Convocaron a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia para que exija respuesta por el espionaje del gobierno contra los correos de los periodistas Gustavo Sylvestre y Mauro Federico.
Luego de la repercusión que tuvo la denuncia publicada el lunes por Ámbito Financiero donde se detallaba el hackeo que sufrieran las casillas de correo electrónico de los periodistas Gustavo Sylvestre (C5N) y Mauro Federico (subdirector de Ámbito Financiero) y la posible responsabilidad de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en esta intromisión ilegal, ayer diputados de los bloques opositores efectuaron pedidos de informes al Poder Ejecutivo para que esclarezca si hubo participación de algún organismo oficial en la maniobra. Desde el Gobierno, confirmaron que presentarán también una denuncia para que la Justicia investigue y que se ordenará una investigación interna en la AFI para determinar si hubo personal de la dependencia involucrado en el grave episodio, que mereció el repudio de diversas entidades periodísticas. Expertos informáticos vincularon los IP de las computadoras desde donde se efectuaron los hackeos con PRIMA SA, empresa del Grupo Clarín al que el exjefe de gobierno Mauricio Macri benefició en 2011 con la provisión de netbooks para las escuelas porteñas.
Impulsado por la diputada del Frente Renovador Cecilia Moreau y apoyado por Felipe Solá, Facundo Moyano, Victoria Donda y Ana Carolina Gaillard, se presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe «si ha tomado conocimiento de la información difundida a través de los medios sobre la interceptación de los correos electrónicos y comunicaciones de Sylvestre y Federico» y «si hay indicios que puedan hacer suponer la intervención por parte de los organismos nacionales de inteligencia en la realización de escuchas, intercepciones de correos, WhatsApp y seguimientos ilegales a periodistas, políticos, magistrados y empresarios». Consultada la autora de la iniciativa, aseguró que «si hace meses nos indignábamos por una denuncia de legisladores varios de los cuales hoy son funcionarios- que afirmaban que en Argentina se espiaba a notables famosos, no podemos hoy hacer menos con esta grave situación de la que son víctimas trabajadores de prensa».
Por su parte, la diputada nacional María Teresa García, del Frente para la Victoria, acompañada por el titular del Bloque Héctor Recalde, cursó nota al presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia Senador Juan Carlos Marino, solicitando la apertura de investigación de oficio por la denuncia pública de espionaje ilegal contra los periodistas del Grupo Indalo. En el escrito, se reclama que «ante la gravedad de las denuncias referidas, que suponen la posibilidad de actividades de inteligencia ilegales e interceptación de comunicaciones privadas sin la debida autorización judicial, y teniendo en cuenta las responsabilidades y competencias de esta Comisión», se convoque «a una reunión para considerar en su seno la apertura de una investigación y el establecimiento de un plan de trabajo tendiente al esclarecimiento de los hechos, pues, además de la responsabilidad política que conllevan, podrían constituir delito penal conforme los artículos 42 y 43 ter. de la Ley 25.520».
Muy grave
Tal como lo anticipó este diario en su edición del lunes, el hackeo sobre las comunicaciones de los periodistas de C5N y Ámbito Financiero dejó huellas. Los IP de las computadoras desde las que se habrían realizado las interceptaciones, fueron peritados por el ingeniero Ariel Garbarz, director del laboratorio de telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El resultado del peritaje arrojó la siguiente conclusión: «con los datos suministrados se pudo verificar que fueron hackeados con el mismo tipo de keylogger que usaron para espiar en 2015 los correos y computadoras escolares de los docentes porteños, vendidas y controladas por la empresa PRIMA SA propiedad del Grupo Clarín». Toda esta documentación se sumará a la presentación que en las próximas horas presentarán ante la justicia federal los abogados del Grupo Indalo.
Preocupación
A través de un comunicado difundido en las redes sociales, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su «preocupación por la denuncia de infiltraciones a las comunicaciones electrónicas Sylvestre y Federico» y reclamó por un «pronto esclarecimiento de esta grave situación». En similar sentido se expresó el Foro de Periodismo de la Argentina (FOPEA), quienes se comunicaron con los periodistas damnificados.
Fuente: Ámbito Financiero