El oficialismo salteño se apresta a dar una señal en dirección al sudeste provincial con la renovación parcial en la composición y funcionamiento de la Justicia provincial. Así, el Ejecutivo provincial intentaría tranquilizar conflictos que se avecinan en este poder.  

En medio de la volatilidad que arrecia sobre el funcionamiento de la justicia y el planteo de reforma de la Constitución provincial, se supo que el gobernador Juan Manuel Urtubey se dispone a dar una señal de tranquilidad regional. Se trata de la justicia anteña, en el sudeste provincial, cuyo funcionamiento prosigue acarreando protestas airadas entre la sociedad de este distrito. Y cuyos ecos llegaron hasta la cima del poder provincial. 

En principio, Urtubey debe decidir sobre la terna que la Cámara de Senadores discutirá la semana próxima, respecto a la designación del nuevo Fiscal multifueros de este departamento. Entre los que superaron el filtro del Consejo de la Magistratura, el abogado Héctor José Salomón cuenta con las mayores chances de acceder a este puesto, dicen los funcionarios de mayor cercanía al mandatario. Así parece ser, ya que en este procedimiento de selección se siguió el camino inverso a la mayoría de las designaciones en la Justicia: evaluar los méritos académicos y el puntaje. 

El letrado Salomón, oriundo del norte provincial, consiguió 55,09 puntos en el examen realizado a partir de marzo pasado por parte de los consejeros. Con lo cual superó a sus contendientes María Celeste García Pisacic (51,60) y a César Norberto Rodríguez (54,88). Pero a diferencia de los dos últimos, Salomón cuenta en esta ocasión con el plus de no responder a directivas del oficialismo judicial y político del sur y sudeste provincial, como tampoco de Mitre 550.  

Con “b” de banco 

La segunda letra del alfabeto es una de las claves que habrían aportado en una señal de cambio en la realidad anteña, a la que se le debe adicionar el hartazgo de un amplio sector de la sociedad departamental, entre la que atruena sus índices contra el anular el anteriormente próspero paisanaje ganadero. Además de este clamor popular, en la determinación del mandatario habría intervenido una distinguida figura de la Inversora Juramento, la que remite al grupo empresario Macro y, por ende, a la familia Brito. 

Los feed lots de Cabañas Juramento se ubican en la vecindad con los criadores de vacunos que este año decidieron conformar una Asociación destinada a proteger sus intereses. Tanto contra los distinguidos canallas dedicados al faenamiento y venta de animales ajenos, como contra la supuesta protección judicial. Sucede que Juramento es uno más de los establecimientos damnificados, desde una gigantesca sustracción de vacunos que padeció allá por 2009. 

En este contexto, la Fundación Ganaderos del Sur emitió una solicitada al comienzo de este año, harta de la falta de sanciones por parte de la justicia ante las reiteradas maniobras de abigeato. La entidad, no sólo apuntó sus dardos contra el fiscal penal, Gonzalo Gómez Amado, sino también hacia la supuesta protección política que lo cobija: el diputado Pedro Sández y el senador Ernesto Gómez, progenitor del encargado departamental del Ministerio Público.  

Metida de pata

Ante los desesperados reclamos de los criadores de ganado y la situación expuesta que sobrepasó los límites anteños, la reacción del oficialismo político y judicial terminó agrietando a esta última estructura. En nada ayudó una reciente entrevista que Gómez Amado mantuvo la semana anterior con el periódico local Zona Sur. En esta tertulia, diagramada a su favor, el fiscal ingresó en terreno fangoso y en asuntos que nunca debió haber mencionado. Así se lo hicieron saber contertulios de su mismo grupo partidario, tras mencionar como ejemplos los nexos parentales del diputado Sández con uno de los acusados de cuatrerismo, al igual que los achaques de cobertura política que recaen sobre el sector que integran él mismo y su padre. 

Para colmo, en las últimas semanas el nerviosismo que arrincona al grupo político derivó en un revoleo de imputaciones e injurias al por mayor. Una de ellas recayó en un reconocido abogado del medio anteño, sindicado como el que aún no emergió en la no nata investigación profunda por abigeato y que se ocuparía del “charqueo” de animales que luego se envían hacia las carnicerías. En tal sentido, fueron las invectivas de un perfil en Facebook bautizado “María Montenegro”, rápidamente encuadrado como un “troll” cuyo objetivo es derivar las pesquisas hasta rincones todavía no escudriñados por las autoridades. 

Con idéntica meta, luego de la Semana Santa comenzaron a circular por redes sociales y por WhatsApp unos extensos pronunciamientos con similar ánimo de querella, y redacción penosa, que intentaron exponer oscuros negocios de un grupo empresario familiar que solventaría el accionar anteriormente descripto. Aunque en este último caso, lanzando imputaciones de mayor calibre, como un tráfico más pesado que -de resultar cierto- atraería el interés de las autoridades federales. 

La palabra final

En este contexto, el mandatario provincial tiene en su pluma la posibilidad de equilibrar en parte la situación planteada desde hace un buen tiempo atrás, desde la macilenta estructura de la justicia anteña. Con el envío a la Cámara alta del nombre propuesto para el nuevo puesto de Fiscal multifueros de Anta, el cual se espera que consiga tranquilizar el zarandeado mapa político sudesteño y evitar el copamiento de un grupo al frente de la justicia departamental. Por lo demás, un sector de la oposición también se esperanza con la depuración, a través de la vía institucional, del segmento restante del aparato jurisdiccional. Si bien, lo último es ya otra historia.