Si bien desde 2001 existe un Registro de Deudores Alimentarios en la provincia, no tiene ninguna consecuencia para el padre o madre que incumple con su responsabilidad. El proyecto pasó en revisión a la Cámara de Senadores.
Si la Cámara de Senadores convierte en ley el Proyecto para que deudores alimentarios morosos no puedan ocupar cargos jerárquicos en ninguno de los tres poderes del Estado provincial, finalmente el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos” tendrá una utilidad.
En la sesión del martes 18 de octubre, los diputados salteños finalmente dieron media sanción a la iniciativa de la legisladora Mónica Juárez, que establece que no podrá ser designado en ningún cargo jerárquico del Estado quien se encuentre incluido en el Registro de Deudores Alimentarios de la Provincia de Salta (ley 7411). Asimismo, establece que en el caso de los empleados de planta permanente de los organismos a los que se refiere la norma, su designación estará condicionada a que en un plazo máximo de (30) días hábiles regularice la situación por la que se lo incluyó en el registro. Si no cumpliere en el plazo mencionado, su designación quedará sin efecto; no pueden ser designadas como miembro del Consejo de la Magistratura; no pueden ser postulantes en concursos realizados por el Consejo de la Magistratura, unidad de Concursos del Poder Judicial o por el Ministerio Público.
“Esta iniciativa busca aplicar una sanción a quienes no cumplen con sus deberes en las cuotas alimentarias para que no puedan acceder a cargos jerárquicos en los tres poderes del Estado”, explicó Juárez tras la aprobación del proyecto por unanimidad.
En 2001, la Legislatura sancionó la ley 7.151 por la que se creó en la provincia de Salta, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La inscripción o baja se realiza mediante orden judicial y se puede consultar en la web del Poder Judicial de Salta, pero hasta el momento sólo tiene un rol informativo ya que no limita al deudor alimentario en nada.
“Celebro este proyecto que viene a reparar una deuda histórica, que, si bien la provincia contaba con un registro, no había una sanción concreta y efectiva y este proyecto va a permitir una consecuencia y una instancia para reparar esta situación que muchas madres sufren en la provincia”, precisó la diputada Jorgelina Juárez.
