Un decreto facultó al ministro que usa vehículos oficiales para fines personales a resolver conflictos laborales. Eduardo Costello reúne 11.000 expedientes y millones de pesos en multas a empresarios que violan leyes laborales. Entre ellos, muchos que ven en el tráfico de influencias una forma de evitar pagos. (Daniel Avalos)
Tamaño poder en manos de un ministro que admitió usar vehículos oficiales para tareas domésticas porque trabaja mucho, generó en varios una certeza: la gestión “U” ha perdido el sentido de medida e insiste en generar las condiciones que ponen a sus sospechados funcionarios en un escenario apto para el saqueo de lo público. Y es que el decreto 1979/14 publicado en el Boletín Oficial el pasado lunes, establece que antes de que la justicia resuelva si un empresario que infringe las leyes laborales debe cumplir con las sanciones que le impone el ministerio de Trabajo, será el propio Ministro del área -Eduardo Costello- quien podrá sentenciar “en primera instancia” lo que deberá tomarse como justo o injusto y como verdadero o falso.
La situación genera sospechas y desconfianzas. Y la razón de ello es el contexto en donde se dicta el decreto: una gestión denunciada repetidamente por favorecer a los poderosos y que apaña sin complejos a sus funcionarios señalados por actos de corrupción. Por si esto fuera poco, las posibilidades de irregularidades que genera el decreto son enormes para cualquier autoridad convencida de que lo único redituable es el pillaje y el saqueo de lo público: 11.000 expedientes que en su conjunto incluyen multas millonarias y que mayoritariamente involucran a empresarios que violan leyes laborales. Empresarios que muchas veces se han vuelto expertos en conseguir la “comprensión” gubernamental que suele ahorrarles desembolsos que deben destinarse a garantizar los derechos de los trabajadores.
Cuarto Poder se comunicó con el Secretario de Trabajo, Ramiro Chávez. Lo hizo para confirmar si la cantidad de expedientes (11.000) que las empleadas de su secretaría confiaron a este medio era correcta. El funcionario dijo desconocer la cifra exacta. Nos recordó, sí, que el acceso a ese tipo de información es público. Nosotros le recordamos a él que al querer ingresar al sitio sice.gov.ar, para chequear los expedientes, nos dimos con que el acceso era restringido. Entonces Chávez nos dijo que estábamos en lo cierto, pero que si queríamos un expediente en particular ellos nos los daban porque eso sí era público. Entonces insistimos. ¿Podía confirmar la cifra de 11.000 expedientes? Nos dijo que no. ¿Podía desmentir esa cifra? Nos dijo que tampoco. Las empleadas entonces podían estar muy cerca de la realidad. De allí que también convenga creer a esas empleadas que aseguraron que el monto promedio que encierran esos expedientes es de $10.000. Una cifra que multiplicada por los 11.000 expedientes, suponen una suma que ronda los 110 millones de pesos. Volumen de dinero suficiente para generar todo lo que ya ha sido denunciado oportunamente: coimas, tráfico de influencia y hasta la compra de expedientes.
Lo último quedo evidenciado en el 2011 cuando se supo que, desde el 2009, distintos empresarios adquirían a empleados de la Secretaría de Trabajo expedientes que al desaparecer, provocaban la desaparición de las denuncias y sanciones contra los empleadores en falta. El por entonces Secretario, es el actual Ministro del área: Eduardo Costello, quien aquella vez reconoció que las denuncias incluían a empleados y autoridades y que el delito perjudicaba no sólo al “Estado sino que también perjudican a los trabajadores”.
Policía y juez
A Costello, justamente, el decreto 1979 le otorga poder de juez. Lo que el decreto no dice es cómo se hará para evitar que lo que antes era una “venta de expedientes o tráfico de influencias” anarquizada, se convierta ahora en una práctica centralizada. Y es que el decreto sólo modificó el artículo 49 de la ley 6.291 que, dictada en octubre de 1984, establece en su título “V” los procedimientos para la aplicación de las sanciones. En el 2003, la ley 7267 modifico en parte la ley original, pero nada sustancial en lo que a los procedimientos de sanción se refiere.
De allí que el artículo 49 de la ley original siguiera indicando que “La apelación de la resolución administrativa deberá deducirse dentro de los (3) días hábiles de su notificación en la capital y (5) días hábiles en el interior, previo depósito del 20% del importe de la multa en el banco provincial de salta a la orden de la dirección provincial del trabajo (hoy Secretaria de Trabajo). Acreditando el cumplimiento de dicho requisito, sin el cual no será procedente el recurso y concedido éste, se elevarán las actuaciones a la sala de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en turno”.
Ese artículo sí fue modificado por el decreto publicado el pasado lunes que repite la letra ya reseñada, aunque al párrafo original se le agrega el siguiente: “En iguales plazos y acreditando el depósito referido, podrá interponerse en forma previa a la apelación, un recurso jerárquico ante el Ministro de Trabajo. La resolución que se dicte será apelable en los plazos y con los requisitos establecidos en el párrafo anterior”. Traducido, antes de ir a la Justicia, los infractores pueden negociar con el ministro Eduardo Costello.
Urgencia e ingenuidad
El tratamiento que la prensa dio del asunto es un tanto extraño. El Tribuno lo presentó como una marcha atrás de Urtubey para sancionar con $346.000 a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por no haber acatado una conciliación obligatoria durante el conflicto docente (15/07/14, pág. 19). Una especie de maniobra defensiva que permitía generar una instancia administrativa que facilitara el levantamiento de la multa antes de cualquier intervención de la Justicia. También sugirió, la nota, que la decisión del gobierno había sido arrancada por el gremialismo luego de la visita del histórico referente de ATE: Víctor De Gennaro. Y es que el diario informaba que la semana pasada el ministro de Trabajo, Eduardo Costello, y el de Economía, Carlos Parodi, se habían reunido con el Secretario General de ATE a nivel nacional, Julio Fuentes, quien calificó como “un gran logro” la suspensión de la multa.
Indudablemente Fuentes ya estaba al tanto de la modificación que se realizaría en la ley y que eso los favorecía en su preocupación puntual, aunque increíblemente desconocía o simulaba desconocer el artículo segundo del decreto en cuestión: “Establécese que lo dispuesto en el artículo precedente será aplicable a todos los expedientes que estuvieren en trámite en la Secretaría de Trabajo a la fecha de publicación del presente decreto”. Cuarto Poder también se comunicó con la delegación provincial de ATE. Ante la ausencia del Secretario General, José Arroyo, conversamos con el Secretario Gremial: Marcelo Vizgarra. A él le preguntamos si no le resultaba ingenua la declaración de los dirigentes nacionales de considerar un gran logro la suspensión de una multa a partir de una maniobra que terminaba por modificar una situación que favorece más al empresariado que a los trabajadores. Vizgarra estaba al tanto de la marcha atrás de la multa, pero no del mecanismo utilizado por el gobierno según la misma prensa el martes pasado. Maniobra que un empresario puede celebrar más que los trabajadores por razones bien sencillas de explicitar: son ellos los que concentran la enorme mayoría de las denuncias; son ellos los catalogados por el gobierno salteño como los generadores de riquezas a los que hay que favorecer a cómo se dé lugar para mantener empleos; y también son ellos los que poseen un mayor poder de negociación individual y sectorial.
Semejante situación, sin embargo, quedó oculta tras la maraña de palabras de gremialistas que vieron en la medida un simple logro sectorial; una prensa opositora que lo tomó como símbolo de debilidad de un gobierno; y un gobierno que dijo que era “necesario y urgente” generar un recurso administrativo como el propuesto para asegurar mayores niveles de eficacia y eficiencia en la acción del Estado. Y como las urgencias suelen definirse como enemigas de las discusiones y hasta de la democracia, el decreto se emitió el 8 de julio, partió raudamente para la legislatura, se publicó en el Boletín Oficial el 14 de julio y de no tratarse en 90 días, quedará convertido en ley.
Fondos cuervos
El título del apartado no tiene que ver con la poca feliz experiencia del Secretario de Trabajo, Ramiro Chávez, en la conducción hace unos años del popular club de calle Entre Ríos: Central Norte. Sí tiene que ver con alguna de las respuestas que Chávez dio a este medio. Consultado sobre quiénes serían los técnicos que analizarían los miles de expedientes para sugerir al ministro algún tipo de resolución que evite la judicialización de los casos, Chávez respondió que de ello se encargaría el Cuerpo de Abogados de Cabecera del ministerio y el de su propia Secretaría. Consultado sobre cuántos letrados son los que conforman ese “cuerpo”, el funcionario respondió que seis.
La conclusión a la que se arriba es simple: con esa estructura es improbable que la medida adoptada ayude a acelerar los casos. Y esa carencia permite profetizar una segura realidad: distintos estudios jurídicos o profesionales sueltos estarán dispuestos a acudir al llamado de un ministerio que demandara servicios de asesoramiento. No son pocos los que advierten que para descubrir a los ideólogos del decreto 1979, conviene sentarse a esperar, con el objeto de identificar a los estudios jurídicos que puedan ir al auxilio del ministerio “para colaborar con la tarea de acelerar los procesos y hacer más eficiente la tarea del Estado”.
No sería la primera vez que los litigios queden en manos de sectores vinculados a la propia gestión gubernamental. Cuarto Poder ya hizo referencia a esto en una nota de abril (“Los juicios de los huevos de oro”). La misma también partía de un decreto: el 935/12 que disponía que todos los organismos del estado debían tener el Patrocinio Letrado del Fiscal de Estado, generando el cobro de honorarios por todos los juicios en que la provincia fuera parte. El Fiscal de Estado en ese entonces era el actual Secretario General de la Gobernación: Simón Padrós. La asistente de éste, por ese entonces, era la hoy Ministra de Justicia: Pamela Calletti. Comenzó en julio de 2012: cada juicio aparecía con la firma de Simón Padrós, Fiscal de Estado, y con el patrocinio letrado de la hoy ministra. El Decreto explicaba que los casos comprendidos para la intervención de la Fiscalía serían sólo los de “relevancia institucional”, es decir juicios por montos importantes que puedan comprometer las arcas del Estado: de 100 mil para arriba. El decreto excluía a un organismo: la Dirección General de Rentas.
Extraña situación porque la DGR es uno de los lugares en donde se tramitan juicios importantes que pretenden luchar contra la evasión impositiva. Los abogados de la DGR consultados oportunamente por este medio explicaban “la supuesta anormalidad” señalando que la excepción se explicaba porque el que había colonizado la DGR era el estudio jurídico vinculado a Horacio Aguilar: el hombre que en su época de estudiante universitario compartió departamento con el hoy gobernador en Buenos Aires; el mismo que es catalogado como operador de la Justicia Federal de Salta y Jujuy; el letrado que dejo de ser juez federal para asesorar a un Urtubey que ya era gobernador; que luego dejó de asesorar a Urtubey para defender a quien fuera dueño del ingenio Ledesma durante la dictadura -Pedro Blaquier- procesado por colaborar con los militares para desaparecer obreros; y hermano mayor de Julián Aguilar, quien es el que firma contratos de asesoría a Urtubey luego de que Horacio dejara de hacerlo. A pesar de ello, muchos de los jóvenes profesionales que trabajaban para la DGR y fueron lentamente desplazados de los litigios, aseguran que Simón Padrós y Pamela Calletti también desembarcaron en esa dirección aunque lo hicieron por la fuerza.
Lo que ahora muchos se preguntan es lo siguiente: si el abogado Costello es el ideólogo de un decreto que podría permitirle tener un grado de influencia enorme en el negocio de las asesorías legales, o si sólo es un ser poco sofisticado que dirige un territorio apetecido por otros sectores del gabinete con mayor fortaleza para el diseño de escenarios que puedan resultar redituables.
