En medio de la escalada del precio de la nafta y la presión inflacionaria, el Gobierno nacional decidió postergar el aumento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del tributo al CO₂ que estaba previsto para abril. Según confirmaron fuentes oficiales, la medida busca “proteger al consumidor” frente al impacto del encarecimiento del petróleo a nivel internacional y las recientes subas en surtidores, que ya rondan el 15% en el último mes. La actualización de estos impuestos, que se ajustan por inflación de manera trimestral, volvió a quedar en pausa como parte de una estrategia para contener los precios.
La suspensión del ICL no es un hecho aislado: en los últimos años, el Gobierno recurrió de forma recurrente a diferir estos incrementos para evitar trasladar mayores costos al consumidor final. Este mecanismo implicó una fuerte resignación de ingresos fiscales, estimada en más de USD 2.300 millones según consultoras privadas. Actualmente, los impuestos representan más de un tercio del precio de la nafta, con el ICL explicando cerca del 15,8% del valor total, lo que lo convierte en un factor clave en la formación del precio en surtidor.
En paralelo, la Secretaría de Energía avanzó con una medida técnica para amortiguar futuras subas: autorizó a las refinadoras a incrementar de manera voluntaria el porcentaje de bioetanol en las naftas hasta un 15%. Para ello, elevó el límite de oxígeno permitido en la mezcla, lo que habilita una mayor sustitución de componentes fósiles por biocombustibles. La decisión apunta a dar mayor flexibilidad a las empresas, reducir costos y moderar el impacto de la volatilidad internacional del petróleo, en un contexto donde los combustibles aumentaron más de 60% interanual y siguen presionando sobre la economía cotidiana.
