Un informe del Centro de Estudios Metropolitanos muestra que en 2016 creció la desproporción de los ingresos en el área. Este año, el gobierno bonaerense profundizará las diferencias a través de la obra pública.
La desigual distribución de la riqueza no sólo se agudizó por la pérdida real de salarios y jubilaciones en 2016, sino que empeoró también por la desigualdad de ingresos de los municipios. Un detallado trabajo del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) precisa que, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tuvo un ingreso presupuestario –lo que se dedica a obras y servicios– de 20.022 pesos por habitante, mientras que Florencio Varela tiene un presupuesto de 1416 pesos por habitante, es decir 14 veces menos. Pero la desproporción de recursos no es sólo con la Ciudad de Buenos Aires, sino que se manifiesta también entre municipios del Gran Buenos Aires. Vicente López registra ingresos de casi 6000 pesos por habitante, cuatro veces más que La Matanza o Moreno. Lejos de mitigar esa desigual distribución de la riqueza, el gobierno de Cambiemos prevé aumentarla en 2017 con uno de los factores clave: la obra pública (ver aparte). El presupuesto bonaerense está orientado a beneficiar a los intendentes de Cambiemos y a perjudicar a los de otras fuerzas políticas. Por ejemplo, Berazategui recibirá obra directa por 240 pesos por habitante, mientras que Tres de Febrero, gobernado por Cambiemos, cerca de 1900 pesos por habitante, ocho veces más.
Las conclusiones sobre la desigualdad en los ingresos municipales surgen del estudio que el CEM hizo sobre los primeros seis meses de 2016, último período con estadísticas disponibles. El CEM es un centro interuniversitario producto de un acuerdo entre la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (UMET), la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham. El objetivo del CEM es estudiar las problemáticas del Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA), es decir de la Ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense.
“La desigualdad de presupuestos públicos potencia la desigualdad socioeconómica presente en el área metropolitana –señala Matías Barroetaveña, director ejecutivo del CEM–. El gobierno nacional dispone de las herramientas para compensarlas por vía de la inversión pública. Pero lo que no hay es decisión política. La desigualdad en los recursos públicos es acompañada por una desigual inversión privada en un círculo que se retroalimenta. Una baja en la presencia estatal se acompaña de mayor informalidad en la economía y en el mercado de trabajo y un menor acceso al ejercicio de los derechos. Nuestra tarea desde el CEM es estudiar y visibilizar las causas de esta desigualdad para poder proponer políticas públicas que garanticen una sociedad cohesionada socialmente, única forma de lograr gobernabilidad y desarrollo de largo plazo”.
Pérdidas
El CEM parte del análisis de que ya hubo en 2016 un aumento en la desigualdad en todo el área metropolitana. En primer lugar, por la pérdida del poder adquisitivo de los sectores de menores recursos.
Los datos que enumeran son categóricos:
Si se toma en cuenta la inflación medida por el Instituto de Investigaciones de los Trabajadores (IET), vinculado a la UMET, que fijó el aumento en el 41,1 por ciento, la caída del salario real fue de 6,6 por ciento. Hay otros estudios que ubican la inflación en niveles todavía más altos y pérdidas del salario real aún peores.
El aumento en la cantidad de pobres fue de 1.200.000.
Ese deterioro fue mayor en las zonas urbanas que en las rurales, ya que las urbes sufrieron una mayor influencia del aumento de tarifas, mientras que a los sectores del campo se le redujeron o directamente suprimieron las retenciones.
De acuerdo al censo de 2010, en el área metropolitana hay 2.200.000 jubilados. Como el aumento que se otorgó a los jubilados fue del 31,7 por ciento, la pérdida de poder adquisitivo fue del diez por ciento o más.
Lo mismo perdieron los padres y madres del millón de niños que cobran la Asignación Universal por Hijo.
El mismo deterioro –o más– sufrieron los trabajadores no registrados y los 700.000 desocupados del AMBA.
“Esta crisis de ingresos consolida la desigualdad del AMBA. Este fenómeno se retroalimenta con presupuestos públicos asimétricos y, por ende, desiguales capacidades estatales. El aumento de las desigualdades socava la gobernabilidad del área”, concluye el estudio del CEM.
Presupuestos
Todo el cuadro se agudiza si a la creciente desigualdad que sufrieron los habitantes del AMBA en 2016 se le suman las desigualdades en los presupuestos de los municipios en los que viven. “Una gran herramienta para conocer la capacidad y los límites de los estados municipales es el análisis comparado de los presupuestos locales –señala el CEM–. Es un factor muchas veces invisibilizado. Y lo que se percibe es la desigualdad en esos presupuestos metropolitanos. Es importante entender que el presupuesto de cada jurisdicción es un plan (pensado a futuro) donde se estiman los ingresos y egresos de la jurisdicción en cuestión, para un año fiscal determinado. Los egresos implican, entre otras cosas, proveer de bienes y servicios a los ciudadanos. Los ingresos implican las diversas fuentes de recursos destinadas a cubrir esos gastos”.
Esto significa que si el presupuesto de un municipio, calculado por habitante, es mucho menor en un municipio que en otro, constituye un factor de desigualdad que hace a la vida diaria: peor limpieza, peor asistencia sanitaria, más dificultades educativas y recreativas, peor situación del transporte y, en general, una diferencia abismal en los servicios que brinda un municipio.
“Una primera aproximación a las finanzas locales permite reafirmar una hipótesis inicial: la gran disparidad en la percepción de ingresos. Por ejemplo, mientras el municipio de Florencio Varela obtuvo en seis meses 1416 pesos por persona, el partido de Vicente López percibió cuatro veces más (5797 pesos). Es necesario destacar que el tamaño poblacional no indica la magnitud de la economía local ni la capacidad de pago del Estado. Como era de esperar, la mayor desigualdad se da entre la Ciudad de Buenos Aires, CABA, y los municipios del Gran Buenos Aires. Al igual que en cualquier otra arista que uno tome, la Ciudad de Buenos Aires se destaca por la abundancia de recursos (en este caso, más de 20.000 pesos por persona). Ante esto, es necesario realizar dos importantes aclaraciones. En primer lugar, la Ciudad recibe diariamente cientos de miles de personas que trabajan y contribuyen a la economía y los impuestos de la jurisdicción. Esas mismas personas también utilizan los servicios públicos. En segundo lugar, mientras el Gobierno porteño debe afrontar con recursos propios una serie de responsabilidades (como salud y educación), en las jurisdicciones vecinas el gobierno provincial asume esa competencia. Más allá de estas aclaraciones las diferencias presupuestarias son gigantescas”.
Por supuesto que los municipios que tienen población con mayor poder adquisitivo son los más beneficiados: recaudan más, tienen mayores presupuestos. Como es obvio, cada municipio tiene sectores más acomodados y más de clase media, pero lo que se observa es una situación muy distinta del conurbano, en comparación con la Ciudad de Buenos Aires.
Deuda
Un ingrediente importante en la situación es la deuda de cada municipio y, sobre todo, la incidencia de los intereses, los servicios de la deuda que cada municipio tuvo que pagar en 2016. Un distrito que tiene muchos ingresos, pero que tiene que dedicar una gran parte a pagar los intereses de su deuda, deja de tener los ingresos disponibles.
“Un segundo elemento a considerar es el monto que cada gobierno local destina a los compromisos financieros con sus acreedores –señala el CEM—. Estos gastos están compuestos por las amortizaciones y pagos de capital, intereses, comisiones y gastos, originados por operaciones de crédito público. Existe cierto consenso en que hay ocasiones en las cuales es propicio tomar financiamiento. Sin embargo, también hay un acuerdo mayoritario en torno a la idea de que es necesario considerar dos dimensiones para asegurar gobernabilidad y previsibilidad: el nivel de deuda que se asume y el destino que se le da a esos fondos. En este caso nos centraremos en la primera dimensión: el nivel de deuda. Para eso resulta útil comparar el peso de los gastos en servicios de deuda sobre el total de gastos de cada municipio”.
Pese a que la Ciudad de Buenos Aires pagó 1700 millones de pesos de servicios de la deuda en el primer semestre de 2016, por la dimensión de su presupuesto, el peso es apenas del tres por ciento de sus ingresos. En la otra punta, Almirante Brown o Florencio Varela pagaron ocho veces menos, pero como tienen un mucho menor presupuesto, la deuda afecta el 28 por ciento y el 26 por ciento de sus ingresos. Una proporción altísima. Vicente López (855 pesos por habitante) y la Ciudad de Buenos Aires (556 pesos por habitante) son los que más pagaron en 2016, pero sus ingresos son tan importantes que se trata de una deuda manejable para esos distritos. En cambio, el endeudamiento en Almirante Brown o Florencio Varela hace prever una situación difícil.
Política
Sólo las políticas estatales pueden cambiar los niveles de desigualdad existentes. Se percibe claramente respecto de trabajadores, jubilados y quienes reciben la Asignación Universal por Hijo. Y lo mismo ocurre con los ingresos de los municipios. El estudio del CEM demuestra que los presupuestos de cada distrito requieren de la mano de los gobiernos para amortiguar de las desigualdades.
La obra pública debería ayudar a esa reducción en las desigualdades, pero la perspectiva para 2017 parece ir en el sentido opuesto de lo que se necesita (ver aparte). La desigualdad se agiganta, no se reduce.
Fuente: Página 12