Calcaterra, De Goycochea y Sánchez Caballero, los tres empresarios que tratan de zafar del escándalo de las coimas en la obra pública K. La prensa nacional los toma como “arrepentidos” pero en realidad es todo parte de una conocida estratagema.
Ángelo Calcaterra admitió ante el juez Claudio Bonadio que es verdad lo que figura en los cuadernos sobre pagos de Iecsa a Baratta, aunque aclaró que los montos son menores a los que figuran en los escritos (alrededor de 8 millones de dólares). El primo del presidente Macri argumentó que esos pagos fueron aportes para las campañas electorales del kirchnerismo en 2013 y 2015, y aseguró que lo hizo bajo una situación de extorsión porque los funcionarios kirchneristas les frenaban los pagos de las obras y ponían en riesgo económico a la firma.
Se trata de una línea casi idéntica a la que adoptó el primer empresario arrepentido en la causa, Juan Carlos De Goycochea . El ex CEO de Isolux Argentina también minimizó los montos que figuran en la causa y dijo que se trataban de aportes de campaña. «Pagó coimas pero porque fue extorsionado», dijo hoy su abogado.
Los seguiría Javier Sánchez Caballero, otro «arrepentido» y podrían hacerlo otros ejecutivos detenidos en la causa de los cuadernos.
En resumen lo que los empresarios dicen es que en realidad fueron víctimas de un mecanismo de extorsión del kirchnerismo que los obligaba a pagar coimas para las campañas bajo la amenaza de no liberar los pagos de las obras y bloquear su ingreso a cualquier nuevo proyecto. Esto, sostienen los implicados, implicaría la quiebra de sus firmas.
Abogados que están al tanto de la causa explicaron a LPO que la jugada es ponerse en víctimas de una extorsión para tratar de quedar excluidos de la figura de asociación ilícita que investigan Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.
Fuentes al tanto de la causa explicaron que esa estrategia puede servir para algunos de los implicados en la causa de los cuadernos, concretamente para los que lograron pocos contratos durante el kirchnerismo. Pero los empresarios que consiguieron numerosas obras y tuvieron contratos regularmente, difícilmente puedan argumentar que solamente fueron víctimas de un apriete para aportar a una campaña, indicaron las fuentes.
Fuente: La Política Online
