Empresarios del sector de la construcción y referentes de la administración pública provincial manifestaron su preocupación por el modelo de privatización de la obra pública que el presidente electo pretende importar de Chile. ¿En qué consiste el sistema que podría dejar más de 15 000 trabajadores en la calle?

Los alcances del plan “motosierra” ratificado por el presidente electo, Javier Milei, preocupan tanto a las administraciones provinciales y municipales, como al sector de la construcción. El nuevo gobierno libertario promete eliminar las transferencias para obra pública a provincias y municipios, y en Salta estiman que se podrían perder alrededor de 15 mil empleos directos.

Para avanzar hacia un sistema de obra pública exclusivamente en manos de privados, Milei apeló a una realidad inocultable: los enormes índices de corrupción en el actual sistema de contrataciones. En su lugar propone avanzar hacia “un modelo de obra pública a la chilena”. Pero, ¿cómo podría impactar la aplicación de esta nueva modalidad en la provincia?

Voces desde la provincia

Uno de los primeros en expresarse desde el gobierno provincial fue el ministro de Gobierno, Ricardo Villada. Para el funcionario, una de las principales incertidumbres pasa por las obras que se están haciendo actualmente, a la vez que sugirió discutir el nuevo modelo con financiamientos privados “como ya hubo en la provincia”, ejemplificando con la autopista que va de Salta a Güemes. Como sea, para Villada el recorte en la obra pública afectará a todos los gobiernos, tanto municipales como provinciales.

“Hay que ser prudente, en razón de que eso son cosas que deben pasar por el Congreso, y entre otras cosas, ya los gobernadores de Juntos por el Cambio, que también tienen representantes en el Congreso, han planteado que no se puede avanzar con una cosa así, porque va a generar mucho perjuicio para las provincias. Así que yo creo que hay que tener cautela, hoy por hoy simplemente son frases”, dijo.

En un tono marcadamente más crítico se expresó el ministro de Infraestructura Sergio Camacho. El funcionario remarcó que “no era campaña del miedo, sino que era la verdad”. Y planteó que el modelo que propone el presidente electo puede servir para algunas obras, pero cuestionó quién se va a hacer cargo, por ejemplo, de la construcción de la escuelita de Cerro Negro, en La Poma, donde hoy todos los chicos estudian en una sola aula.

Los empresarios salteños del rubro también alzaron la voz y clamaron cordura al mandatario entrante. Juan Carlos Segura, presidente de la cámara salteña de la Construcción, fue uno de ellos. “Creemos que no va a ser tan fácil que lo haga y que va a mediar la cordura en algún momento de alguno de los funcionarios asesores que tiene el presidente electo, y que va a ver la forma de que se sigan ejecutando de una forma u otra obras públicas. No es la misma realidad que tenemos acá en el norte del país, que la realidad que tienen en el centro y en los grandes polos industriales”, aseveró en diálogo con Nuevo Diario.
“Si él viene y para la obra pública, entre el 10 de diciembre y fin de año, se va a tener que dejar a 15.000 obreros salteños afuera. Son 15.000 familias directamente, más indirectamente otro tanto”, agregó Segura sobre la pérdida de empleo en el sector a raíz de que se implemente una medida de este tipo.

El modelo trasandino

A pesar de la asociación natural que suele hacerse entre el modelo chileno y la privatización absoluta de los proyectos de obra, es importante aclarar que el Estado chileno mantiene una porción de sus obras de infraestructura bajo la mano del Estado: según el propio Ministerio de Obras Públicas, el gobierno invierte el 4,1% del PBI en este ítem.

En ese contexto, el país trasandino combina dos sistemas que coexisten: el de licitaciones (idéntico al sistema argentino actual) y el de concesiones, que es el que Mile pretende importar. Bajo esta modalidad, las empresas privadas realizan íntegramente las inversiones a cambio de la concesión de explotación de esas obras (ej: el cobro de peajes en el caso de una autopista o ruta). En este contexto, el Estado tiene la facultad de determinar prioridades pero, si un privado le acerca una obra y se acepta, en varias ocasiones no queda claro el criterio de selección frente a otros proyectos. A su vez, las renegociaciones recurrentes por desactualización de los contratos y la urgencia de un Estado que mientras tanto mantenga el botón de encendido en las obras ejecutadas mediante subsidios también aparece como problema frecuente.

En este sistema, a priori, hay un único criterio de explotación de obras públicas: si es una buena o mala inversión para el privado. Pero naturalmente los negocios de los privados no siempre coinciden con las necesidades de las sociedades.

Un ejemplo paradigmático lo aportó la propia libertaria Diana Mondino, futura canciller, quien sugirió que los propios vecinos deberían hacer las cloacas si no hay una empresa interesada en hacerlo. Pero a las cloacas se le puede sumar un sinfín de necesidades, como la creación de salitas médicas y caminos rurales, sólo por mencionar algunos ejemplos.

En Chile esto no quedó en manos de los vecinos. Un ejemplo son los desagotes para las lluvias que, en Santiago se hicieron modificando las concesiones que había para la construcción de autopistas. A cambio, las empresas obtuvieron más años de explotación para la gestión de los peajes y realizaron las inversiones del sistema de drenaje. En algunos casos también se recurrió al sistema de licitaciones impulsadas y financiadas desde el Estado

El modelo de obras públicas en Chile también cuenta con una serie de cuestionamientos muy profundos. Uno, por ejemplo, completamente vinculado a este dilema de cómo se avanza con las obras necesarias, pero no rentables. Dilema que, cabe aclarar, para Milei no es tal: como le dejó en claro a un seguidor durante una manifestación prolibertaria, el presidente electo cree que, si no es rentable para el sector privado, la obra no debe hacerse.