que accedan a la función docente militares retirados con antecedentes cuestionables y que esas resoluciones ya no aparecen en la página web de Defensa, el director de Asuntos Jurídicos aseguró que “las resoluciones están vigentes, ninguna fue derogada. Tomamos la crítica y cargaremos en la web las resoluciones”.
La recontratación de personal retirado fue siempre un atajo que usaron los militares para beneficiar a los amigos. El motivo es que por el conocido artículo 62, la condición de retirados en servicio les permite acceder al ciento por ciento del sueldo en actividad, una diferencia notoria teniendo en cuenta los complementos no remunerativos que pierden al pasar a retiro. La docencia y las asesorías fueron los destinos más habituales. Aún con la vigencia del control ahora derogado, los jefes militares se las ingeniaban para asegurarle conchabo a sus amigos. Quizás el caso más notorio fue el del contralmirante Roberto Pertusio con orden de prisión desde noviembre del 2006 por delitos de lesa humanidad que en el 2008 revistaba como asesor del jefe de la Armada, Jorge Godoy. Después de que Página/12 lo revelara se estrecharon los controles sobre los nombramientos de retirados. Ahora los jefes recuperan potestad y dependerá aparentemente de la voluntad del Ministerio ejercer alguna revisión.
Una de las resoluciones de Garré que más había avanzado sobre el control civil de los mandos fue la 1319 de noviembre de 2008 que en el marco del decreto de Alfonsín, ahora derogado, establecía que los jefes militares “deberán elevar a consideración del Ministerio de Defensa la nómina del personal militar a partir del grado de coronel o equivalente con las designaciones o cambios de destinos propuestos”. El deceto firmado ahora por Macri y Martínez implica la derogación de hecho de esa resolución que ponía en boca del ministro de Defensa la última palabra y tanta resistencia había provocado entre los oficiales.
El cambio de paradigma en Defensa está teniendo distintos síntomas y el decreto que le restituye atribuciones a las Fuerzas Armadas es uno de los ellos. El acercamiento a los Estados Unidos para estrechar vínculos bilaterales sumadas a las versioens no desmentidas oficialmente sobre la posible instalación de una base militar de ese país en Tierra del Fuego son otros de los más preocupantes.
Fuente: Página 12