Un control vehicular en la Patagonia destapó un posible entramado de contrabando de cobre con eje en Salta. La protagonista: Metalnor, una empresa con oscuros antecedentes, vínculos políticos con la familia de Juan Romero y una historia de denuncias silenciadas. Tras el negocio de la chatarra, un millonario sistema de exportación ilegal de metales no ferrosos que compromete la seguridad, el ambiente y la economía nacional.
En la frialdad de un control de rutina sobre la Ruta Nacional Nº 3, en el corazón de la Patagonia, la casualidad pareciera haber hecho su jugada maestra. Un camión que transportaba supuesta chatarra mecánica fue detenido por personal de Gendarmería Nacional. Hasta aquí, nada fuera de lo común. Pero al solicitar la documentación correspondiente, los agentes descubrieron que la carga real distaba mucho de la declarada: cobre, uno de los metales más codiciados y restringidos para su exportación, viajaba camuflado entre hierros en desuso. La firma que trasladaba la carga: Metalnor, una empresa salteña que, en vez de quedar en el anonimato, saltó al centro de una investigación nacional.
Metalnor, una firma dedicada al acopio, compactación y comercialización de materiales ferrosos y no ferrosos, tiene un largo prontuario de denuncias ambientales, sospechas de negocios turbios y una historia de silencios cómplices. Fundada en Salta, podría ser hoy un actor clave en un negocio que genera ganancias millonarias: el contrabando de cobre, prohibido por decreto presidencial y perseguido por el Código Aduanero.
Una operación burda pero efectiva
La mecánica del delito es rudimentaria, aunque altamente eficaz: se declara el transporte de “chatarra” en remitos adulterados o falsos, mientras en realidad se trasladan toneladas de cobre que luego ingresan a circuitos internacionales de comercialización. Así, lo que debería estar al servicio de la industria siderúrgica nacional, termina alimentando mercados extranjeros. El Decreto 70/2023, que prohíbe taxativamente la exportación de cobre y otros materiales considerados estratégicos, junto a los artículos 985, 987 y 872 del Código Aduanero, son letra muerta frente a la abierta impunidad con la que operan estas tramas.
Normalmente, los operativos de intercepción de este tipo de maniobras se concentran en zonas calientes como Posadas, Paso de los Libres, Clorinda o Salvador Mazza. Sin embargo, el hallazgo en la Patagonia sugiere una expansión del circuito de tráfico, y una creciente organización nacional para el contrabando de cobre. Que Metalnor, empresa salteña, aparezca en el epicentro de este episodio en el sur argentino, lejos de ser una anomalía, parece ser la confirmación de una red aceitada y en plena actividad.
Negocios, chatarra y poder
Detrás de Metalnor se encuentran los hermanos Yovi, empresarios que desde hace años mantienen vínculos estrechos con el llamado “romerato”: el universo político, económico y mediático que gira en torno a la familia de Juan Romero, dinastía que marcó el pulso del poder y los negocios durante las últimas décadas en Salta. Durante la gestión de Bettina Romero como intendenta de la capital provincial, Metalnor experimentó una notable expansión.
Uno de los episodios más elocuentes fue la decisión del municipio de suspender los remates de bienes en desuso para entregarle directamente el negocio de la chatarra a Metalnor. Lo que antes significaba ingresos de $15.000 por una moto subastada, pasó a ser liquidado por apenas $400. Autos por $4.000 y camionetas por $6.000. Una diferencia sideral que benefició de manera directa a la empresa, sin explicaciones claras desde el Ejecutivo municipal.
A esto se suman otras denuncias. En 2016, vecinos de barrio El Parque y zonas aledañas acusaron a la empresa de convertir el “descacharrado” en un negocio privado, acopiando metales del operativo del Ejército y dejando en el lugar residuos no reciclables que provocaban focos de infección. Las denuncias, si bien contundentes, se diluyeron en el tiempo, favorecidas por el silencio institucional y la cobertura política.
Una fundidora en el ojo de la tormenta
En Cerrillos, Metalnor avanzó con un proyecto de fundición que desató una ola de protestas. En 2020, Agustín Hoyos, un productor que vivió más de seis décadas en sus tierras, denunció que fue despojado de 8 de sus 22 hectáreas mediante maniobras judiciales que favorecieron a la empresa. La promesa de “1.000 puestos de trabajo” no alcanzó para acallar el temor de los vecinos a una catástrofe ambiental. Las organizaciones vecinales y ambientalistas lograron frenar, al menos temporalmente, el avance del emprendimiento.
Contrabando con epicentro salteño
Lejos de tratarse de un hecho aislado, el caso Metalnor es apenas una pieza de un rompecabezas mayor. En abril de 2023, en la Ruta Nacional Nº 16, gendarmes del Escuadrón 1 “Roque Sáenz Peña” interceptaron un transporte que llevaba 10.000 kilos de cobre ocultos entre 18.000 kilos de chatarra. La documentación presentada no coincidía con la carga, y el vehículo fue secuestrado junto con el material.
En junio de ese mismo año, un cargamento valuado en más de 6 millones de pesos fue incautado en Aguaray, Salta. Se trataba de caños de cobre ingresados irregularmente desde Bolivia. El conductor del vehículo presentó un remito plagado de inconsistencias. Dentro del vehículo, agentes de Aduana y AFIP hallaron 70 rollos de cobre de distintos grosores, comúnmente utilizados para refrigeración industrial.
En agosto de 2024, un megaoperativo culminó con 13 allanamientos en Salta, Tucumán y Jujuy, ordenados por el Ministerio Público Fiscal salteño. Se secuestraron grandes volúmenes de cobre, hierro y bronce, además de camiones, acoplados y una suma millonaria en divisas. Siete personas quedaron supeditadas a la causa.
Estado ausente y una industria en jaque
El contrabando de cobre y metales no ferrosos no es un delito menor. Además del evidente perjuicio fiscal y del debilitamiento de la industria nacional, se trata de un circuito que muchas veces involucra trata laboral, corrupción aduanera y deterioro ambiental. El costo de esta inacción no solo lo paga el erario: lo sufre también la población afectada por emprendimientos industriales opacos, y la reputación institucional de una provincia que pareciera estar atada a los hilos de sus propias familias de poder.
El caso Metalnor desnuda una trama que ya no puede seguir oculta tras la fachada de la chatarra. Si no se investigan los nexos entre el poder político y estos negociados multimillonarios, el cobre seguirá escapando por la frontera, mientras el silencio político se convierte en el metal más pesado de todos.
