Mientras Nación anticipa restricciones para el invierno, industrias salteñas ya calculan pérdidas, la política improvisa diagnósticos geológicos dignos de sobremesa y Naturgy opera en el NOA en medio de denuncias ambientales. Se reaviva una vieja sensación norteña: aportar energía al país para después quedarse mirando la hornalla apagada.
Jerson De Cecco
Hay una postal que resume el drama energético argentino con una precisión incómoda: Salta produce gas, pero teme quedarse sin gas. La provincia que durante décadas alimentó parte de la matriz energética nacional entra cada invierno con el mismo reflejo condicionado con el que otros revisan si tienen frazada extra: la sospecha de que el suministro puede no alcanzar. Esta vez, sin embargo, el asunto dejó de ser una percepción histórica del norte profundo para convertirse en una advertencia oficial.
La Secretaría de Energía de la Nación confirmó restricciones en el suministro de gas para los meses de mayor consumo y el efecto dominó ya empezó a sentirse en el NOA. El problema amenaza directamente a la estructura productiva regional: la zafra, el citrus, el tabaco, las cerámicas y distintos sectores industriales dependen del gas para sostener procesos continuos de producción. Cuando el gas falta, las máquinas no esperan.
La ecuación que describen empresarios e industriales es brutalmente simple: o se reduce la actividad, o se afrontan costos operativos sin producir, o se compra GNL importado a precios siderales. La Unión Industrial de Salta lo resumió con una frase que parece tragedia: “el gas sobra, pero no hay capacidad para transportarlo”.
Ahí aparece el verdadero núcleo del conflicto. Porque el problema no es estrictamente de recurso, sino de infraestructura. Vaca Muerta produce. Neuquén exporta expectativas. Pero el norte sigue dependiendo de obras inconclusas, reversión de gasoductos demoradas y un esquema de prioridades donde la demanda residencial del centro del país absorbe primero la protección estatal y recién después aparece el interior. Federalismo térmico, podría llamarse.
Argentinos de segunda, pero con gas propio
Fue en ese contexto que el gobernador Gustavo Sáenz decidió romper el tono diplomático habitual y grabó un mensaje directo para reclamar garantías de abastecimiento. La frase que eligió no fue casual: “No podemos seguir siendo argentinos de segunda”.
La expresión conecta con una memoria regional muy específica. Salta no es una provincia periférica en términos energéticos. Durante décadas fue proveedora estratégica de gas para el país. Desde los yacimientos del norte salieron recursos que abastecieron industrias y ciudades a miles de kilómetros de distancia. Hoy, sin embargo, la provincia debe implorar previsibilidad para atravesar el invierno.
El reclamo reposa en una paradoja histórica: “desde nuestra tierra salió energía para abastecer y hacer crecer al país”, recordó.
El problema ya escaló institucionalmente. La Cámara de Diputados de Salta aprobó una declaración reclamando gestiones urgentes ante Nación para garantizar el abastecimiento. El Senado provincial hizo lo propio y sumó advertencias sobre la paralización de obras clave, especialmente la reversión del Gasoducto Norte. La preocupación dejó de ser sectorial para transformarse en consenso político transversal. Cuando oficialistas y opositores coinciden en algo en Argentina, normalmente es porque el incendio ya se ve desde la ruta.
El senador Esteban D’Andrea agregó otro ingrediente sensible: la desregulación de precios. Porque aun cuando llegue el gas, nadie garantiza que llegue barato. El norte argentino podría quedar atrapado entre dos variables explosivas: escasez física y costos crecientes. Una combinación particularmente elegante para economías regionales que ya vienen golpeadas.
Soluciones Davids Cornejo
En medio de esa discusión técnica, económica y geopolítica, la Legislatura salteña regaló uno de esos momentos que justifican la existencia misma del archivo parlamentario.
La diputada libertaria María Elena Davids Cornejo intentó relativizar las críticas hacia el Gobierno nacional y lanzó una frase que quedará orbitando varios inviernos: en Salta “cavás un pozo y sale gas”.
La sentencia produjo un silencio apenas interrumpido por algunas risas incrédulas. Nadie sabía bien si la legisladora estaba describiendo una provincia hidrocarburífera o improvisando un episodio perdido de Los Picapiedras. Porque si efectivamente bastara con una pala y entusiasmo, probablemente la Secretaría de Energía estaría repartiendo cucharas en vez de licencias de exploración.
El momento alcanzó un nivel de desconcierto tal que la encargada de devolver racionalidad al debate fue la diputada Mónica Juárez, a quien nadie se atrevería de calificar de especialista energética. En una Legislatura acostumbrada a los excesos discursivos, la escena logró destacarse igual.
Pero detrás de lo pintoresco hay algo más serio: la enorme distancia entre la complejidad técnica del sistema energético y la liviandad con la que muchas veces se discute públicamente. El abastecimiento de gas no depende de intuiciones geológicas ni frases efectistas. Depende de infraestructura, contratos firmes, transporte, almacenamiento y planificación. Conceptos tremendamente ajenos al glosario de la ultraderecha libertaria.
Naturgy: la nueva cara de una vieja historia
Mientras el debate político gira alrededor del abastecimiento, otro fenómeno empezó a instalarse silenciosamente en la vida cotidiana salteña: las boletas dejaron de decir Gasnor y comenzaron a llegar bajo el nombre de Naturgy.
El cambio parece menor, apenas una modificación de branding corporativo. Pero detrás de esa mutación estética aparece una estructura multinacional gigantesca y una historia empresarial íntimamente ligada a las privatizaciones de los años noventa.
Naturgy nació en España y desembarcó en Argentina en 1992, en pleno proceso de desguace de Gas del Estado. Primero controló Gas BAN en Buenos Aires y luego consolidó presencia en el NOA. En 2019 asumió formalmente la gestión de Gasnor y en 2024 completó el rebranding regional bajo la marca Naturgy NOA.
La empresa administra hoy más de 573 mil clientes sobre un área de 370 mil kilómetros cuadrados y una red de aproximadamente 12 mil kilómetros. Una dimensión colosal para una compañía cuya presencia pública en Salta, hasta hace poco, pasaba relativamente desapercibida.
Eso cambió abruptamente con las obras sobre avenida Perón.
La ciclovía, los árboles y la pedagogía del progreso
Naturgy quedó en el centro de la escena local tras la denuncia presentada por la Municipalidad de Salta por daños ambientales durante trabajos vinculados a un tendido de gas de alta presión.
El municipio acusó a la empresa y a su contratista de continuar las tareas pese a órdenes de paralización y sostuvo que existe daño mecánico sobre el sistema radicular del arbolado urbano. La cifra que manejan las inspecciones es impactante: más de cien ejemplares podrían haber resultado afectados a lo largo de la traza intervenida.
La obra busca aumentar presión de gas hacia La Almudena, El Tipal y San Lorenzo. Es decir: infraestructura para expandir capacidad energética en zonas de crecimiento urbano acelerado. Otra vez la contradicción argentina aparece intacta. Se reclama más gas, pero las obras para llevarlo generan conflictos ambientales, judiciales y políticos.
La Municipalidad llevó el caso a la Justicia penal y pidió frenar inmediatamente todos los trabajos. El expediente habla de “degradación ambiental constatada” y advierte sobre riesgo de daños irreversibles. También solicita medidas urgentes para evitar caída de árboles afectados.
La escena tiene algo de ironía involuntaria. Mientras la provincia discute cómo garantizar energía para atravesar el invierno, una de las principales distribuidoras del país queda cuestionada precisamente por expandir infraestructura energética. Desarrollo versus impacto ambiental: la discusión global aterrizada en una ciclovía salteña.
Aunque quizá el punto más incómodo sea otro. Naturgy no es solamente una empresa cuestionada por una obra puntual. Representa además el nuevo rostro de una lógica donde servicios estratégicos quedan cada vez más concentrados en corporaciones multinacionales cuya relación con el territorio suele ser estrictamente operativa. Las formas modernas de colonización energética ya no desembarcan en carabelas; llegan con manuales de marca, call centers y departamentos legales.
