Según fotografías del sistema interno de precios testigo de la Provincia a las que tuvo acceso Cuarto Poder, además de testimonios extraoficiales de trabajadores de Grand Bourg, el segundo semestre del año pasado el Gobierno estuvo sobrefacturando obras públicas inflando el precio del cemento. Alfio Bustos
No hay descubrimiento alguno en la observación de que es la obra pública aquel concepto de la contabilidad gubernamental que mueve los mayores flujos. Se sabe, además, que por los modos de contratación, la obra pública es siempre terreno fértil para el ejercicio de la corrupción. Incorporar sobreprecios es una práctica extendida y difícil de chequear si no se accede a documentos y se cuenta con el tiempo para hacer una investigación minuciosa. A la de por sí engorrosa tarea habría que adosarle la revisión de las reasignaciones de precios, una manera que emplea el estado para compensar la tendencia inflacionaria en los pagos a las contratistas. Como sea, obra a obra, legajo a legajo, actualización a actualización, se estaría frente a una tarea que excede las posibilidades que ofrece una edición semanal de un medio de capitales modestos.
Imposibilitados de afrontar una pesquisa de ese tipo, vamos a introducir otra forma de detectar sobreprecios en las obras públicas provinciales: el análisis de los precios de insumos. La Provincia establece listados cada determinado tiempo, sobre la base de los cuales se realizan las contrataciones. Con esos listados, los supervisores estiman, en los papeles, si las obras están correctamente presupuestadas. Se lo conoce como “sistema de precios testigo”.
Cuarto Poder tuvo acceso a determinados precios en los que se constató que durante al menos toda la mitad del año pasado se estuvo pagando el doble por el cemento —insumo de prácticamente toda obra pública—, conclusión que se desprende del análisis del costo testigo de una losa maciza. Los listados de precios son de acceso público a través de internet y también están cargados en una base de datos de uso interno para los administrativos de Grand Bourg, se supone que tienen que reflejar exactamente los mismos valores.
Prevenidos de las manipulaciones a los documentos digitales a las que estila el Gobierno de la Provincia, se accedió a fotografías de las pantallas en las que se observan las planillas con los precios testigos y los respectivos períodos a los que corresponden. Los archivos digitales y el propio sistema interno, según se pudo comprobar, ya han sido adulterados nuevamente y puestos en orden con la lógica ascendente de precios (lo que no quiere decir, necesariamente, que sean acordes a los valores reales de mercado). Para resguardo de la verdad, este semanario cuenta con fotografías de las mismas planillas antes de ser corregidas, adonde hay constancia de que en diciembre se facturaba el cemento al doble de precio, y que en enero se lo corrigió, llevando el precio testigo a un valor más coherente con la realidad del mercado.
Dentro del sistema de precios testigos existe un ítem denominado “Losas macizas H°A°”, que, según las planillas que se utilizaron en Grand Bourg en la segunda mitad del año pasado, tenía una valor total de $6.854,32. En diciembre del año pasado, dentro de ese ítem, el valor del cemento que se tomaba era $6,88 por kilogramo. En enero de este año, sin que hubiera disminución de precios ni deflación, el costo del ítem disminuyó a $6.038,08, con un valor del cemento tomado en $3,36 por kilo. Lo pasemos a los valores de mercado que suelen frecuentarse en las ventas al por menor: la bolsa de 50 kgs. de cemento, hasta diciembre pasado se pagó 344 pesos; en enero, inflación mediante, la bolsa se abonó a 168 pesos, menos de la mitad.
¿Doloso o culposo?
Indudablemente el segundo monto está más acorde a la realidad de los valores de mercado, por lo tanto, las obras que se aprobaron con ese listado de precios testigos fueron tasadas con un evidente aumento a los montos que en realidad se necesitaban. Este medio se contactó con trabajadores de la administración pública provincial, quienes confirmaron que desde hacía por lo menos seis meses que se trabajaba con ese costo inflado del cemento portland. El misterioso ajuste registrado en enero, tras por lo menos seis meses de una sobrefacturación en un insumo clave, no pasó desapercibido.
El ajuste realizado este año, transcurridos algunos meses desde quizá el cambio más significativo en el Gabinete de Urtubey desde que es gobernador, a fines de 2017, dejó en evidencia un sobrante de dinero que se estuvo facturando, por error o por plan, durante los últimos meses que Carlos Parodi y Juan Pablo Rodríguez estuvieron al frente de los ministerios preponderantes. No obstante, en el área directamente implicada no hubo modificaciones: en aquel entonces y ahora continúa el mismo titular, Baltasar Saravia, en el ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda.
Durante el año pasado, la obra pública tuvo un importante impulso ya que los influjos económicos que vinieron a través de la toma de deuda sirvieron para promover el Plan Bicentenario de la Independencia. Se sancionó por ley provincial 7931, en la que se dispuso que el 80% de los 350 mil dólares obtenidos a una tasa de devolución mayor al 9% anual fueran gestionados por la Provincia. El 20% restante para comisiones departamentales en las que participarían diputados e intendentes de cada municipio. En todos los casos, el empréstito debía utilizarse para “el financiamiento de obras públicas, adquisiciones de bienes preexistentes, maquinarias y equipos”.
Las obras del millonario plan que se ejecutaron en el período aquí tomado, entre otras, se facturaron con el valor del cemento inflado. Con intención o sin ella, los innumerables sobreprecios que se liquidaron el año pasado no fueron reconocidos por el Gobierno, que de haber cometido un error, se supone, se habría adelantado a aclararlo y compensarlo pecuniariamente. Porque, tal como se han dado las cosas, no se sabe quién se llevó el dinero. Rogamos que esta publicación no suscite nerviosismos que acaben en bolsos en un convento o la confesión bajo figura de arrepentimiento sobre cuentas en paraísos fiscales.
Estimaciones
Tomemos dimensión de la sobrefacturación que se habría estado realizando durante por lo menos seis meses, en el segundo semestre de 2017. En aquel momento una bolsa de cemento, promediemos, se situaba en 150 pesos. La pavimentación de una cuadra normal, de cien metros de longitud y cinco de estrechez, insume alrededor de mil bolsas de cemento de cincuenta kilos.
Sólo considerando que se hubiesen pavimentado cien cuadras en toda la provincia, se estaría hablando de un faltante millonario que ascendería a poco más de 19 millones de pesos (19,4 para ser precisos). Al precio minorista de mercado, que habíamos situado en 150 pesos por bolsa, esa cantidad de cuadras habrían costado 15 millones, con la sobrefacturación del sistema de precios testigo se habría gastado 34,4 millones.
