Hay consenso para reformar la Carta Orgánica Municipal. Se habla de la figura del viceintendente y limitar la reelección del intendente y concejales. Se escucha menos sobre la necesidad de impulsar los presupuestos participativos que se ejecutan en 60 municipios del país que en conjunto, reúnen el 28% de la población nacional. (R.F.L.)

La necesidad de modificar la carta orgánica municipal no es desconocida por nadie. Con 25 años de existencia y aprobada cuando la ciudad contaba con 300 mil habitantes, todo el activo político plantea la necesidad de reformarla. Todos se han expresado sobre la necesidad de incluir las figuras del Ente Regulador de los Servicios Públicos, el Tribunal Fiscal, incorporación de capítulos referidos a los derechos y deberes de los vecinos, la creación de la figura del viceintendente, modificar la duración del mandato de los concejales y fijar un límite a la posibilidad de reelección del intendente y los concejales.

Temas importantes por cierto pero que restaron espacio a otros que supondrían la abierta posibilidad de incrementar la participación de la ciudadanía en las políticas públicas, como es el caso de los presupuestos participativos. Se sabe que funcionarios municipales mantuvieron varias reuniones con técnicos nacionales expertos en la materia y también que el municipio capitalino quedirige Isase integró a la RAPP: la Red Argentina de Presupuesto Participativo que está integrada por la Secretaria de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior y Transporte, los Municipios que aplican o proyectan aplicar el Proyecto Participativo, la Universidad Nacional de General Sarmiento y organizaciones locales.

Con respecto a los expertos del gobierno nacional con quienes los funcionarios locales compartieron muchas actividades, hay que decir que se trata de referentes del “Socialismo para la Victoria”, la fuerza que a nivel nacional conduce el diputado nacional Jorge Rivas. Uno de ellos era Leo Coronel (miembro del equipo del Programa Nacional de Presupuesto Participativo) y el otro Pablo Ignacio Caruso, quién además de ser el responsable de dicho Programa es también Secretario General de la Red Argentina de Presupuesto Participativo.

Cuarto Poder se comunicó con éste último y al consultarlo sobre la cuestión manifestó que “Desde el año 2003, Argentina vive el proceso de crecimiento económico sostenido más importante de su historia que coincidió con el despliegue de políticas redistributivas del ingreso y la riqueza. Eso ha logrado mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la población que se puede profundizar desplegando mecanismos que favorezcan un nivel intenso, permanente y organizado de compromiso popular con la política. El Presupuesto Participativo constituye uno de esos mecanismos”.

Partiendo de la base de que los presupuestos nacionales, provinciales o municipales suponen proyectar montos de recaudación y los gastos que se ejecutarán para el año siguiente, Caruso asegura que la noción de presupuesto participativo forma parte de un enfoque más amplio: el de la democracia participativa. “La democracia participativa se funda en la idea de que los ciudadanos tienen el derecho de intervenir en la toma de decisiones y no sólo, como es propio de la democracia representativa, en la elección de los decisores políticos. Y en ese marco, el Presupuesto Participativo (PP) es una forma de democracia participativa, consistente en un proceso o mecanismo de intervención popular directa en la definición del destino de recursos públicos”.

El Socialismo para la Victoria, la fuerza a la que pertenece Caruso, maneja la temática desde el año 2007 desde la Secretaria de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno nacional, el Programa Nacional de Presupuesto Participativo. El PNPP coordina también la RAPP: la Red Argentina de Presupuesto Participativo a la que sumó el municipio capitalino.

La modalidad del presupuesto participativo nació a fines de los ochenta en la ciudad de brasileña de Porto Alegre, cuando el Partido de los Trabajadores (PT) que dirigía Lula asumió por primera vez el gobierno de la ciudad (el 1 de enero de 1989). En ese momento logró implementar el PP a contramano de la hegemonía neoliberal entonces en boga, como un modo de democratizar las decisiones de la nueva gestión a la que llamó Gobierno de Administración Popular.

En nuestro país comenzó a desarrollarse tras la crisis del 2001-2002 con las primeras experiencias de Buenos Aires (interrumpida en el año 2006) y de la ciudad de Rosario, donde aún está vigente.

Actualmente son alrededor de 60 municipios distribuidos en 14 provincias los que lo aplican. La suma de la cantidad de población en cada una de las ciudades que lo aplican representa el 28% del total de población de nuestro país. La mayoría de ellas son ciudades grandes y/o capitales de provincia.

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