Funcionarias de la Oficina de Violencia Familiar (OVIF) del Poder Judicial de Salta no escuchan las críticas ante el funcionamiento de la misma, y viajaron a Cancún a exponer un trabajo en el I Congreso Internacional de Trabajo Social.
Algunas de las críticas que se vienen realizando contra la OVIF es que por ejemplo “tiene el 70% de sus trabajadores precarizados, cuando muchos deberían tener una dedicación exclusiva”, reclamaba la senadora del PO Gabriela Cerrano. Quien también aseguró que solamente la oficina de Salta Capital trabaja las 24 horas, mientras que las del interior trabajan hasta las 19 horas, cuando la mayoría de los maltratos ocurren durante la noche.
En el mismo sentido el año pasado la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco al recorrer las dependencias de la Oficina de Violencia Familiar, criticó al organismo por no atender las 24 horas.
Highton de Nolasco señaló que estas oficinas “deben tener un horario de atención de 24 horas y no convertirse en espacios u oficinas administrativas ya que el 60% de los casos llegan en horarios nocturnos”.
Además, la jueza de la Corte Suprema se refirió al funcionamiento de las oficinas de violencia domestica de todo el país y advirtió que “en Salta se retrocedió en la pelea contra esta problemática”. La Magistrada señaló la necesidad de poseer estos espacios para la realización de denuncias ya que considera que “la dependencia policial no es el organismo apropiado para albergar estos reclamos”.
Pese a eso en setiembre pasado funcionarias del Poder Judicial de Salta expusieron un trabajo en el I Congreso Internacional de Trabajo Social “Actualidades y desafío del trabajo social institucional”, que se realizó en Cancún, Quintana Roo, México.
La ponencia, según informó prensa judicial “El trabajo social en violencia familiar, una mirada institucional e interdisciplinaria” fue elaborada por las profesionales salteñas Cintia Emilce Medina, Leticia Henández, María Josefina Paratz y María Esther Ballatore Remis. Fue presentada por sus autoras en el panel sobre “Actualidades de desafíos del Trabajo Social contemporáneo”, que estuvo integrado además por Jonathan Osorio Pineda de Colombia (médico y trabajador social) y Jimmy Humpiri Núñez de Perú.
En las conclusiones de dicho trabajo expuesto por las funcionarias salteñas que viajaron se puede leer la aceptación de algunas falencias que posee la OVIF: «se observa cierto desgaste de recurso humano a nivel organizacional de los distintos poderes del estado, así por ejemplo distintos trabajadores sociales (y/u otros profesionales: psicólogos, abogados) de diferentes Instituciones intervienen en un mismo caso y lo abordan de manera similar, atendiendo a la situación inicial, respondiendo sólo a la contingencia, sin continuar en el proceso de ayuda ni fortalecer verdaderamente las redes sociales primarias, secundarias y terciarias, sin que exista una coordinación institucional a nivel superior que regule las superposiciones profesionales y las lagunas funcionales, en razón de esto se propone la elaboración de un protocolo colectivo que articule verdaderamente a las Instituciones pertinentes entre sí y de esta manera evite el colapso del sistema en las distintas dependencias y organizaciones de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), en relación a la emergencia de violencia familiar, así como también a los fines de poder brindar una mejor respuesta, un acceso real a justicia de todas las víctimas de violencia familiar y un compromiso eficaz a nivel social en la materia que nos compete.»
