El drama por el loteo de Parque La Vega desnudó los manejos espurios en la administración de tierras fiscales. También la forma sesgada en que opera la justicia que encarcela a algunos y se olvida de otros. (F.H.)
El 8 de marzo pasado Nelson Salazar, alias “Manguera”, quedó detenido por disposición del Juzgado de Garantías de 5° Nominación, sospechado de haber participado en las irregularidades en la cesión de tierras fiscales que salieron a la luz luego de los conflictos en el loteo de Parque La Vega. Ese día, el magistrado Héctor Martínez también ordenó la detención de Esteban Clemente. Se sumaron a otros dos capturados que la causa tenía desde el 3 de marzo: Diego Barreto y Roberto Nellessen.
Sobre los hombros de Salazar pesan las mismas acusaciones que recaen sobre los otros tres detenidos, con quienes no comparte la filiación política con el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Salazar está imputado por supuesta asociación ilícita y exacciones ilegales, al igual que Barreto, Nellessen y Clemente, quienes también están bajo la guarda de la Justicia. Rodrigo Diez Tizón y María Cynthia Martínez también están imputados aunque mantienen el beneficio de la libertad.
Barreto y Díez Tizón fueron subsecretarios de Tierra y Hábitat, Roberto Nellessen es empleado de tal repartición, Esteban Clemente está signado como puntero político del partido MILES, del que Barreto es dirigente, y Martínez sería cercana al entorno del genio político que inmortalizó el slogan “Apretá con Barreto” (sic). Salazar, en tanto, pertenece a la extracción de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
Cinco de los seis imputados tienen conexiones evidentes, sea por camaradería partidaria o por cercanía en la función pública. Sólo “Manguera” es distante de la órbita de Barreto, quien está indicado como el cabecilla de la banda que enhebró los tejemanejes en el otorgamiento de parcelas. Salazar, dirigente de la CCC, participó en la organización de construcciones de viviendas en Finca Valdivia, uno de los tres loteos que se cursan en la causa, adonde también trabajaron cooperativas de Barrios de Pie (los loteos en cuestión son Valdivia, Nueva Esperanza en Atocha, y Parque La Vega). Además formó parte de los manifestantes movilizados cuando los manoseos de los funcionarios alcanzaron su punto álgido, en febrero de este año en el loteo de Parque La Vega.
Teniendo en cuenta este panorama, Salazar sería un inconexo partícipe de una asociación ilícita en la que ningún otro dirigente de la CCC estaría envuelto. Cabe destacar que la CCC y el partido MILES jamás entramaron alianzas electorales, ni frentes comunes de lucha, con lo cual, la proximidad entre Salazar y los alfiles de Barreto resulta un tanto antojadiza. ¿Estamos ante un tipo de preso político?
Este artículo no intenta desentrañar los pormenores de la causa ni santificar a Salazar si acaso se plegó en los aparentes oprobios que se urdieron desde Tierra y Hábitat. Lo que este artículo intenta es mostrar que el hilo siempre se corta por lo más delgado, y que la ley -ante la que todos seríamos iguales- opera como una herramienta del poder y no de la búsqueda genuina de justicia.
El desmadre
El 5 de febrero pasado, un grupo de aproximadamente 125 familias, anoticiadas sobre nuevas adjudicaciones en el loteo de Parque La Vega, se apersonaron en el lugar. Contaban con documentación probatoria sobre pre-adjudicaciones en esa zona, que comprende 39 hectáreas en las lindes de la ruta provincial 21, camino a San Agustín. A pesar de tener sus papeles sellados de forma oficial, otros nuevos beneficiarios estaban también asignados allí.
La urgencia por un pedazo de tierra propio no se detiene en grandes análisis sociales o investigaciones periodísticas frondosas, por eso los afectados por la situación -tanto los adjudicados antiguos como los nuevos-, se arrebataron a defender el pedazo sobre el cual tenían derecho, rubricado por documentos dispensados por Tierra y Hábitat. Los enfrentamientos mutuos no tardarían en llegar, por eso, paliando el clima de violencia con violencia concreta, la Policía intervino para “restaurar el orden”.
Vaya paradoja, el “desorden” en las pre-adjudicaciones de ese loteo no era producto de los necesitados sino de la mano mezquina de los malos administradores públicos, que llegaron a vender hasta tres veces una misma parcela, según se investiga actualmente en el juzgado encabezado por Héctor “Corbata” Martínez. En razón de ello, el miércoles 17 de febrero el gobernador Juan Manuel Urtubey optó por remover íntegramente la cúpula de responsables por la distribución de tierras para viviendas sociales y designó al frente de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat al ex titular de la Unidad Ejecutora Provincial, Ángel Augusto Sarmiento.
En ese momento no sólo rodó la cabeza de Rodrigo Diez Tizón, quien ejercía el cargo que Barreto abandonó el 10 de septiembre de 2013, sino que también se marginó al coordinador general de Tierras y Bienes Patrimoniales, Sergio Usandivaras. Ni uno ni otro, a pesar de ello, están detenidos. Diez Tizón está imputado por delitos menores a los de los otros cinco acusados -Barreto, Nellessen, Clemente, Martínez y Salazar-. El bueno de Usandivaras, ni siquiera está imputado por los evidentes hechos espurios que ocurrieron durante años bajo sus narices.
Todo es política
Suele escucharse en mitines de organizaciones juveniles que “todo es política”. En este caso, la afirmación se hace extensiva a la Justicia misma. Visto el panorama de la causa, cabe preguntarse: ¿Usandivaras no estaba en conocimiento de lo que sucedía en la Subsecretaría de Tierra y Hábitat a pesar que era el coordinador general de Tierras y Bienes desde el 9 de setiembre de 2009? Y también: ¿Acaso Diez Tizón tiene menos responsabilidades en la entrega irregular de pre-adjudicaciones que Salazar o Clemente?
Los funcionarios de la plana mayor del Gobierno provincial, y el mismísimo gobernador, han impelido públicamente a la Justicia a que haga lo propio con quiénes corresponda. Sin embargo, analizando los comportamientos de la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, y las resoluciones efectivas del Juzgado de Garantías que interviene en la causa, más parece que lo político ha primado por sobre la búsqueda de la verdad.
La fiscal Poma, el 14 de marzo pasado cuando los cuatro capturados ya estaban en manos del estado, solicita al juez Martínez la prisión preventiva de ellos y exime de tal cuestión a los otros dos imputados que aún estaban libres, entre los que se cuenta a Diez Tizón. El magistrado hace lugar al pedido el 18 de marzo. Ya el 29 de marzo, la fiscal Poma pide ampliar la imputación contra cinco de los seis acusados. El agraciado que no entró en el listado de Poma: Rodrigo Diez Tizón.
Las inquietudes no dejan de brotar: ¿Por qué la Justicia o el Gobierno tendrían reparos de imputar a dos ex altos mandos, como Usandivaras y Diez Tizón, si ya se avanzó en acusar a un exfuncionario (Diego Barreto)? Barreto es referente en Salta de una agrupación del núcleo duro del kirchnerismo, que además, está fuertemente identificada con el desarrollo territorial en los barrios. MILES es la fuerza política de Luis D’elia, dirigente originario de La Matanza, el partido más grande de Buenos Aires.
No hay mucho que agregar sobre las relaciones recientes entre el kirchnerismo talibán y el gobernador Urtubey, quien cada vez intenta desmarcarse más de su pasado como fiel ladero de Cristina Fernández de Kirchner. El hilo más delgado de la cúpula era Barreto, el dirigente sin alcurnia y referente de un partido con el que a Urtubey ya no le importa comulgar.
En el plano de los supuestos mediadores, también el hilo se cortó por lo más delgado: un empleado de confianza en Tierra y Hábitat (Nellessen), dos personas del entorno de Barreto (Clemente y Martínez) y un dirigente social referenciado con la lucha y el trabajo por el déficit habitacional (Nelson “Manguera” Salazar). Como la virtud de este artículo es plantear interrogantes y no zanjarlos, concluyamos con uno retórico: ¿La inmunidad de Usandivaras y la protección a Diez Tizón dejan al desnudo que Urtubey es amo y señor de la Justicia salteña?
