Una comunicación interna, enviada el viernes al mediodía a los directores de escuelas del Distrito 10 de la Ciudad, que tiene a su cargo los establecimientos educativos ubicados en los barrios de Belgrano, Núñez y Saavedra, les pide que informen qué familias adhirieron al DNU presidencial de suspensión de las clases para denunciarlos por “vulnerar” el derecho de sus hijos a la educación. 

La copia del mail se filtró y circuló en las redes sociales durante el fin de semana, generando miedo y preocupación entre las familias que no están mandando a sus chicos a la escuela por la segunda ola de contagios.
El mismo viernes les pidieron a los docentes los nombres para armar un listado.
La directora de un colegio privado reveló que la supervisora de su distrito escolar le sugirió, a ella y otras directoras, “que labrasen actas para registrar formalmente” a las familias que adhirieron al DNU.
La semana pasada, en las escuelas de CABA hubo directivos que prohibieron a los docentes dar clases virtuales a los alumnos que se quedaron en casa, a raíz del DNU.
Otros fueron acusados de “hacer política” por haber escrito a las familias que les mandarían trabajos prácticos.
La instrucción que recibieron los directivos es que reenvíen los mails de las familias que escribieron a las escuelas manifestando que adherían al DNU, por lo que sus hijos no irían a clases presenciales por los 15 días de su vigencia. Al filtrarse por las redes sociales, hubo dudas sobre si se trataba de un mensaje apócrifo porque la dirección desde la que fue enviado no termina en @bue.edu.ar, que corresponde a los correos oficiales del sistema.
Un docente confirmó que, como tiene acceso al correo de su escuela pudo ingresar a los mails de su lugar de trabajo y corroborar la existencia de la comunicación, que quedo incluso registrada con el número interno 193.
La directora de una escuela primaria privada de CABA confirmó que los privados también recibieron una «sugerencia» del mismo tipo, que confeccionáramos actas con las familias que adhirieron al DNU. Que la supervisora que lo envió dijo que lo recomendaba a título personal y en respuesta «a las consultas que venía recibiendo».
Desde el gremio docente UTE, que el lunes entró en su sexto día de paro, repudiaron las acciones de discriminación y amedrentamiento a las familias que apoyaron la suspensión de las clases presenciales. «Todo esto sucede porque el gobierno de la Ciudad está presionando para aumentar la presencialidad.  Algunos  directivos hacen propias estas presiones; otros,  aún a riesgo de recibir sanciones laborales, priorizan el cuidado, la salud, la vida y el cumplimiento de las leyes por sobre la campaña electoral de Rodríguez Larreta», explica UTE, que acaba de presentar una denuncia penal contra el gobierno porteño por haber incumplido tanto el DNU que suspendió las clases como la orden de la justicia federal que ratificó su vigencia. El escrito pide que se investigue al jefe de gobierno porteño por violar el artículo 205 del Código Penal, que establece penas de seis meses a dos años de prisión «el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia».
La demanda quedó a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita.