Condenaron a ocho personas en Morillo por los hechos ocurrieron en septiembre de 2015, cuando un grupo de personas reclamaba trabajo a una constructora. Pablo Moreno, uno de los campesinos que enfrentó a la policía murió mientras se encontraba detenido.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2015, cuando un grupo de personas reclamaba trabajo a la constructora Vertua. El pedido de los campesinos terminó con ocho de ellos condenados por resultar material y penalmente responsables del delito de “coacción simple en grado de coautores”.

El juez Ricardo Hugo Martoccia, vocal de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, condenó a Fausto Horacio Martínez, Fermín del Valle Fernández, Iván Ramiro Renato Ruiz, Rubén Ernesto Ruiz, Omar Alcídez Paz, Diego Alfredo Rivadero, Reimundo Cristian Lautaro Velarde y Sergio Matías Flores a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, pero se ordenó la inmediata libertad de los imputados que llegaron detenidos a juicio.

Según detalló el área de prensa de la Justicia Provincial, en el mismo fallo, el juez absolvió a Fausto Horacio Martínez y Fermín del Valle Fernández de los delitos de homicidio en grado de tentativa y daños calificados en grado de coautores por los que llegaron requeridos a juicio, en virtud del principio del beneficio de la duda.

Los incidentes ocurrieron el 29 de septiembre de 2015, cerca de las 6.35 de la mañana en la Ruta Provincial 132, a la altura del ingreso al Campamento Pozo del Chirete, a 45 kilómetros de la Localidad de Coronel Juan Solá, Morillo. Esa mañana, un grupo de trabajadores se acercó al predio de la empresa Vertúa a reclamar por los puestos de trabajo prometidos.

Muerte en la cárcel

Pablo Moreno, uno de los dirigentes que se manifestaba estuvo detenido y murió en la comisaría 45 de Tartagal. No era un preso común. Era un dirigente campesino de Morillo que estaba detenido desde el 13 de octubre de 2015, catorce días después de protagonizar un piquete en el acceso a un puesto que la empresa Vertua posee en esa localidad y que culminó con dos policías lesionados. Su muerte confirma que el Estado fue incapaz de garantizar la integridad de quien estaba a su resguardo, mientras se levantan voces que aseguran que la fuerza policial es responsable directa del deceso del dirigente.