Luego de investigar una denuncia de la Apoderada de la Municipalidad de Iruya, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, decidió acusar por dos hechos de peculado al ex Jefe comunal.

La fiscal “terror de los intendentes” Ana Inés Salinas Odorisio volvió a actuar y esta vez formalizó la acusación contra el ex intendente de Iruya Alfredo Soto por quedarse con dinero público.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, Salinas Odorisio pidió al Poder Judicial que juzgue al exjefe comunal el delito de peculado (dos hechos) por el faltante de casi 7 millones de pesos.

Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el 18 de febrero de 2020, la apoderada de la Municipalidad de Iruya radicara una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.

En su pedido de juicio, la fiscal Salinas Odorisio sostuvo que “el acusado, en su calidad de Intendente de Iruya emitió el 06/12/19 tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de $ 970.000, que él mismo cobró el 09/12/19, de los que no obra constancia de su destino y que, conforme a lo denunciado por la actual gestión Municipal, no existe una rendición de cuentas efectuada ante la Municipalidad de Iruya”.

En cuanto al segundo hecho, la titular de la UDEC manifestó al Juzgado de Garantías que “el acusado recibió del Ministerio de Desarrollo Social fondos provenientes de los programas sociales AIPAS, Asistencia Critica y Pan Casero por un importe total de $14.594.982,93; de los cuales sólo rindió $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de rendir de $5.878.073,43”

La funcionaria aseguró que, según la auditoría de la comuna, existía un faltante de $7.773.758,89 y que, luego de finalizado el mandato del ex Intendente (2015/2019), ingresó un informe de cheques rechazados (emitidos un día antes de la finalización de la gestión) por un valor de $ 5.397.032,62.

De las investigaciones realizadas por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), surgió que existiría un faltante de dinero de $6.848.073,43, cuya administración y custodia le habían sido confiadas al Intendente. Por ello, la fiscal Salinas Odorisio requirió la elevación a juicio al Intendente por dos hechos de peculado. Ahora, el Poder Judicial deberá decidir si acepta el pedido de la fiscal y lleva a juicio a Soto