n. de r.
El camino que transita Flavia Royón en el senado nacional trajo el amargo recuerdo de Emilio Cantarero, el legislador de igual rango que en 2001 cobró notoriedad nacional por acusaciones de sobornos para votar a favor de la reforma laboral que propuso en ese tiempo el gobierno de Fernando de la Rúa. Veinticinco años después, una denuncia de ambientalistas que resisten el proyecto de “Ley de Glaciares”, acusa de tráfico de influencias a la blonda senadora. La denuncia penal por negociaciones incompatibles y cohecho podría tener raíces en la gestión kirchnerista del siempre sospechado Sergio Massa y podría ampliarse a investigar su crecimiento patrimonial por la compra de una lujosa casa en “Valle Escondido” que la vincula con el gobernador de Catamarca.
Una carrera meteórica y algún desenfado
Nadie puede desconocer la capacidad de la novel legisladora para generar la apariencia de sabiduría en cuanta temática se adentra. Quien parece una experta en minería y energía cuenta con apenas cinco años en estos rubros, pero alcanzó cargos de relevancia como la Secretaría de Energía y Minería local para la que fue designada el 2 de Junio de 2021 mediante Decreto 413/21, en reemplazo del impoluto Ricardo Alonso. Alcanzó la Secretaría de Energía de la Nación el 7 de Agosto de 2022, es decir apenas 14 meses después. Solamente las habilidades políticas de Gustavo Sáenz y el empujón del siempre sospechado Sergio Massa pudieron lograr semejante aterrizaje que culminó apenas 16 meses después, el 15 de diciembre de 2023.
Antes de eso, se desempeñó en el rubro cárnico en el directorio del Frigorífico Bermejo fundado por el bancario Jorge Brito, que también tiene intereses en el sector energético con Genneia S.A. que es su nave insignia en energías renovables y también comprende parques eólicos. Durante la gestión de Royón los del Grupo Macro se beneficiaron con contratos de abastecimiento de energía con garantías de pago estatales y accedieron a incentivos fiscales. Como lo sostuvo Cuarto Poder, José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, con estrecha relación con Sergio Massa, se hicieron del control de Edenor S.A. en 2021 y lograron a principios de 2023 una condonación de 140.000 millones de pesos por intereses punitorios y congelamiento de tarifas. El saldo de 80.000 millones fue financiado en 96 cuotas con tasa de interés subsidiada. Considerando que el dólar oficial cotizaba entonces a $190, les perdonaron 736 millones de dólares, un asalto que nadie quiso investigar, menos ahora que Manzano se arrimó a Javier Milei.
En beneficio de Royón, hasta el menos avezado puede sostener que nunca pudo conocer más que las superficialidades de estos negociados cuyo libreto venía impreso desde el Ministerio de Economía que comandaba Sergio Massa. Lo que no puede negarse es la audacia colaboracionista con de los febriles negocios del tigrense que llegan hasta los casos de la AFA y el “Dólar Blue”, entre muchos más.
Incompatibilidades e intereses “compartibles”
Royón fue designada por un brevísimo tiempo como Secretaría de Minería de Nación cuando ingresó el gobierno libertario, aunque se desconoce el íntimo y preciso motivo por el cual no pudo desempeñar este cargo. Las improvisaciones del primer período de la gestión de Milei y algunos cuestionamientos de ambientalistas que ya hablaban de conflictos de intereses, más desinteligencias de la Casa Rosada con los gobernadores cuando se trató la Ley Bases, explican su salida prematura en febrero de 2024.
Casi de inmediato inició la crónica actividad del lobby con empresas privadas, a la vez que fue designada como Secretaria Ejecutiva de la Mesa del Litio integrada por las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy. Apenas la renunciaron, la empresa Zelandez Holding Limited, que opera en Argentina con Zelandez Services Argentina SRL -compañía tecnológica especializada en servicios para la industria del litio- le dio la bienvenida como directora. ¿Cuál es la explicación para que una “novata” de la minería logre semejante promoción laboral? Los ambientalistas sostienen que utilizó la “chapa” de las provincias para traficar influencias y anticiparon una denuncia penal en su contra.
Rápida de reflejos, Royón sostiene que se desvinculó del grupo neozelandés en diciembre de 2025 cuando asumió como senadora nacional y exigió que presentaran pruebas de la supuesta infamia. Los denunciantes públicos presentaron la copia de un contrato de consultoría que acredita que hasta fin del año pasado existía el vínculo. Lo que no apareció todavía es la documentación que acredite su salida de la empresa antes de ingresar al Congreso de la Nación. Las acusaciones también hablan de evasión de impuestos por pagos recibidos en el exterior y sobre los que prefiere no hablar.
Royón no se abstuvo de votar una ley cuyos intereses parecen reñidos con su cargo, como la vinculada con las reservas de agua en los glaciares del sur del país. Lo mismo pasa con sus vínculos con el grupo Macro y la reforma de la ley de Inocencia Fiscal que votó en diciembre y que fomentó el blanqueo de fondos no declarados para ingresarlos al sistema reduciendo los plazos de prescripción para delitos de evasión tributaria. Las contradicciones sobre la promesa de campaña para defender a la educación universitaria pública son anecdóticas e irrelevantes comparadas con las tramas que hoy se le adjudican y saturan la vidriera de los medios nacionales.
Un crecimiento económico todavía no explicado
Ha llamado la atención el vértigo con que creció el patrimonio de Royón, que a fines de diciembre de 2025 incorporó una nueva residencia en el exclusivo barrio privado “Valle Escondido”, emprendimiento urbanístico que también la vincula con el desaparecido senador Cantarero.
La senadora, que parece seguir los pasos de Manuel Adorni, compró de contado y por $360.000.000 (trescientos sesenta millones), una casa con terreno de 4.000 metros cuadrados a la empresa Los Cardos SRL, que antes la había adquirido en 300.000 dólares estadounidenses, o sea $420.000.000 a valor de cambio. La diferencia de $60.000.000 podría explicarse en una declaración de valor inferior al real que podría implicar otro caso de evasión de impuestos.
Lo que no cierran son los números para explicar que con sus sueldos de funcionaria pública que no superaban los $5.000.000 mensuales (en blanco) cuando el gobierno de Alberto Fernández, o los diez millones actuales en el senado nacional. O la capacidad ahorrativa de Royón es asombrosa, o existen otros ingresos que nunca fueron declarados. Las versiones de algunos medios periodísticos ahora hablan de un buen pasar de la senadora que incluyen viajes al exterior, hospedajes en hoteles vip de Puerto Madero y compras en las tiendas más caras del país y del exterior. Nada de esto está comprobado, aunque el río de chismes sigue trayendo piedras.
La sociedad Los Cardos SRL informa hoy como su domicilio la calle San Martín 383, primer piso, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Esta sociedad estuvo integrada inicialmente por Rubén Ignacio Racchi y Santiago Bourdieu, y denunció domicilio social en calle Adolfo Güemes 36 de la Ciudad de Salta, donde funciona el estudio jurídico “Freytes y asociados” y “García del Río hermanos”. La aparente contradicción empaña más aún la situación que solamente Royón y el gobernador catamarqueño Raúl Jalil pueden explicar. Los Cardos SRL se integró a La Escondida SRL., según información oficial de la vecina Catamarca, y está integrada por Ana Silvia, María Lourdes, Aldo Nicolás y Francisco Javier Salgado Jalil, Marcelo Iber Santiago y Javier Ignacio Jalil, actual cabeza del “Grupo Jalil”, representante de La Escondida SRL y hermano del primer mandatario. El traspaso de titularidad de Los Cardos SRL abrió paso a desarrollar actividades como ejecución, dirección y administración de proyectos y construcciones de obras civiles, de ingeniería y arquitectura, hidráulicas, sanitarias, eléctricas y viales, como también a negocios vinculados con la comercialización de autos eléctricos que el gobierno nacional beneficia a la familia del gobernador que opera comercialmente con concesionarias, una de las cuales tiene base en Salta. ¿Qué más negociaba Royón en la mesa tripartida del litio?
Un futuro más tenebroso
Apenas pasaron cinco meses desde que Royón fue electa y los escándalos que la rodean fueron de menor a mayor. Todo indica que seguirá atornillada al sillón del senado. En el medio de una vorágine parlamentaria donde cada voto vale “un Perú” para el gobierno de Milei, los canjes de votos podrían primar sobre la eventual posibilidad de que se active algún procedimiento para expulsar a la sospechada, en caso de que se comprueben las graves acusaciones de los ambientalistas de tráfico de influencias o coimas.
Todavía falta mucho para desovillar si las incompatibilidades solamente se limitan a su rol como senadora nacional, o si defraudó los intereses de la Provincia cuando como funcionaria intervino en gestiones de corte comercial con los gigantes mineros y empresas vinculadas con el sector energético. ¿Algún fiscal se animará a investigarla? Sin embargo, y paradójicamente, su salida podría generar efectos más nocivos aún. Recientemente se develó de que en caso de que Royón renuncie, o la excluyan del Congreso de la Nación, la suplente que ocuparía el escaño sería la jujeña Alba Quintar. Dios nos libre y nos guarde…
