El hallazgo de casi media tonelada de cocaína en un vehículo de la policía salteña engrosa el prontuario de una fuerza cada vez más cuestionada. Un repaso por el amplio compendio de conexiones entre el narcodelito y las fuerzas de seguridad salteñas.
Jerson De Cecco
Un nuevo episodio que vincula a las Fuerzas de Seguridad con el narcotráfico en la frontera norte del país tuvo lugar esta semana en Aguaray. En una operación sin precedentes, pero con un trasfondo para nada desconocido, personal de la Gendarmería interceptó una camioneta de la Policía de Salta y se tiroteó con los uniformados que circulaban en el móvil. La reacción del agente de la institución azul tuvo que ver con la carga que llevaba en el vehículo: 420 kilos de cocaína. El tirador logró escaparse en la localidad de Aguaray, pero dos de sus cómplices fueron detenidos. Los uniformados arrestados llevaban la droga vestidos con sus uniformes.
Tras el secuestro, el Ministerio de Seguridad de la provincia dispuso el cambio de autoridades superiores de la Unidad Regional N° 4. Además, fue removida la totalidad del personal subalterno del Grupo de Intervenciones Conjuntas 4 para dar lugar a los reemplazos correspondientes.
Los abogados civiles de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad iniciaron los sumarios a los efectivos de la GIC4 para determinar las responsabilidades internas en torno al caso. Los implicados ya fueron interrogados por la justicia federal.
La resonancia del hecho a nivel nacional obliga a mirar en retrospectiva sobre una realidad innegable en el norte provincial. En Salta, la implicación policial en redes complejas de actividades ilícitas, como el narcotráfico, no es un aspecto aislado, sino fundamental para su expansión y persistencia. Contrariamente a la teoría de los eventos individuales, prácticas como robos, áreas sin control policial, extorsión, contrabando y tráfico de drogas son el modo de vida para muchos integrantes de la fuerza. Todo esto es posible gracias al consentimiento de los altos mandos policiales y a las estrechas relaciones personales entre los miembros de la fuerza, lo que dificulta que las actividades delictivas internas sean descubiertas.
A pesar de haber transferido la responsabilidad de juzgar los delitos de microtráfico a la justicia provincial, el problema parece estar aún muy lejos de resolverse. La venta de drogas ha aumentado en los barrios y según denuncian grupos como las organizaciones de madres contra el paco, la policía aplica la ley, pero sólo para favorecer a algunos distribuidores. Mientras tanto, desde las altas esferas de la administración de Seguridad se insiste en que estos son hechos aislados y que no están relacionados entre sí.
El enemigo en casa
En el décimo aniversario de la creación de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad, se han publicado estadísticas sobre las investigaciones abiertas contra agentes de la fuerza. Del total de casos registrados el último año, el 5% corresponden a delitos relacionados con drogas y narcotráfico. A pesar de la cantidad de incidentes conocidos, esto está lejos de ser la principal área de intervención para la oficina de Asuntos Internos.
El informe revela que casi la mitad de los delitos cometidos por policías involucran abusos y violencia de género. Específicamente, un 22% corresponde a “apremios ilegales y abuso de autoridad”, mientras que otro 22% está relacionado con “violencia intrafamiliar y de género”. Otros delitos incluyen “ebriedad” (20%), “delitos sexuales” (15%), “evasión y fuga de detenidos” (10%) y robos (2%).
Campanas azules
Entre los casos más emblemáticos se destaca un hecho acaecido en Orán a finales del año pasado. Cuatro agentes de la SINAR 23 (dos hombres y dos mujeres) enfrentan cargos por conducta ilegal, malversación y negligencia en sus deberes como funcionarios públicos. Otros cuatro agentes (una mujer y tres hombres) también están bajo investigación por presunta negligencia. Dos mujeres civiles enfrentan cargos por facilitar el tráfico de drogas al supuestamente liberar áreas estratégicas para la venta de sustancias estupefacientes. Todos fueron puestos a disposición de la justicia tras una serie de allanamientos en el norte provincial.
La investigación reveló que los agentes implicados habrían acordado no llevar a cabo allanamientos y, en algunos casos, alertar a los narcotraficantes investigados, comprometiendo así la efectividad de los procedimientos policiales. También se investiga si estos agentes trabajaron en colaboración con civiles para recibir compensaciones económicas a cambio de operativos y allanamientos, que podrían haber sido entregadas directamente o transferidas a cuentas bancarias.
Casos paradigmáticos
Uno de los antecedentes más notorios en la historia del narcotráfico policial en Salta fue el de los agentes Gimenez y Gallardo en 2011. Carlos Giménez y su hermano Luis fueron detenidos cuando acudían, según su versión, al rescate de su hermano Gabriel, quien afirmó que su vehículo estaba atascado en el río Mojotoro cerca de Güemes.
Poco antes, el subalterno de Gabriel, Carlos Gallardo, fue capturado tras una persecución en la que, según el fiscal, arrojó dos mochilas negras con 50 kilos de cocaína por la ventanilla de su Fiat Uno. En los días siguientes, se encontraron las mochilas con cocaína a la vera de la ruta. Según la fiscalía, la droga tenía una pureza del 89% y un valor significativo en varios mercados.
No sólo en el interior
En 2016 agentes de la Delegación Salta de la Policía Federal realizaron un operativo en una residencia en la calle Olavarría y San Juan, de la capital salteña. Allí detuvieron a los ocupantes de dos vehículos no identificados de la policía provincial, encontrando drogas entre ellos. Posteriormente, realizaron un allanamiento en una casa en barrio Alta Tensión, donde se encontraron numerosas pipas de drogas y se detuvo a sospechosos vinculados con los agentes.
La fiscal a cargo del caso indicó que los agentes estaban involucrados en asegurar el monopolio de la venta de drogas en la zona, a menudo plantando evidencia en operativos para asegurar arrestos.
Sobran 20 kg y un detenido
Los dos principales matutinos de la provincia plasmaron el episodio en sus portadas del día jueves 11 de julio, aunque con una peculiaridad que no pasó por alto. En el conteo realizado por El Tribuno y Nuevo Diario hay al menos 200 mil dólares de diferencia y una persona imputada de más.
Ocurre que, mientras el diario “chiquito” tituló “Tres policías descubiertos con 420 kilos de cocaína”, el matutino de la familia Romero publicó: “Dos narcopolicías detenidos con más de 400 kilos de cocaína”.
En redes sociales no pasaron por alto el detalle y se hicieron un festín con los comentarios. “En una sóla oración El Trihumo te mejicanea 20 kilos de merluza”, publicó el usuario Mrsatan666. Por su parte, el usuario Carlos Panteleón, se despachó en X: “Los Romero y esa vieja tradición de hacer desaparecer la mandanga hasta en su diario”.
