El Foro de Periodismo Argentino presentó un informe ante la Relatoría Especial de la ONU alertando sobre el récord histórico de agresiones al periodismo. En Salta y la región, la avanzada oficial se suma a la constante presión y el avance de los “desiertos de noticias”.
LEONA DEL MONTE
En un hecho sin precedentes para la libertad de prensa en la Argentina, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) formalizó una denuncia ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, encabezada por Leopoldo Maldonado Gutiérrez. La presentación solicita la urgente intervención del organismo internacional ante el severo deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en el país.
El informe presentado ante la ONU revela cifras alarmantes registradas por el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA. Las agresiones a la prensa pasaron de 116 casos en 2023 a 179 en 2024, alcanzando los 278 hechos en 2025. En lo que va de 2026, la cifra no solo volvió a superar todos los récords históricos, sino que muestra un rasgo inédito: más del 60% de los ataques proviene directamente del presidente Javier Milei, con menciones explícitas, descalificaciones directas e incitaciones a la violencia hacia periodistas con nombre y apellido.
El impacto en el Interior y la realidad salteña
Para la provincia de Salta y el Norte Grande, este escenario de hostilidad nacional no se da de manera aislada, sino que agrava condicionantes estructurales que el periodismo local padece desde hace años.
Uno de los puntos clave expuestos en la denuncia de FOPEA es la progresiva desaparición de medios locales en el interior del país. En Salta, el ahogamiento económico y la pauta oficial discrecional han provocado el cierre de medios comunitarios y radios de municipios alejados, dejando a vastas zonas rurales e indígenas sin cobertura periodística independiente.
La derogación del Estatuto del Periodista Profesional impacta de lleno en los trabajadores de prensa salteños, una comunidad donde la informalidad, los salarios por debajo de la canasta básica y la falta de protección gremial ya eran una constante. La pérdida del marco legal de protección deja a los cronistas locales expuestos a represalias laborales ante cualquier investigación de impacto político.
El informe de FOPEA advierte que la estigmatización desde la cima del Poder Ejecutivo legitima la persecución a nivel provincial y municipal. En la provincia, el hostigamiento a través de redes sociales, el armado de fake news y la intimidación judicial o administrativa por parte de intendentes y funcionarios hacia periodistas críticos hallan un amparo en el clima nacional de intolerancia.
Al igual que lo ocurrido en la Casa Rosada con el cierre temporal de la sala de prensa y los cambios en la Ley de Acceso a la Información Pública, en diversos municipios salteños los trabajadores de prensa enfrentan trabas sistemáticas para acceder a datos públicos sobre presupuestos, licitaciones y actos de gobierno.
Un pedido de intervención internacional
FOPEA solicitó a la ONU que remita una comunicación oficial al Estado argentino recordando sus obligaciones bajo el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que exige a los funcionarios públicos abstenerse de discursos estigmatizantes que pongan en riesgo la integridad de los periodistas. Asimismo, se pidió una visita oficial al país y la coordinación de acciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas, sino una garantía del derecho de toda la sociedad a estar informada”, remarca el documento de FOPEA, instando a los legisladores, dirigentes y sociedades de todas las provincias a condenar la violencia verbal y física contra la prensa.
