La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, dispuso la apertura del decreto de imputación contra cuatro efectivos policiales, por los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, y amenazas en concurso real, en calidad de coautores. La audiencia de imputación está prevista para el miércoles 24 de febrero.

Las imputaciones recaerán sobre los efectivos G. A. P., de 36 años; R. D. P., de 25; W. D. P., de 44 y C. A. A., de 37, todos con revista en la División de Seguridad Urbana de Rosario de la Frontera.

Las actuaciones de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, iniciaron con la denuncia de dos hermanos, quienes relataron que el 5 de abril de 2020, cerca de las 5, dormían en su vivienda ubicada en barrio Arturo Menu de la sureña ciudad, cuando escucharon ruidos en la puerta. Uno de los ellos dormía junto a su esposa e hija. Al despertarse, ambos hermanos se levantaron para ver qué sucedía y observaron a los uniformados, que golpeaban a un vecino.

Ambos relataron que en ese momento, fueron vistos por uno de los policías, quien sacó su arma, les apuntó y les gritó “quédense quietos o los quemo”. Luego, fueron esposados y golpeados, mientras los subían al patrullero.  Una vez allí y mientras permanecían arrodillados y esposados, fueron golpeados con una cachiporra en la espalda y llevados al hospital, donde luego fueron examinados.

Posteriormente, los denunciantes relataron que fueron nuevamente subidos al móvil, donde uno de los efectivos les dio golpes de puño y con la punta de la cachiporra en el estómago.

Tras esto, fueron llevados a la Comisaría 31, donde los amenazaron, al decirles  que la próxima vez, serían llevados a un descampado y que “no la iban a contar”.

Del decreto surgió que los efectivos policiales, llegaron al domicilio y sin que existiera motivo suficiente autorizado por ley, ingresaron a la vivienda. Una vez allí, con exceso en sus funciones, detuvieron a las víctimas sin la autorización de la autoridad competente y luego, mientras los trasladaban, acometieron en contra de su integridad física, al causarle las lesiones que fueron constatadas.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los hechos fueron corroborados con las denuncias de las víctimas, los certificados médicos, la nómina de los efectivos que estuvieron en el móvil y la copia del libro de guardia, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los acusados.

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