Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, principal operador judicial de Mauricio Macri, está abocado a pedir asilo político en Uruguay en estyos momentos. A pesar de estar en medio de la causa judicial en la que es investigado por integrar una asociación ilícita organizada con el objetivo de perseguir empresarios de medios de comunicación para que modifiquen su línea editorial para lograr «meter presa» a Cristina Kirchner.
En una carta difundida a varios medios, pedía asilo político debido a que, según las voces de su mente, «ya existe la decisión previa de privarme de mi libertad en cuanto regrese al país. No hay nada grato en el exilio, nada. Pero que la Justicia, institución que debería defenderme de una persecución como la que padezco, sea precisamente la herramienta que utilizan Cristóbal López y De Sousa para perseguirme y privarme ilegítimamente de mi libertad por mi actividad política lícita en representación del Gobierno de la CABA, es lo que me llevó a pedir asilo como refugiado político en Uruguay».
Rodríguez Simón está citado a prestar declaración indagatoria el próximo 17 de junio. Mientras que la citación de Alberto Abad, ex titular de AFIP, también imputado en la misma causa, fue postergada para el 9 de junio.
María Romilda Servini, jueza federal a cargo de la causa, le prohibió la salida del país, pero su decisión llegó tarde, ya que el lobbista judicial ya se encontraba fuera del país.
El fiscal Gabriel De Vedia, contó que el diputado del Parlasur por Juntos por el Cambio, le advirtió en su momento que si la procuradora Alejandra Gils Carbó no renunciaba iban a ir presas, primero sus hijas y luego ella.
La jueza dejó claro que en la causa «se investigan diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por Mauricio Macri, en ese entonces que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, tendrían como consecuencia perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional». En ese marco, «se comprobó que Rodríguez Simón participó de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestó las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno y que, en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos».
La primera denuncia, que da origen a esta causa, la pone De Sousa, cuando todavía estaba detenido, al igual que López, cuando el juez Julián Ercolini les adjudicó una maniobra con el impuesto a los combustibles líquidos en relación a su empresa Oil Combustibles, caso que, ahora también está en juicio y por lo que ambos empresarios estuvieron dos años privados de su libertad.
Cuando Cristóbal López declaró ante Servini, en calidad de testigo, describió aprietes y diálogos con el propio Macri. «Necesito el canal para ir por Cristina», le dijo Macri. «Hay que meterla presa», confirmó. A lo que el empresario le dijo «No, no contés conmigo. No soy amigo de Cristina pero la aprecio y creo en el proyecto del kirchnerismo».
El listado de entrecruzamiento de 10738 llamadas que entregó a Servini a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, muestra 59 comunicaciones de «Pepín» Simón con el actual presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, 38 con su ex socio en el estudio jurídico, Gabriel Bousat, 17 con el supremo Horacio Rosatti, 160 con el exministro de Justicia Germán Garavano, 50 con Presidencia de la Nación, 20 con la secretaría Legal y Técnica, 40 con el exsecretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, 18 con el Consejo de la Magistratura, 15 con el estudio Tonelli, y 140 con un número que estuvo a nombre de la jefatura de Gabinete, que podría haber utilizado Mario Quintana.
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