Mientras los vecinos cuentan los picaportes que les faltan y las empresas de servicios siguen reponiendo cables robados, en la Legislatura apareció una voz decidida a ponerle freno… pero al proyecto de control. La intervención del diputado Eduardo Virgili reabrió una vieja pregunta que en Salta vuelve una y otra vez: ¿quién defiende realmente los intereses del negocio chatarrero?
José Veronelli
Durante semanas, los vecinos del macrocentro salteño repitieron la misma escena. Puertas antiguas sin picaportes de bronce. Portones despojados de herrajes históricos. Rejas violentadas para arrancar cualquier pieza metálica que pudiera transformarse en dinero rápido. La zona de Plaza Alvarado fue uno de los puntos más castigados, aunque el fenómeno hace tiempo dejó de pertenecer a un barrio para convertirse en una postal cotidiana de toda la ciudad.
No son hechos aislados. El robo de cobre, aluminio, hierro y bronce se convirtió en una economía paralela que ya no afecta únicamente a particulares. También golpea a empresas de servicios públicos, infraestructura urbana y sectores productivos. Cada metro de cable de alta tensión contiene alrededor de 300 gramos de cobre. Una vez quemado para retirar el revestimiento plástico, ese metal puede venderse en el circuito informal por valores que oscilan entre los 8 mil y los 26 mil pesos por kilo.
Pero quienes roban rara vez se quedan con la parte grande del negocio. Quienes saben de seguridad energética coinciden en que el ladrón apenas recibe una fracción del valor. La rentabilidad aparece más arriba, en la cadena de acopio, clasificación y comercialización. Es allí donde comienza el verdadero negocio. Y también donde aparece, desde hace años, un nombre que Cuarto Poder viene investigando: Metalnor.
La ley que apunta al corazón del circuito
Frente al crecimiento del fenómeno, diputados oficialistas impulsaron un proyecto para regular la compra, venta y acopio de metales no ferrosos mediante la creación de un Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores.
La lógica resulta bastante elemental. Si cada operación queda registrada, si cada vendedor debe identificarse y cada carga tiene un origen documentado, el mercado ilegal pierde anonimato. Es el mismo criterio que ya aplican provincias como Mendoza, San Juan, Santa Fe o Río Negro.
La iniciativa además se complementa con la legislación nacional. El Código Aduanero sanciona con penas de entre dos y ocho años las maniobras de contrabando de metales estratégicos mediante ocultamiento, adulteración documental o evasión de controles.
Durante el debate, el diputado Jorge Restom resumió el núcleo del problema sin demasiados rodeos. Habló de los “chatarreros VIP” y lanzó una definición que sintetiza el espíritu del proyecto: “El comerciante que vende le compra al ladrón. Acá hay que controlar al que le compra al ladrón y eso se hace con trazabilidad”. La discusión parecía encaminada. Hasta que tomó la palabra el olmedista Eduardo Virgili.
Controlar es el problema
Virgili comenzó relativizando el diagnóstico. “Si esto se trataba de la principal problemática, quiero entender que es por el tema de los robos de cable”, dijo antes de agregar: “Ustedes no se imaginan el universo enorme que hay fuera de los metales no ferrosos”.
El argumento resulta llamativo porque la ley nunca pretendió regular “todo el universo” del reciclado. Su objeto es mucho más específico: el segmento donde hoy confluyen los robos sistemáticos y la comercialización clandestina.
Después llegó la objeción técnica. Virgili sostuvo que la trazabilidad sería prácticamente imposible porque las chatarrerías compactan y funden toneladas de material. “Imagínense hoy en Salta una chatarrería que tiene cientos de kilos de metales”, expresó.
Sin embargo, el proyecto nunca propone seguir el recorrido del metal fundido. Lo que exige es bastante más sencillo: registrar quién vende, cuánto vende y en qué condiciones ingresa el material. La trazabilidad comienza antes del horno. Comienza con una planilla, una factura y un nombre.
Más adelante cuestionó que el texto no enumere específicamente cada metal alcanzado por la regulación. Paradójicamente, esa amplitud constituye uno de los puntos fuertes de la iniciativa, porque evita que el mercado ilegal simplemente migre hacia otro material no contemplado.
Finalmente calificó al registro como una “burocracia innecesaria” y advirtió: “No me parece que tenga una situación como para permitir que esto pase” y “Ojalá esto no termine haciendo el daño que yo creo que va a terminar haciendo”.
Horas después reforzó esa posición en redes sociales con un mensaje todavía más explícito: “La sobre regulación de las actividades en Salta esta vez perjudica a los comerciantes”.
La pregunta inevitable apareció sola. ¿Qué comerciantes exactamente?
Los fantasmas de Metalnor y la vieja política
Para quienes vienen siguiendo el expediente Metalnor, la intervención de Virgili no pasó inadvertida.
En noviembre de 2025, Cuarto Poder publicó una investigación basada en testimonios de fuentes internas de la empresa que describieron un mecanismo sistemático para ocultar cobre debajo de cargamentos de acero con destino a Bolivia y Paraguay.
“Se iban tapados. Abajo iba el cobre y arriba el acero”, relató uno de los operarios consultados. Otro confirmó que el procedimiento era habitual y que incluso se escondían partidas de bronce. Cada camión podía transportar hasta doce toneladas de cobre oculto, multiplicando ganancias que se contaban en millones de pesos y luego en dólares al cruzar la frontera.
Las propias fuentes sostuvieron que las órdenes provenían de los niveles superiores de la empresa y que la práctica continuó incluso después de los despidos que sacudieron a la firma.
No era el primer antecedente. Durante la gestión municipal de Bettina Romero, Metalnor también quedó en el centro de la polémica cuando la Municipalidad dejó de realizar remates públicos de vehículos en desuso para derivar directamente la chatarra a la empresa. Motos valuadas anteriormente en quince mil pesos terminaron liquidadas por apenas cuatrocientos. Camionetas por seis mil. Una transferencia de valor difícil de explicar y mucho más difícil de justificar.
Años antes, vecinos de barrio El Parque ya habían denunciado que la empresa convertía los operativos de descacharrado en un negocio privado mientras dejaba residuos que generaban focos infecciosos.
Detrás de Metalnor aparecen desde hace años los hermanos Yovi y una trama de relaciones empresariales vinculadas históricamente al romerato, el entramado político y económico construido alrededor de la familia Romero.
Del otro lado del tablero aparece Virgili. Hoy preside La Libertad Avanza en Salta, aunque su origen político está en Ahora Patria, el espacio fundado por Alfredo Olmedo. Romero y Olmedo compartieron durante años alianzas, estrategias y negocios. Ese mapa político explica por qué la intervención del diputado generó tantas lecturas.
Nadie puede afirmar que Virgili represente formalmente a Metalnor. Pero tampoco pasó desapercibido que, cuando la Legislatura discutía cómo cerrar el circuito del metal robado, el principal esfuerzo argumental del presidente libertario estuvo dirigido a cuestionar los controles antes que a perseguir el negocio.
Mientras tanto, los vecinos siguen cambiando picaportes. EDESA continúa reemplazando cables. Los ladrones siguen encontrando compradores. Y las chatarrerías permanecen en el centro de un circuito donde, demasiadas veces, la verdadera ganancia no está en quien roba, sino en quien compra.
