La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal falló a favor de la reducción de la pena, de 12, a 10 años.
El tribunal consideró que la obra pública no fue el origen de los fondos que fueron objeto del delito, lo que coincide con el criterio en minoría que había expuesto en el juicio oral la jueza María Gabriela López Iñíguez, del Tribunal Oral Federal 4, que atribuyó a la evasión fiscal el “delito precedente” que derivó en el lavado.
Hay que recordar que el hecho delictivo se dio entre 2010 y 2013, durante el mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se le adjudicó una obra pública a la financiera SGI, apodada como “La Rosadita”; y con el accionar del empresario y socio de los Kirchner, Lázaro Báez, lavaron activos por un monto cercano a los 55 millones de dólares.
En el fallo, también se dispuso la absolución de las dos hijas de Báez, Melina y Luciana porque “no tuvieron ninguna intervención en la maniobra principal, y no tuvieron lugar en los negocios de la familia”.
Todos los imputados fueron beneficiados con reducciones de sus condenas, entre ellos, el financista Leonardo Fariña, a tres años y medio; y los dos hijos varones de Báez: Martín, inicialmente condenado a nueve años, pasó a seis y medio; Leandro, de cinco a tres en suspenso.
