La cruzada contra “la casta” acaba de sumar un capítulo pedagógico: cómo pasar del discurso antiestado al intento de contratar al abogado propio con fondos públicos sin despeinarse. La diputada libertaria Lilia Lemoine, siempre dispuesta a convertir X en un reality de sincericidios políticos, confesó que quiso darle un contrato estatal a su abogado Hernán Seivane porque, según explicó, el hombre llevaba “dos años laburando por la patria”. La patria, al parecer, ahora también paga honorarios.
El problema no fue una cámara oculta ni una filtración de pasillo. Fue ella misma contando, con la naturalidad de quien recomienda una serie en streaming, que había intentado incorporar al letrado a su despacho. En cualquier otro gobierno, el oficialismo habría salido a denunciar privilegios, acomodos y ñoquis. Pero en la Argentina libertaria la motosierra parece tener sensor selectivo: vibra fuerte contra jubilados y universidades, pero entra en modo ahorro de batería cuando el beneficiado pertenece al círculo íntimo.
Para bajar el incendio, el abogado explicó que ya cobra $800 mil como asesor legislativo y que además ayuda a mejorar la “baja productividad” parlamentaria de la diputada. Un detalle encantador: el gobierno que prometía terminar con los parásitos estatales terminó descubriendo que hasta la revolución libertaria necesita abogados, asesores y contratos. La diferencia es que antes lo llamaban “casta”; ahora, simplemente, “laburar por la patria”.
