El portón que cortaba el paso a la comunidad diaguita de Las Pailas por tierras que reclaman propias se removerá luego de que la comunidad rechazara el ofrecimiento del patrón de estancia que prometía “mantener el portón abierto” (sic). El estado provincial defendió el portón con dos días de represión en Cachi.
La resolución surgió luego de una extensa audiencia conciliatoria en donde la representante legal de la comunidad Las Pailas rechazó el ofrecimiento presentado por el titular registral de la finca. La propuesta fue realizada por el abogado del titular registral de la finca San Miguel -Alberto Robles, representado en la audiencia por su hija Eleonora- que se había comprometido a mantener abierto el acceso de manera permanente. Además de ello, también había prometido, casi a modo de soborno, la donación de media hectárea al lado de la escuela de la comunidad con la condición de que se traslade la biblioteca, la donación de 500 libros. La representante legal de la comunidad rechazo el burdo ofrecimiento por lo que el Juez resolvió ordenar en el plazo de dos días la remoción del portón que podría cortar el paso a las familias de esa comunidad. La audiencia se había realizado en el Juzgado de Garantías de Primera Nominación a cargo de Héctor Martínez, para resolver la problemática relacionada con la comunidad diaguita de Las Pailas, que se agudizó por la colocación del portón en el camino que cortaba el paso a las familias de esa comunidad.
Como se recordará, durante el domingo y el jueves la policía reprimió a los miembros de la comunidad que se oponían a la instalación del portón. Durante los hechos de violencia protagonizado s por la policía fueron detenidos 6 integrantes de la comunidad a los que acusaron de lesiones, desobediencia judicial, resistencia y daños. Un menor de edad estaba en la misma condición. La fiscal Gabriela González había declarado a la prensa oportunamente que su intervención sobrevino porque existía la orden del juez Esteban Fernández de detener “a todo miembro de la comunidad que entorpezca el trabajo a realizar por los propietarios de ese terreno”. La decisión del juez fue ante el pedido del titular registral de las tierras que ayer finalmente puso una tranquera. González reconoció que existió una situación “lamentable” por la represión y ante la persistencia del conflicto en el lugar, es que ha solicitado que el juez Martínez convoque a una audiencia entre las partes, además de referentes de organismos nacionales y provinciales. Ello a fin de arribar a un acuerdo “aunque sea transitorio”, para solucionar la situación de “manera pacífica”. Eso fue lo que finalmente ocurrió el día de ayer con la resolución que ordenó remover el portón.
Los organismos oficiales de la provincia y de la nación que participaron de la audiencia coincidieron en que retrotraer la situación al estado anterior de la agudización del conflicto. Entre los funcionarios que así se manifestaron se encontraban el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Martín García Caínzo; el Director General de Pueblos Originarios del Ministerio de Derechos Humanos, Agustín Fernández; la representante de la Dirección de Asuntos Indígenas dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ángela Jaramillo; el Delegado de Derechos Humanos de la Nación, Martín Ávila; y el representante del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, Ramiro Fresneda, quienes coincidieron en la necesidad de esperar el relevamiento y retrotraerse a un estado anterior al 20 de enero de 2014, alegando que el interés particular no puede estar sobre el interés general y solicitando la aplicación de la ley 26160 que regula la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Participaron también de la audiencia el Delegado de Derechos Humanos de la Nación, Gastón Casabela, el Delegado de la INADI, Nicolas Hirtz, La Sub Secretaria de Formación y Promoción del Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, Rosario Gareca, El representante de la Sub Secretaría de Pueblos Originarios, Rubén Góngora y el representante de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Ariel Sánchez.
