Los tres poderes provinciales hacen la vista gorda y siguen peor los salteños originarios.
Con artilugios jurídicos, no sin corrupción, le han quitado la tierra a los originarios salteños, tierras que en la mayoría de los casos se las han quedado empresarios porteños, sureños, de otros lugares.
Les talaron o le quemaron el monte y los desalojan con la prepotencia de las armas y el papel.
Le quitaron la tierra, eso fue lo primero, luego, de a poco y otras veces de a más, los van reduciendo, mientras les entregan artículos en la Constitución o en las leyes que los gobiernos no cumplen y, quizás, nunca cumplirán.
Vemos sus protestas, marchas y reclamos, vemos la injusticia, el dolor y la impotencia, pero cerramos los ojos ante el engaño, la burla y la desidia de los funcionarios y fingimos demencia.
No les duele sus muertes, su hambre ni su pobreza.
Duelen los funcionarios que cobran y manejan sus recursos pero no atienden lo que reclaman ni lo que necesitan.
¿Y cuáles son esas necesidades que reclaman y que tanto le niegan?
El agua, piden agua; el acceso al sistema de salud (que los atiendan en los hospitales); el acceso a la educación (tener escuelas donde sus hijos puedan estudiar sin sufrir las burlas de los criollos); el acceso a la seguridad (que la policía tome sus denuncias y no los ignoren); el acceso al trabajo (que respeten sus estudios y no le quiten sus trabajos en el ámbito para el que están capacitados, y no que se los quiten para acomodar a criollos o a sus amigos), como por ejemplo siendo maestro intercultural, cosa que los maestros comunes carecen y varios etcs.
Pero le es cómodo al sistema ejecutivo, legislativo y judicial mantenerse en la negación de esos salteños originarios, les es cómodo y parece que también un negocio.
Ya va siendo tiempo que se dé vuelta la página y que se defina una política para estos salteños, no una de dádivas sino una real, una que los deje de tener como parias y que valore su riqueza cultural y humana.
